{"id":7624,"date":"2021-10-22T16:39:52","date_gmt":"2021-10-22T19:39:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/?p=7624"},"modified":"2021-10-22T16:39:56","modified_gmt":"2021-10-22T19:39:56","slug":"la-persistente-vitalidad-del-paradigma-velezano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/la-persistente-vitalidad-del-paradigma-velezano\/","title":{"rendered":"La persistente vitalidad del paradigma Velezano"},"content":{"rendered":"\n

Sobre la inconstitucionalidad de la designaci\u00f3n compulsiva de abogados del ni\u00f1o en la provincia de Buenos Aires<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A fin de establecer las bases sobre la cuales se cimentar\u00e1 el razonamiento que desarrollaremos en las pr\u00f3ximas l\u00edneas, le pido que convengamos en el principio1<\/sup> rector, esto es: la m\u00e1xima satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o (best interest of the child2<\/sup><\/em>). Desde mi punto de vista, es el que describi\u00f3 con claridad meridiana la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en estos t\u00e9rminos:<\/p>\n\n\n\n

\u201cNuevamente, el punto de partida debe situarse justamente en la remanida pero no superada f\u00f3rmula del \u00abinter\u00e9s superior del menor<\/strong>\u00bb <\/em>[\u2026]. Al respecto, hemos sostenido que el inter\u00e9s superior del menor excluye toda consideraci\u00f3n dogm\u00e1tica para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso <\/strong>(Ac. 63.120, sent. del 31-III-1998; Ac. 79.931, sent. del 22-X-2003)<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo se trata en este caso de decidir una mera adjudicaci\u00f3n de derechos sobre un objeto inanimado o sobre un bien abstracto<\/strong>, cuya substancia permanecer\u00e1 insensible o inalterada frente al paso del tiempo, sino sobre el destino de una persona de carne y hueso, que vive, piensa, tiene sentimientos, experimenta emociones, r\u00ede, llora y va forjando d\u00eda a d\u00eda su identidad y la personalidad con la cual afrontar\u00e1 el resto de su existencia <\/strong>(voto del suscripto, Ac. 78.446, sent. del 27-VI-2001). La forma en que se resuelva el conflicto aqu\u00ed ventilado no deber\u00eda ser demostrativa de la medida en que el derecho, enfocado como pura forma, puede llegar a deshumanizarse perdiendo de vista su objetivo final<\/strong>: establecer un orden social justo<\/strong><\/em>3<\/sup>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Convenido el principio, describo los hechos del caso:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

En el marco de un proceso de desalojo, un ni\u00f1o de 13 a\u00f1os de edad, con una discapacidad motriz, peticion\u00f3 ser tenido como parte con un patrocinio letrado privado. El juez de grado rechaz\u00f3 el pedido con estos fundamentos: \u201cA todo evento, vale recordar adem\u00e1s que la designaci\u00f3n de un profesional especialista en los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se encuentra dispuesto en el \u2018Reglamento \u00fanico de funcionamiento del Registro de abogadas y abogados de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes del Colegio de Abogados de la Provincia de Bs. As\u2019, dictado por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, de aplicaci\u00f3n para todos las sedes Departamentales de la provincia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDe lo expuesto, se deduce claramente \u2014y sin perjuicio de los motivos que llevaran al rechazo anteriormente dispuesto\u2014 que las presentaciones efectuadas a fs. 991\/8 y acta de fs. 1002, siquiera cumplimentan con la normativa prevista al efecto, ya que no solo se omiti\u00f3 la v\u00eda procesal prevista a dicho fin, sino que tampoco integra el profesional el listado correspondiente, <\/strong>conforme n\u00f3mina glosada precedentemente<\/em>\u201d4<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n

Las preguntas que motivan estas l\u00edneas son las siguientes: \u00bfc\u00f3mo debe conducirse el juzgado cuando el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente (NNyA) se presenta con patrocinio letrado propio? \u00bfPuede designarse compulsivamente a un letrado distinto del elegido por el NNyA? \u00bfSatisface el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o lo decidido?<\/p>\n\n\n\n

