{"id":8293,"date":"2023-04-22T07:56:00","date_gmt":"2023-04-22T10:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/?p=8293"},"modified":"2023-05-22T08:11:51","modified_gmt":"2023-05-22T11:11:51","slug":"el-actuar-en-legitima-defensa-por-parte-del-personal-de-las-fuerzas-de-seguridad-es-posible-art-34-inc-6-del-cp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/el-actuar-en-legitima-defensa-por-parte-del-personal-de-las-fuerzas-de-seguridad-es-posible-art-34-inc-6-del-cp\/","title":{"rendered":"El actuar en leg\u00edtima defensa por parte del personal de las fuerzas de seguridad \u00bfes posible? (art. 34 inc. 6 del CP) – Facundo Jes\u00fas Soriano"},"content":{"rendered":"

(Autor: Soriano, Facundo Jes\u00fas \/ Fecha: 24\/04\/2023 \/ Art\u00edculos DPISA \/ Cita online: DPISA \u2013 ART \u2013 00001)<\/em><\/p>\n

Facundo Jes\u00fas Soriano es abogado UBA. Especialista en Derecho Penal UBA. Auxiliar Fiscal y Secretario \u201cad-hoc\u201d del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n

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Sumario: 1. Introducci\u00f3n. 2. Antecedentes del Caso. 3. An\u00e1lisis de la figura. Opini\u00f3n doctrinaria y jurisprudencial.3. a. La leg\u00edtima defensa como causa de justificaci\u00f3n en el C\u00f3digo Penal Argentino. 3. b. La agresi\u00f3n.3. c. Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresi\u00f3n. 3. d. Falta de provocaci\u00f3n suficiente por parte de quien se defiende. 4. Breve rese\u00f1a del exceso en la leg\u00edtima defensa.5. Lineamientos para el correcto actuar de las fuerzas de seguridad en el \u00e1mbito internacional. 5.a. Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. 5. b. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5. c. Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas. 6. Normas internas para regular el actuar policial.7. Actuar policial y leg\u00edtima defensa. Requisito de proporcionalidad. 8. Conclusiones. 9. Bibliograf\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

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  1. Introducci\u00f3n.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                El fallo que aqu\u00ed pasaremos a comentar nos trae a la mesa una cuesti\u00f3n que, pese a su largo tratamiento, contin\u00faa siendo tema de discusi\u00f3n en doctrina y jurisprudencia. Como el t\u00edtulo indica, analizaremos si dentro de los par\u00e1metros que prescribe la leg\u00edtima defensa se puede amparar el personal de las fuerzas de seguridad que alegara haber actuado (en alg\u00fan caso en particular) bajo esa causa de justificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

                Como disparador de la tem\u00e1tica, nos parece interesante traer a colaci\u00f3n un fallo de la Sala 6 de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en el cual se confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de primera instancia -modificando la asignaci\u00f3n jur\u00eddica- en la cual se hab\u00eda procesado a B. Vega B\u00e1ez por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por la utilizaci\u00f3n de un arma de fuego y por tratarse de un miembro de las fuerzas policiales, cometido con exceso en la leg\u00edtima defensa, en grado de tentativa, calificaci\u00f3n legal que fue modificada por la de lesiones graves calificadas por el uso de un arma de fuego, cometidas con exceso en la leg\u00edtima defensa<\/em>[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

                En primer lugar, haremos un breve repaso por los requisitos de la leg\u00edtima defensa, seg\u00fan nuestro C\u00f3digo Penal, para lo cual traeremos a colaci\u00f3n distintas opiniones dogm\u00e1ticas y jurisprudenciales. Adelantamos al lector que, en l\u00edneas generales y refiri\u00e9ndonos a ciudadanos comunes <\/em>no se presentan grandes discusiones, pero no deja de ser interesante recordar las cuestiones que nos permiten adentrarnos en la tem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

