El concepto de responsabilidad profesional se ha instalado ya hace tiempo como parte del c\u00famulo de deberes que pesan sobre el profesional del derecho.<\/p>\n\n\n\n
Se vinculan ello con las especiales situaciones que nos circundan y, en especial, el dinamismo que exhibe la sociedad en este primer siglo del tercer milenio, la incre\u00edble expansi\u00f3n de la comunicaci\u00f3n global y el crecimiento sorprendente de la tecnolog\u00eda, que se conjugan y entremezclan, parad\u00f3jicamente, con fen\u00f3menos generales caracterizados por inestabilidad econ\u00f3mica y gran conflictividad social.<\/p>\n\n\n\n
Ello crea un contexto particularizado por la existencia de vastos sectores de la poblaci\u00f3n en extremas condiciones de vulnerabilidad, afectados de modo dram\u00e1tico por la pobreza, la desocupaci\u00f3n y la desesperanza.<\/p>\n\n\n\n
En esta particular situaci\u00f3n, debiera pensarse en lo indispensable de la gesti\u00f3n del abogado, en su rol de pacificador social; pero tal vez debi\u00e9ramos hablar de un ejercicio distinto de la profesi\u00f3n, impregnado de compromiso social y de responsabilidad comunitaria.<\/p>\n\n\n\n
No decimos que la abogac\u00eda debe dejar de ser una profesi\u00f3n liberal, pero s\u00ed que debe abandonarse el concepto de su ejercicio individualista, centrado de modo exclusivo en la defensa de su cliente y del lucro que ello implica, por m\u00e1s leg\u00edtimo que fuere.<\/p>\n\n\n\n
Vale decir que pensamos que, en este conflictivo contexto social, las decisiones del letrado deben contemplar con esp\u00edritu amplio y generoso las consecuencias de su estrategia y desistir de ella si resultare contraria al inter\u00e9s general.<\/p>\n\n\n\n
Recientemente, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha formulado una declaraci\u00f3n sobre este tema: \u201cEl abogado, como miembro de una profesi\u00f3n que sirve al inter\u00e9s p\u00fablico de la justicia, tiene obligaciones no s\u00f3lo frente al cliente, sus compa\u00f1eros y otros profesionales del derecho, jueces y tribunales, poderes p\u00fablicos y Colegios de Abogados, sino tambi\u00e9n frente a la sociedad\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Ello se vincula hoy, entre otras, con la problem\u00e1tica ligada al medioambiente, toda vez que tanto la defensa de los intereses de la poblaci\u00f3n como los de las grandes empresas potencialmente contaminantes requieren del abogado una visi\u00f3n solidaria que excede la defensa particular del cliente. <\/p>\n\n\n\n El profesor Argando\u00f1a ha dicho, en cuanto a la relaci\u00f3n del profesional independiente con su empresa cliente, que ella implica una serie de deberes para con la empresa, para con la profesi\u00f3n y para con la sociedad: \u201cLa combinaci\u00f3n de todas esas obligaciones puede ser dif\u00edcil, en ocasiones, pero ah\u00ed es donde debe manifestarse la integridad y la profesionalidad del agente. Y esto tendr\u00e1, como es l\u00f3gico, numerosas implicaciones. Por ejemplo: no debe dar prioridad a los intereses de la empresa cuando esto lleva consigo actuar contra sus deberes \u00e9ticos como profesional, sea porque esto le llevar\u00eda a perjudicar injustamente a otras personas, a no ser objetivo, sincero o \u00edntegro, o a causar un da\u00f1o a la sociedad. Esto explica, por ejemplo, que cuando reciba una propuesta de su cliente que considera inapropiada tiene que llamarle la atenci\u00f3n sobre los da\u00f1os causados a otras personas (empleados, consumidores, medio ambiente, comunidad local, sociedad en su conjunto\u2026), sobre la existencia de alternativas que evitar\u00edan esos da\u00f1os o producir\u00edan otros beneficios, etc.<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n Con el mismo criterio, el Libro Verde<\/em> de la Comisi\u00f3n de las Comunidades Europeas define a la responsabilidad social de las empresas como: \u201cUn concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente m\u00e1s limpio. En un momento en el que la Uni\u00f3n Europea intenta determinar sus valores comunes adoptando una Carta de los Derechos Fundamentales, un n\u00famero creciente de empresas europeas reconoce cada vez m\u00e1s claramente su responsabilidad social y la considera parte de su identidad. Esta responsabilidad se expresa frente a los trabajadores y, en general, frente a todos los interlocutores de la empresa, que pueden a su vez influir en su \u00e9xito<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n Este mismo concepto de Responsabilidad Social Empresaria es el que pretendemos adoptar para el ejercicio de la profesi\u00f3n, porque se encuentra ligado a la solidaridad en el quehacer del abogado y a la manda constitucional de garantizar a los habitantes un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y en el que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras (art. 41 de la CN).