Evoluci\u00f3n normativa y desarrollo del sistema protectorio<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Antes de la respuesta, veamos cu\u00e1l fue la evoluci\u00f3n normativa y el desarrollo del sistema protectorio.<\/p>\n\n\n\n

Como es sabido, la ley nacional 26.061, promulgada de hecho hacia el a\u00f1o de 2005, grab\u00f3 en letras de molde en la normativa vern\u00e1cula el derecho de los NNyA a participar en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte5<\/sup>, a que su opini\u00f3n sea tomada primordialmente<\/strong>en cuenta y a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en ni\u00f1ez y adolescencia<\/strong>. <\/em>Estos derechos ya hab\u00edan sido reconocidos varios a\u00f1os antes, hacia 1989, por la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (cfr. arts. 12 y 40), aprobada mediante ley 23.849 (1990), e incorporada al plexo normativo nacional en el art. 75, inc. 22 de la Constituci\u00f3n Nacional, en su \u00faltima reforma.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, en el \u00e1mbito provincial, la ley 13.298 (anterior a la nacional, promulgada en enero de 2005, pero suspendida hasta el a\u00f1o 2007) de Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n integral de los derechos de los ni\u00f1os, instrument\u00f3 la organizaci\u00f3n administrativa de los servicios locales y zonales y cre\u00f3 un sistema integral de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de derechos de los NNyA.<\/p>\n\n\n\n

Decretos reglamentarios de ambas leyes (151\/07 de responsabilidad juvenil provincial y 415\/06 en el \u00e1mbito nacional, por ejemplo) as\u00ed como otras leyes complementarias (cfr. leyes provinciales 13.634 y 13.635) fueron definiendo los contornos del sistema actual, aunque no sin grandes ausencias (ej. el Observatorio Social, cfr. art. 24, ley 26.061). Reci\u00e9n hacia el a\u00f1o de 2013 se sancion\u00f3 la ley provincial 14.568, que cre\u00f3 el Registro de Abogados del Ni\u00f1o de la Provincia de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

Estos avances y retrocesos en materia de legislaci\u00f3n sobre ni\u00f1ez se deben a varios factores, entre ellos, la falta de recursos o \u2014mejor dicho\u2014 la deficiente distribuci\u00f3n de los mismos.<\/p>\n\n\n\n

Pero el mayor escollo se encontraba en el conflicto normativo. Vigente el C\u00f3digo de V\u00e9lez, resultaba dificultosa la aplicaci\u00f3n de los derechos incorporados por el sistema de protecci\u00f3n sin generar un conflicto normativo considerable, toda vez que el paradigma vigente en la \u00e9poca del Codificador era el de la incapacidad de los NNyA como regla6<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la discusi\u00f3n fue zanjada en agosto de 2015 con la entrada en vigor del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n. La capacidad progresiva<\/strong>pas\u00f3 a ser el nuevo paradigma bajo el cual se analiz\u00f3 toda presentaci\u00f3n posterior, aunque con conclusiones muy diversas.<\/p>\n\n\n\n

Registro de abogados y abogadas de Ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes de la provincia de Buenos Aires<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Es as\u00ed entonces que en la sesi\u00f3n del d\u00eda 6 de julio de 2016, realizada en la sede del Colegio de Abogados de San Nicol\u00e1s, el Consejo Superior aprob\u00f3 el Reglamento \u00danico de Funcionamiento del Registro de Abogadas y Abogados de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires<\/em>, de aplicaci\u00f3n para todos los colegios departamentales de la provincia.<\/p>\n\n\n\n

En el Registro de cada Departamento existe, desde su implementaci\u00f3n, una n\u00f3mina de letrados entre los cuales se sortean los pedidos de designaci\u00f3n. Pueden integrar el mismo:<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas abogadas y los abogados con matr\u00edcula colegial activa para actuar en territorio provincial que demuestren acabadamente su especializaci\u00f3n en derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en disciplinas e incumbencias relacionadas con el patrocinio letrado de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes en el \u00e1mbito administrativo y judicial certificado por Unidades Acad\u00e9micas reconocidas y debidamente acreditadas y\/u organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problem\u00e1tica de la infancia y adolescencia debidamente acreditadas, y\/o por la realizaci\u00f3n de los cursos dictados por los Colegios de Abogados Departamentales<\/em>\u201d7<\/sup> (art\u00edculo 2).<\/p>\n\n\n\n