                Luego, intentaremos resolver -o al menos llamar a la reflexi\u00f3n- que ocurre con los funcionarios p\u00fablicos (en particular el personal policial) pues, su condici\u00f3n de integrante de las fuerzas del orden, instruido en el uso de armas, en materia de prevenci\u00f3n y de represi\u00f3n, lleva a cuestionarse si los requisitos para que su accionar sea cometido en leg\u00edtima defensa son los mismos que para cualquier ciudadano.<\/p>\n\n\n\n

                Con el objetivo de brindar una respuesta, haremos un repaso por la normativa, tanto interna, como internacional, transitando por las opiniones en este tema tanto de la Corte como de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y los principios de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU).<\/p>\n\n\n\n

                Como acompa\u00f1amiento, a medida que tratemos los distintos puntos que hacen al trabajo, iremos realizando un estudio conjunto sobre las opiniones vertidas en la jurisprudencia nacional.<\/p>\n\n\n\n

                Si bien conocemos que aqu\u00ed no brindaremos una respuesta definitiva al tema, pues el contexto de cada caso particular invita a un estudio individual de la aplicaci\u00f3n o no de la leg\u00edtima defensa, el fin ser\u00e1 que este trabajo sirva como disparador para intentar encontrar una soluci\u00f3n al tema con el intento de otorgar una cierta seguridad jur\u00eddica a aquellos funcionarios p\u00fablicos que deban actuar en situaciones l\u00edmites.<\/p>\n\n\n\n

    2. Antecedentes del Caso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Para entender el an\u00e1lisis que realizaremos, resulta interesante conocer los hechos del caso, para lo cual traer\u00e9 a colaci\u00f3n el repaso realizado por la Excma. C\u00e1mara al tratar el suceso.<\/p>\n\n\n\n

    Entonces, el caso en estudio tuvo lugar el d\u00eda 5 de junio de 2022, cerca de las 4.50 hs. cuando dos sujetos (un mayor y un menor) interceptaron a Vega B\u00e1ez instantes previos a que arribara a la d\u00e1rsena del Metrobus que se encuentra emplazada en la Av. Fern\u00e1ndez de la Cruz y Araujo, del barrio Papa Francisco de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

       En ese momento, le habr\u00eda referido \u201cestate pillo<\/em>\u201d, por lo que corri\u00f3, cruz\u00f3 el Metrobus y salt\u00f3 un cantero; al llegar la esquina los agresores lo arrinconaron. Fue all\u00ed cuando escuch\u00f3 que uno de ellos le grit\u00f3 al otro \u201ctirale, tirale\u201d, <\/em>oportunidad en la cual uno de ellos meti\u00f3 la mano entre sus ropas y sac\u00f3 un \u201cbulto extra\u00f1o, negro\u201d<\/em> que, en atenci\u00f3n al contexto, la nocturnidad y oscuridad de la zona, bien podr\u00eda haberse confundido con un arma de fuego.[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n

       En esa oportunidad, \u201cDebido al temor que sinti\u00f3 por su integridad f\u00edsica, el Oficial Vega Baez se identific\u00f3 como polic\u00eda, empu\u00f1\u00f3 su arma reglamentaria y en un uso extralimitado de ella, dispar\u00f3 en seis oportunidades a la altura del t\u00f3rax de Ruiz Ayala (a quien entonces le provoc\u00f3 lesiones que pusieron en peligro su vida), cuando ten\u00eda la posibilidad de dirigir menor cantidad de disparos y contra una zona no letal del cuerpo de su agresor, de modo de reducir los da\u00f1os o minimizar la gravedad de las lesiones que termin\u00f3 causando\u2026\u201d[3]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    Con ese panorama, en primera instancia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 43 dispuso el procesamiento de Vega B\u00e1ez por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por la utilizaci\u00f3n de un arma de fuego y por tratarse de un miembro de las fuerzas policiales, cometido con exceso en la leg\u00edtima defensa, en grado de tentativa.<\/p>\n\n\n\n