<\/p>\n\n\n\n Pensamos, as\u00ed, en un nuevo sentido del ejercicio profesional del abogado que, impregnado de compromiso social y de responsabilidad comunitaria, se vincula de modo inescindible con la defensa del medioambiente.<\/p>\n\n\n\n Tal menester, contrariamente a lo que se podr\u00eda pensar, no puede tener como motivaci\u00f3n una base simplemente voluntarista o filantr\u00f3pica, sino que proviene de las normas que, desde la Constituci\u00f3n Nacional y la de la provincia de Buenos Aires, y los tratados internacionales hasta las leyes locales, rigen el ejercicio de la profesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Veamos:<\/p>\n\n\n\n Luego de la reforma de 1994, qued\u00f3 claro que el derecho de los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y a que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, constituye una garant\u00eda preservada constitucionalmente (art. 41 de la CN).<\/p>\n\n\n\n La norma form\u00f3 parte de un cortejo de disposiciones de hondo contenido humanista, que impregn\u00f3 el bloque dogm\u00e1tico de la Carta Magna y que fue de la mano de los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nacional al amparo de la manda del art\u00edculo 31 de la CN.<\/p>\n\n\n\n El dispositivo comentado no hizo m\u00e1s que recoger la amplia producci\u00f3n jurisprudencial y doctrinaria que hab\u00eda alejado el criterio antropoc\u00e9ntrico que hubo caracterizado a nuestro derecho privado, fruto de las concepciones decimon\u00f3nicas que inspiraron la gran obra de V\u00e9lez Sarsfield (CSJN, Halabi).<\/p>\n\n\n\n Id\u00e9ntica fue la pauta adoptada por la provincia de Buenos Aires, cuando consagr\u00f3 en su constituci\u00f3n el derecho de todos sus habitantes a gozar de un ambiente sano, y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de generaciones futuras (art. 28 CPBA).<\/p>\n\n\n\n Como consecuencia de ello, la legislaci\u00f3n infraconstitucional dictada con posterioridad se infiltr\u00f3 de tal impronta, en acatamiento a la prohibici\u00f3n de limitar los derechos y garant\u00edas reconocidos constitucionalmente (art. 28 CN).<\/p>\n\n\n\n En este carril, la ley 26.994, que sancion\u00f3 el C\u00f3digo Civil y Comercial, dict\u00f3 normas de las caracter\u00edsticas de los art\u00edculos 14 \u2014que destierra el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar el medioambiente\u2014 y 240 \u2014que dispone la compatibilizaci\u00f3n de los derechos individuales sobre los bienes referidos en los art\u00edculos 225 a 239 CCC, con los derechos de incidencia colectiva\u2014. <\/p>\n\n\n\n En el art\u00edculo 240 CCC, se a\u00f1ade que el ejercicio de tales derechos individuales debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el inter\u00e9s p\u00fablico y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje, en enumeraci\u00f3n que no se agota en el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n Sobre la base de tal plataforma normativa, habr\u00e1 de analizarse la legislaci\u00f3n local que rige el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado.<\/p>\n\n\n\n Si bien es cierto que la ley 5.177 no ha sufrido modificaciones luego del dictado de las normas que se acaban de apuntar, estas nos obligan a una relectura de aquellas que nos permita apartarnos del criterio individualista que centraba el menester profesional solamente en la defensa del cliente; caso contrario, estas producir\u00edan el inconcebible efecto de desvirtuar las mandas constitucionales. Deben comprenderse forzosamente en el an\u00e1lisis las pautas reglamentarias de la ley 5.177 como son las normas de \u00e9tica profesional dictadas por el Colegio de la Provincia y que resultan obligatorias para todos los abogados que ejerzan en el territorio provincial.