La intervenci\u00f3n se peticiona desde los distintos juzgados del Departamento Judicial mediante oficio dirigido al presidente del Colegio:<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa intervenci\u00f3n de cualquier abogado del registro deber\u00e1 ser ordenada por autoridad judicial o administrativa competente, a solicitud de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y\/o adolescentes involucrados, sus progenitores, otro adulto a cargo de ellos o cualquier otro funcionario judicial o administrativo<\/em>\u201d (Art\u00edculo 10).<\/p>\n\n\n\n

El Registro resulta de gran utilidad en los casos de situaciones en las que los NNyA carecen de recursos o bien de las medidas de abrigo, por ejemplo, en las cuales urge la designaci\u00f3n inmediata, en raz\u00f3n de los exiguos plazos procesales.<\/p>\n\n\n\n

Hasta aqu\u00ed, su correcta aplicaci\u00f3n. Pero \u00bfel Registro es obligatorio en todos<\/strong> los casos? \u00bfSe puede imponer compulsivamente un patrocinio distinto al elegido por el NNyA? Entiendo que no. La Constituci\u00f3n Nacional parece ser clara al respecto. El art\u00edculo 14 sostiene:<\/p>\n\n\n\n

\u201cTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio<\/strong>; a saber: de trabajar y ejercer toda industria l\u00edcita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades<\/strong>; de entrar, permanecer<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Y el art\u00edculo 28 <\/strong>advierte:<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos principios, garant\u00edas y derechos reconocidos en los anteriores art\u00edculos, no podr\u00e1n ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio<\/strong><\/em>\u201d8<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n

El derecho a peticionar ante las autoridades con el debido patrocinio letrado no puede verse vulnerado o restringido por disposiciones reglamentarias. <\/strong>Establecer que para designar un letrado que patrocine al NNyA se debe obligatoriamente acceder al procedimiento administrativo que dispone la ley que crea el Registro, sin permitir la presentaci\u00f3n con un letrado de su confianza, es vulnerar el derecho de igualdad ante la ley <\/strong>(art. 16 CN).<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo se justifica que el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o impida a este ejercer libremente la elecci\u00f3n del letrado que lo patrocine mientras que un adulto puede no solo elegir letrado, sino adem\u00e1s sustituir el patrocino cuantas veces quiera, o seleccionar a m\u00e1s de un abogado para que lo patrocine?<\/p>\n\n\n\n

Es claro, desde mi punto de vista, que el Reglamento no sostiene la obligatoriedad de las designaciones ni se erige como \u00fanico medio para el patrocinio letrado de los NNyA. Sin embargo, as\u00ed parece haber sido interpretado en el caso que comentamos y no de manera aislada.<\/p>\n\n\n\n

A modo de colof\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Concluimos, que esta aplicaci\u00f3n no se debe a otra cosa que a la sana vitalidad que conserva a\u00fan hoy la visi\u00f3n paternalista velezana a la hora de decidir respecto de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes inmersos en los procesos judiciales. Ello, porque a\u00fan se los valora como objetos de tutela y no como sujetos de derecho.<\/p>\n\n\n\n

Debemos terminar definitivamente con las incongruencias que abundan en el tratamiento de los procesos donde intervienen NNyA y modificar finalmente el paradigma. Esgrimir el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o<\/strong> o el derecho a la tutela judicial efectiva<\/strong> sin extrapolarlo al mundo f\u00e1ctico no es otra cosa que contribuir al avasallamiento de los derechos de un sector muy vulnerable de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Solo ser\u00e1 posible hacer efectivos los derechos de los NNyA cuando \u2014detr\u00e1s de la letra impresa y de las razones abstractas\u2014 se pueda apreciar correctamente a la persona menor de edad, la persona (como sostiene la Suprema Corte) \u201cde carne y hueso, que vive, piensa, tiene sentimientos, experimenta emociones, r\u00ede, llora y va forjando d\u00eda a d\u00eda su identidad y la personalidad con la cual afrontar\u00e1 el resto de su existencia\u201d9<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n