    Ese temperamento fue cuestionado en apelaci\u00f3n por la defensa, pues sostuvo que su representado actu\u00f3 amparado por el art. 34, inc. 6\u00ba del CPN y que se omiti\u00f3 hacer un correcto an\u00e1lisis de ello. Al respecto explic\u00f3 todas las circunstancias que a su entender debieron ser estudiadas en detalle (horario, zona, peligrosidad, imposibilidad de determinar cu\u00e1ntos disparos hubieran sido necesarios para repeler la acci\u00f3n, zona corporal a la que dispar\u00f3, etc.).<\/p>\n\n\n\n

    Haciendo un detallado estudio de la leg\u00edtima defensa, el Superior consider\u00f3 que hab\u00eda existido un exceso intensivo de medios y por ello era correcto adecuar la conducta al tipo general del art. 35 del CPN, m\u00e1s all\u00e1 de lo cual entendi\u00f3 que el delito de homicidio tentado no se adecuaba a las constancias del sumario, por lo que finalmente resolvi\u00f3 confirmar parcialmente el auto, pero modificando la calificaci\u00f3n legal por la de lesiones graves calificadas por el uso de un arma de fuego, cometidas con exceso en la leg\u00edtima defensa.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    3. An\u00e1lisis de la figura. Opini\u00f3n doctrinaria y jurisprudencial.<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Como vemos en el fallo expuesto, el problema que se extrae y lleva a ser tratado es analizar en qu\u00e9 situaci\u00f3n el Estado debe avalar que un polic\u00eda actuare en leg\u00edtima defensa, es decir que ejecute una conducta t\u00edpica (en este caso, lesiones graves -seg\u00fan la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara-) y no deba recibir un reproche penal, concretamente que act\u00fae bajo una causa de justificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Entonces, la soluci\u00f3n se encuentra en el plano de la antijuridicidad, la que \u201c\u2026tiene por objeto establecer bajo qu\u00e9 condiciones y en qu\u00e9 casos la realizaci\u00f3n de un tipo penal (en forma dolosa o no; activa u omisiva) no es contraria al derecho. (\u2026) Es, por lo tanto, una teor\u00eda de las autorizaciones para la realizaci\u00f3n de un comportamiento t\u00edpico.\u201d<\/em>[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n

    En palabras de Mir Puig, no bastante con la existencia de un comportamiento humano subsumible en un tipo penal, sino que adem\u00e1s se exige una comprobaci\u00f3n de car\u00e1cter negativo, concretamente que esa acci\u00f3n no se halle permitido por una causa de justificaci\u00f3n.[5]<\/a><\/p>\n\n\n\n

    3. a. La leg\u00edtima defensa como causa de justificaci\u00f3n en el C\u00f3digo Penal Argentino.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Veamos que, el art\u00edculo 34 de nuestro c\u00f3digo de fondo, prev\u00e9 las causas de inimputabilidad. Entre ellas, en su inc. 6\u00ba[6]<\/a>, la de la leg\u00edtima defensa y en el 7\u00ba[7]<\/a> la de la leg\u00edtima defensa de terceros.<\/p>\n\n\n\n

                Como veremos a continuaci\u00f3n, la leg\u00edtima defensa (tambi\u00e9n llamada \u201cdefensa necesaria\u201d) tiene ciertos requisitos para su aplicaci\u00f3n, tal como expone la propia norma:<\/p>\n\n\n\n

                a) Agresi\u00f3n ileg\u00edtima;<\/p>\n\n\n\n

                b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;<\/p>\n\n\n\n

                c) Falta de provocaci\u00f3n suficiente por parte del que se defiende.<\/p>\n\n\n\n