<\/p>\n\n\n\n Siguiendo este razonamiento, el deber primordial del abogado de respetar y hacer respetar la ley (art. 5 de las NE) no puede leerse despojado de las pautas constitucionales y de derecho privado que se terminan de examinar, y que le obligan a acatar, en el quehacer profesional, los l\u00edmites al ejercicio de los derechos individuales que impone el resguardo de los de incidencia colectiva.<\/p>\n\n\n\n Esta cortapisa a los intereses meramente privados debe ser impuesta, en primer lugar, en el asesoramiento profesional, ya que el contrato de servicios profesionales se encuentra regido por las normas en comentario. Y el consejo t\u00e9cnico, no solamente del letrado, sino del resto de los profesionales que sirven a la empresa, ser\u00e1 la primera valla contra la transgresi\u00f3n de los derechos de incidencia colectiva.<\/p>\n\n\n\n Y tampoco la pauta de actuaci\u00f3n profesional podr\u00eda encontrarse divorciada de la norma del art\u00edculo 1.710 del CCC, que obliga a \u201ctoda persona\u201d<\/em> no solo a evitar causar un da\u00f1o injustificado, sino a adoptar, de buena fe y conforme las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un da\u00f1o o disminuir su magnitud.<\/p>\n\n\n\n Es contrario a la buena fe suponer que el profesional resulta ajeno a las medidas preventivas que est\u00e1 obligado a adoptar cualquier ciudadano para conjurar un da\u00f1o ambiental, cuando la decisi\u00f3n empresaria que lo provoca ha requerido un previo dictamen legal.<\/p>\n\n\n\n Y con el criterio que venimos propugnando, no es posible excusar una nueva lectura del art\u00edculo 6 de las NE cuando prescribe que el abogado no debe: \u201cPermitir ni silenciar las irregularidades en que incurran las personas que ejerzan funciones p\u00fablicas o cargos privados\u201d<\/em>; o el art\u00edculo 9 NE cuando proh\u00edbe al abogado aconsejar en causa que contrar\u00ede disposici\u00f3n literal de la ley.<\/p>\n\n\n\n No estamos abominando de la pauta del art\u00edculo 25 NE, que establece que el abogado debe realizar plenamente la gesti\u00f3n y defensa de los intereses de su cliente, pero tal augusta misi\u00f3n no puede serlo con sacrificio de la pauta de ese mismo art\u00edculo, cuando al finalizar dispone: \u201cPero tendr\u00e1 presente que la misi\u00f3n del abogado debe ser cumplida dentro de los l\u00edmites de la ley, y que debe obedecer a su conciencia y no a la de su cliente<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n En conclusi\u00f3n: las normas de las constituciones nacional y de la provincia de Buenos Aires han derramado sobre la legislaci\u00f3n infraconstitucional las pautas que erigen a la defensa del medioambiente como una garant\u00eda de orden p\u00fablico y, por tal, insoslayable e irrenunciable.<\/p>\n\n\n\n No solamente las leyes dictadas con posterioridad a la reforma de la Carta Magna, sino tambi\u00e9n las existentes a esa fecha, se encuentran embebidas de los nuevos paradigmas protectorios del medioambiente. Esto obliga a interpretarlas no de modo aislado o individualista, sino teniendo en cuenta las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos y los principios y los valores jur\u00eddicos \u201cde modo coherente con todo el ordenamiento\u201d,<\/em> como lo ordena ahora el art\u00edculo 2 del CCC.<\/p>\n\n\n\n Vale decir que la responsabilidad social del abogado por la que venimos bregando, ahora tiene \u2014en relaci\u00f3n al medioambiente\u2014 pautas expresas de derecho positivo a las que atenerse y que marcan, de modo que no admite doble interpretaci\u00f3n, las reglas obligatorias que imponen deberes muy precisos en el quehacer profesional.<\/p>\n\n\n\n Cabe concluir, entonces, que la hora exige un replanteo fundamental del ejercicio de la profesi\u00f3n, para que este se ejerza comprometido con las necesidades de la sociedad mediante una actitud proactiva respecto de los problemas de la comunidad, y alejado del ejercicio individualista de la matr\u00edcula profesional.<\/p>\n\n\n\n En otras palabras, pensamos que el tejido social necesita del abogado un protagonismo m\u00e1s ligado con la situaci\u00f3n general, no ya meramente con la particular del asunto sometido a su patrocinio, con miras a un ejercicio m\u00e1s eficaz de su tradicional objetivo de defender y consolidar la justicia, la democracia y el estado de derecho.<\/p>\n\n\n\n