Este debe ser el norte, el principio rector.<\/p>\n\n\n\n

1<\/sup> \u201cLos principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de la posibilidades jur\u00eddicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimizaci\u00f3n [optimization commands<\/em>] que est\u00e1n caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado\u201d (Cfr. Alexy Robert; Teor\u00eda de los derechos fundamentales<\/em>, Madrid, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 86 y 87). \u201cCuando los principios se interfieren [\u2026], quien debe resolver el conflicto tiene que tener en cuenta el peso relativo de cada uno. En esto no puede haber, por cierto, una medici\u00f3n exacta y el juicio respecto de si un principio o directriz en particular es m\u00e1s importante que otro ser\u00e1 con frecuencia motivo de controversia. Sin embargo, es parte esencial del concepto de principio el que tenga esta dimensi\u00f3n, que tenga sentido, qu\u00e9 importancia o qu\u00e9 peso tiene\u201d (Cfr. Dworkin,R.; Los derechos en serio<\/em>, 1989, Ariel, Barcelona, p. 78).<\/p>\n\n\n\n

2<\/sup> Cfr. Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, Art. 3: \u201cIn all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration\u201d.<\/p>\n\n\n\n

3<\/sup> Cfr. Acuerdo 2078, 16 de marzo de 2011, el resaltado es m\u00edo.<\/p>\n\n\n\n

4<\/sup> \u201cLovotti Maria Esther c\/ Fernandez Placido Modesto s\/ Cumplimiento de Contratos Civiles\/Comerciales\u201d, N\u00b0 12053, Juzgado Civil y Comercial N\u00b0 2, La Matanza. Es dable destacar que en el caso el rechazo no se debi\u00f3 exclusivamente a este motivo. El fundamento, sin embargo, prueba la sana vitalidad del viejo paradigma.<\/p>\n\n\n\n

5<\/sup> Art. 27 ley 26.061.- \u201cGarant\u00edas m\u00ednimas de procedimiento\u201d.<\/p>\n\n\n\n

6<\/sup> Cfr. CSJN \u201cRecurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de M.S.M. en la causa M., G. c\/ P., C.A.\u201d del 26 de Junio de 2012, donde se rechaza la participaci\u00f3n con base en que las disposiciones de \u201cla ley 26.061 <\/strong>deber ser interpretadas y aplicadas en forma integral con arreglo a nuestra legislaci\u00f3n de fondo. En este sentido, las disposiciones del C\u00f3digo Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto imp\u00faberes como adultos no han sido derogadas por la ley <\/strong>de protecci\u00f3n integral de los derechos de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. En consecuencia, de acuerdo con este r\u00e9gimen de fondo, los menores imp\u00faberes son incapaces absolutos<\/strong>, que no pueden <\/strong>realizar por si mismos actos jur\u00eddicos (art. 54, inc. 2 del C\u00f3digo Civil), como ser\u00eda la designaci\u00f3n y remoci\u00f3n de un letrado <\/strong>patrocinante (Del Dictamen de la Procuradora; M 394 XLVI)\u201d.Err\u00f3nea aplicaci\u00f3n de prelaci\u00f3n normativa pues el conflicto no era entre la ley nacional y el C\u00f3digo Civil, sino entre la Constituci\u00f3n Nacional y el C\u00f3digo Civil.<\/p>\n\n\n\n

7<\/sup> Destacamos que no siempre es necesario un especialista en ni\u00f1ez y adolescencia para el patrocinio de un NNyA. En un caso cuyo objeto sea da\u00f1os y perjuicios, es tal vez m\u00e1s \u00fatil una mayor experiencia del letrado en materia procesal civil que en derecho de familia, donde institutos como la caducidad de instancia no ponen en riesgo el derecho de fondo.<\/p>\n\n\n\n

8<\/sup> Esto rige incluso para el Jefe Supremo de la Naci\u00f3n: \u201cArt. 99: El Presidente de la Naci\u00f3n tiene las siguientes atribuciones:\u2026 Expide las instrucciones y reglamentos <\/strong>que sean necesarios para la ejecuci\u00f3n de las leyes de la Naci\u00f3n, cuidando de no alterar su esp\u00edritu con excepciones reglamentarias<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

9<\/sup> Op. cit<\/em>. nota 3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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