    Grisetti y Romero Villanueva, citando a De la R\u00faa y Tarditti \u201c\u2026sostienen que la f\u00f3rmula legal de la leg\u00edtima defensa (tanto de la propia o de terceros) simplifica su conceptualizaci\u00f3n en tanto permite captarla como una reacci\u00f3n ante una agresi\u00f3n actual e ileg\u00edtima de una persona a la persona o bienes propios del defensor o del tercero defendido, que consiste en la realizaci\u00f3n de un tipo que afecta a un bien jur\u00eddico del agresor y que es leg\u00edtima, lo que depender\u00e1 de que esta afectaci\u00f3n sea oportuna y racionalmente necesario para impedir o detener el ataque, que no es imputable al defensor\u201d[8]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

                Soler por ejemplo la define como \u201c\u2026la reacci\u00f3n necesaria contra una agresi\u00f3n injusta, actual y no provocada\u201d[9]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

                En el caso que nos convoca, el Tribunal explic\u00f3 al referirse al comportamiento de Vega Baez que \u201c\u2026se habr\u00eda mantenido en el cauce del obrar de acuerdo a derecho, esto es conforme los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 34 inciso 6\u00ba del C\u00f3digo Penal, pues habr\u00eda existido: 1) una agresi\u00f3n ileg\u00edtima; y 2) la falta de provocaci\u00f3n suficiente (\u2026) Sin embargo, si bien el medio empleado en el tramo inicial de su accionar se evidencia dentro de los par\u00e1metros de defensa se\u00f1alada en la norma para la aplicaci\u00f3n del instituto, lo cierto es que (\u2026) observamos un exceso intensivo de medios -aunque estos se hubieran presentado en un principio como razonables y proporcionados<\/strong>-\u2026\u201d<\/em>(el destacado nos pertenece) ello permite observar c\u00f3mo se realiz\u00f3 el an\u00e1lisis concreto de los requisitos de la figura.<\/p>\n\n\n\n

    Rep\u00e1rese en esta exigencia de proporcionalidad <\/em>que aqu\u00ed indica el Tribunal, pero que no est\u00e1 prevista expresamente en las pautas que brinda el art. 34 del CPN, pues con el desarrollo del presente el lector podr\u00e1 advertir que se trata de un requisito que se repite una y otra vez en toda la normativa nacional e internacional al momento de analizar la leg\u00edtima defensa en fuerzas de seguridad, raz\u00f3n por la cual resultar\u00e1 el eje central del tratamiento que realizaremos.<\/p>\n\n\n\n

                Sobre el fundamento de la causa de justificaci\u00f3n seleccionada, es v\u00e1lido recordar que en el an\u00e1lisis debe tenerse presente que el sujeto agresor y el agredido no se encuentran en una misma posici\u00f3n frente al orden jur\u00eddico, pues mientras el agresor (Ayala) niega el Derecho, el defensor (Vega Baez) lo afirma. Es por ello que el Derecho se inclina a favor del segundo y, en principio, lo habilita a lesionar al agresor siempre que ello resulte necesario para impedir que el injusto prevalezca sobre el Derecho[10]<\/strong><\/em><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    3. b. La agresi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u201cLa agresi\u00f3n\u201d se trata de una conducta humana, siempre debe partir de una persona (no est\u00e1 aqu\u00ed comprendida, por ejemplo, la defensa contra animales, pues all\u00ed se ingresar\u00eda en el \u00e1mbito del estado de necesidad) y consistir en una amenaza actual o inminente de peligro o da\u00f1o a un bien jur\u00eddico del defensor.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cEn nuestro pa\u00eds se halla fuera de discusi\u00f3n que la agresi\u00f3n pueda proceder de un imputable o un inculpable y que, por ende, cabe la leg\u00edtima defensa contra ellos, pues la ley no exige sino que aquella sea ileg\u00edtima y no hay duda de que dichos sujetos act\u00faan, y sus actos pueden ser objetivamente antijuridicos, estos, ileg\u00edtimos\u201d[11]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

    Es actual<\/em> cuando se est\u00e1 desarrollando. La decisi\u00f3n irrevocable del agresor de dar comienzo a ella es equivalente a la actualidad<\/em>. Esa agresi\u00f3n adem\u00e1s es ileg\u00edtima si es antijur\u00eddica, no siendo necesario para el defensor, que constituya un delito.[12]<\/a> Sin ir m\u00e1s lejos, n\u00f3tese que dicha exigencia de tipicidad de hecho no surge del texto de la norma.<\/p>\n\n\n\n

    La inminencia<\/em> de la agresi\u00f3n abarca el momento a partir del cual comienza su ejecuci\u00f3n. En concreto, esto marca la ventana temporal que se abre para poder defenderse de aquella. As\u00ed, el momento de inicio puede adelantarse a la decisi\u00f3n irrevocable del agresor de dar comienzo al ataque y ese permiso finaliza una vez terminada la agresi\u00f3n, luego de lo cual culmina toda posibilidad de actuar en leg\u00edtima defensa.[13]<\/a> Luego de ello, ingresar\u00edamos en el umbral del \u201cexceso\u201d en la causa de justificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Entonces, se repele lo actual y se impide lo inminente.<\/p>\n\n\n\n

                En resumen, la agresi\u00f3n debe ser actual<\/em> e inminente<\/em>, no siendo necesaria que aquella constituya delito. Adem\u00e1s, puede consistir tanto en una acci\u00f3n como una omisi\u00f3n (siempre que aquella se vincule al peligro que debe evitar legalmente el agresor).<\/p>\n\n\n\n

                Sobre el estudio de la existencia de una agresi\u00f3n podemos ver lo sostenido por la Sala 5 de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones donde analiz\u00f3 el accionar de personal policial que arroj\u00f3 gas pimienta en un vag\u00f3n de tren aduciendo que estaba siendo agredido. All\u00ed concluy\u00f3 que la utilizaci\u00f3n del arma no puede ser considerado como un acto de leg\u00edtima defensa ya que el escenario que contaron los testigos y que se extrae de las constancias de la causa \u201c\u2026torna evidente la ausencia de un peligro o agresi\u00f3n actual<\/strong> que ameritase la utilizaci\u00f3n del gas. Y, en este punto, cabe destacar que, conforme indicaron los testigos mencionados, la gente que se encontraba en el vag\u00f3n reci\u00e9n pretendi\u00f3 agredir a G. luego de que arrojara esa sustancia qu\u00edmica\u201d[14]<\/strong><\/a> (<\/em>el destacado nos pertenece).<\/p>\n\n\n\n

                3. c. Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                La letra de la norma implica no solo que la agresi\u00f3n tiene que haber creado un estado de necesidad, sino tambi\u00e9n que la reacci\u00f3n de quien se defiende tiene que ser la forma o el medio en que el ataque o el peligro realmente puede frenarse o en su defecto aquella reacci\u00f3n que el defensor pod\u00eda razonablemente suponer que serv\u00eda para esos fines. Entonces, la reacci\u00f3n debe ser dirigida contra el agresor.[15]<\/a><\/p>\n\n\n\n

                La necesidad hace referencia a que para que esa defensa sea leg\u00edtima debe haber sido ejercida por el sujeto que no haya estado obligado a realizar otra conducta menos lesiva en lugar de la conducta t\u00edpica.<\/p>\n\n\n\n

                Este principio sobre el medio menos lesivo debe ser tomado de forma relativa si se tiene en cuenta que el agredido no debe correr ning\u00fan riesgo, raz\u00f3n por la cual aquello que resulta necesario para la defensa es algo que debe ser juzgado seg\u00fan baremos objetivos (por ejemplo, nadie est\u00e1 obligado a defenderse con los pu\u00f1os si no est\u00e1 seguro de salir ileso).[16]<\/a> La medida de la defensa necesaria debe ser analizada recurriendo a un m\u00e9todo hipot\u00e9tico comparativo, es decir que deber\u00e1 pensarse qu\u00e9 comportamiento pod\u00eda haber ejecutado el destinatario de la agresi\u00f3n para repelerla y tomar en cuenta aquel que hubiera causado menor da\u00f1o.[17]<\/a><\/p>\n\n\n\n

    En concreto, debe entenderse por necesaria a toda defensa id\u00f3nea, que resulte la menos lesiva de varias clases de defensa a disposici\u00f3n del agredido, y que no est\u00e9 unida al riesgo inmediato de sufrir un da\u00f1o.[18]<\/a><\/p>\n\n\n\n

    A su vez, la racionalidad de la defensa se vincula con la relaci\u00f3n que debe haber entre agresi\u00f3n y defensa, no debe confundirse ello con la proporci\u00f3n entre el da\u00f1o que hubiera causado la agresi\u00f3n y el causado por la defensa.[19]<\/a> Salvo los casos de grosera desproporci\u00f3n<\/em> (defender el hurto de una manzana por parte de un ni\u00f1o con una ametralladora), no se exige la existencia de proporci\u00f3n (como ya hemos anticipado, luego veremos qu\u00e9 ocurre con este requisito puntual en lo que hace a la responsabilidad del funcionario policial).<\/p>\n\n\n\n

    Concretamente, se trata de la no desproporcionalidad irrazonable entre la agresi\u00f3n y la defensa. Es decir, se vincula con la exigencia de proporcionalidad entre la conducta agresiva con relaci\u00f3n a la de quien se defiende. As\u00ed, podr\u00edan presentarse casos en que se act\u00faa con medio necesario, pero se causa un da\u00f1o desproporcionado.[20]<\/a><\/p>\n\n\n\n

                Roxin menciona algunos ejemplos al se\u00f1alar que no se puede exigir a quien se defiende que repela un ataque con un arma de fuego con golpes de pu\u00f1o, pues a todas luces se hubiera tratado de una defensa inid\u00f3nea, como tampoco pudo exig\u00edrsele que efect\u00fae un disparo de advertencia, cuando pod\u00eda no tener \u00e9xito y ser v\u00edctima de la agresi\u00f3n intentada[21]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    La Sala 5 de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones aval\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la leg\u00edtima defensa de terceros en el proceder policial en un caso en que un sujeto tuvo por reh\u00e9n a su pareja durante unas siete horas apunt\u00e1ndole con un arma y un cuchillo, bajo amenazas de muerte e, incluso, roci\u00e1ndola con alcohol, lo que motiv\u00f3 la intervenci\u00f3n policial que acabo con el imputado muerto.<\/p>\n\n\n\n

                En ese estudio, descart\u00f3 primeramente la irracionalidad del medio empleado por el personal policial para evitar la muerte de la v\u00edctima ante el ataque del imputado. Analiz\u00f3 all\u00ed tambi\u00e9n que \u201cla forma en que se emple\u00f3 el medio no luc\u00eda irrazonable ante la inminencia de la agresi\u00f3n en curso y para evitar una m\u00e1s grave. Adem\u00e1s no surge como desproporcionada<\/strong> ante los bienes jur\u00eddicos en juego (\u2026) teniendo en cuenta los extremos analizados, no se advert\u00eda al momento de la agresi\u00f3n, la existencia de otro mecanismo menos lesivo para proteger la vida de la v\u00edctima\u201d[22]<\/strong><\/a><\/em>(el destacado nos pertenece).En este caso en particular vemos tambi\u00e9n la menci\u00f3n a la proporcionalidad en la elecci\u00f3n del medio.<\/p>\n\n\n\n

                <\/em>Tambi\u00e9n se ha dicho que \u201cLa racionalidad del medio utilizado depende de la magnitud del peligro que corre el bien jur\u00eddico que se intenta defender, de las posibilidades de efectividad en el caso concreto y de la eventual extensi\u00f3n de la agresi\u00f3n ileg\u00edtima a otros bienes jur\u00eddicos (\u2026) motivo por el cual (\u2026) corresponde descartar que la conducta de E. haya devenido excesiva pues asest\u00f3 los golpes que se le achacan cuando a\u00fan mediaban las circunstancias de peligro real directo e inminente que concurrieran desde un inicio del altercado\u2026\u201d[23]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

                Siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, la misma sala postul\u00f3 que por ello es que \u201cno puede sostenerse que la defensa de su propia integridad f\u00edsica y su derecho de propiedad resultara descomedida ya que fue opuesta al agresor cuando aun exist\u00eda un peligro real, directo e inminente a ese respecto\u201d.[24]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

                3. d. Falta de provocaci\u00f3n suficiente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Otra de las exigencias para dar curso a esta causa de justificaci\u00f3n es que no exista provocaci\u00f3n alguna por parte del agredido. Nadie est\u00e1 obligado a soportar lo injusto, siempre que no haya dado lugar a ello con una conducta que resulta inadecuada para la coexistencia, esta \u00faltima impone la evitaci\u00f3n de las conductas motivadoras de situaciones conflictivas extremas.[25]<\/a><\/p>\n\n\n\n

    As\u00ed \u201cEn tanto la provocaci\u00f3n ocurra precisamente con el fin de incitar al agresor a realizar la agresi\u00f3n antijur\u00eddica, para poder lesionarlo mediante la defensa aparentemente ajustada a Derecho (provocaci\u00f3n intencional), queda completamente excluido, seg\u00fan la opini\u00f3n dominante, un Derecho a ejercer leg\u00edtima defensa<\/em>\u201d.[26]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

                Grisetti y Romero Villanueva, este punto lo sintetizan explicando que: \u201cla provocaci\u00f3n es la conducta anterior, que da motivo a la agresi\u00f3n, y que se desvalora como suficiente cuando hace previsible una agresi\u00f3n, sin que a este efecto puedan tomarse en cuenta las caracter\u00edsticas personales antisociales del agresor\u201d.[27]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

    4. Breve rese\u00f1a del exceso en la leg\u00edtima defensa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                El art\u00edculo 35 de nuestro c\u00f3digo penal prev\u00e9 que \u201cEl que hubiere excedido los l\u00edmites impuestos por la Ley, por la autoridad o por la necesidad, ser\u00e1 castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

    Su lectura, permite observar que no se refiere \u00fanicamente al exceso en la causa de justificaci\u00f3n aqu\u00ed estudiada, sino que se trata de una disposici\u00f3n com\u00fan a todas las causas de justificaci\u00f3n. En el caso que estamos estudiando se aplic\u00f3 a la leg\u00edtima defensa, en particular por un exceso intensivo de medios<\/em> (dispar\u00f3 seis veces, cuando pudo haber sido menos).<\/p>\n\n\n\n

    En torno a ello, se presentan dos tipos de excesos en esta causa, el extensivo, cuando la conducta comienza estando justificada pero se sobrepasa el permiso y el intensivo cuando el agresor sigue con su ataque, pero con el mismo medio y quien se defiende lo sigue haciendo con el medio que empleara antes (en el caso en estudio, luego del cese de la amenaza continuo disparando sin siquiera detenerse a comprobar las capacidades ofensivas de los agresores y el efecto causado por las primeras detonaciones)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

    Ahora bien, para que concurra este exceso en particular, es preciso comenzar actuando dentro de los l\u00edmites de la leg\u00edtima defensa, para luego excederlos con la acci\u00f3n de defensa, sea por un efecto extensivo o intensivo. \u201cEs que, para poder exceder los l\u00edmites impuestos por la ley, es preciso primeramente estar dentro de ellos\u201d.[28]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

    Al respecto, es v\u00e1lido traer a colaci\u00f3n lo expuesto por los integrantes de la Sala 4 de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por cuanto han dicho que la figura aqu\u00ed analizada es dolosa, aun cuando se recurra a la pena del delito imprudente, ya que lo que se castiga es \u201cel exceso querido\u201d. Este, consiste en la innecesaria intensificaci\u00f3n de la reacci\u00f3n encaminada a impedir o repeler la agresi\u00f3n. Aclara luego que se trata de \u201c\u2026haberse excedido en el empleo de los medios, aunque estos guarden, en principio, una razonable proporci\u00f3n con la finalidad de asegurar la primac\u00eda de la ley, incurriendo entonces en un ejercicio arbitrario del derecho\u201d.[29]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

    5. Lineamientos para el correcto actuar de las fuerzas de seguridad en el \u00e1mbito internacional.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    5.a. Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Adentr\u00e1ndonos en el \u00e1mbito internacional de la protecci\u00f3n de los derechos humanos, en lo que hace a esta tem\u00e1tica, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos p\u00fablico el 31 de diciembre de 2009 el Informe sobre Seguridad Ciudadana[30]<\/a> cuyo objeto es el de analizar la problem\u00e1tica de la seguridad ciudadana y su relaci\u00f3n con los derechos humanos para formular recomendaciones a los Estados Miembros orientadas a fortalecer las instituciones, las leyes, los programas y las pol\u00edticas para la prevenci\u00f3n y el control de la criminalidad y la violencia en el marco de la seguridad ciudadana y los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

                En el punto \u201cV. A.\u201d de aquel informe expone sobre el Derecho a la vida como un derecho que puede estar comprometido en la pol\u00edtica p\u00fablica de seguridad ciudadana. En el p\u00e1rrafo 113 comienza a tratar las cuestiones sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. As\u00ed, menciona que el Estado tiene el derecho y la obligaci\u00f3n de brindar protecci\u00f3n a las personas que habitan su territorio cuando su seguridad se encuentre amenazada por situaciones de violencia, pudiendo incluir en situaciones concretas el uso de medios de fuerza letales, la cual constituye siempre el \u00faltimo recurso para asegurar los derechos amenazados frente a hechos delictivos o violentos.<\/p>\n\n\n\n

                Adem\u00e1s, ese tipo de intervenciones debe regirse estrictamente por los principios que aseguren la actuaci\u00f3n de las fuerzas policiales. \u201cAsimismo, la adecuaci\u00f3n de los procedimientos de los agentes estatales de seguridad a los par\u00e1metros internacionales significa que el empleo de la fuerza debe ser tanto necesario como proporcional a la situaci\u00f3n, es decir, que debe ser ejercido con moderaci\u00f3n y proporci\u00f3n al objetivo leg\u00edtimo que se persiga\u201d.[31]<\/a> <\/p>\n\n\n\n

                Indica tambi\u00e9n que el uso de la fuerza, incluido los medios de fuerza letales, se desarrollar\u00e1 bajo los principios de racionalidad, moderaci\u00f3n y progresividad.[32]<\/a><\/p>\n\n\n\n

                En el p\u00e1rrafo 118 se\u00f1ala que en el caso que deba hacerse uso de fuerza letal los agentes del Estado deber\u00e1n identificarse previamente como tales, a la vez de advertir que har\u00e1n uso de ese tipo de fuerza \u201cotorgando el tiempo suficiente para que depongan de esa actitud, excepto en aquellos casos en que exista un riesgo inminente para la vida o la integridad personas de terceras personas o de los mismos agentes estatales. La Comisi\u00f3n reitera que el uso de armas de fuego es una medida extrema\u2026\u201d.[33]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

                <\/em>Nuevamente hace referencia al principio de proporcionalidad y moderaci\u00f3n por parte de los agentes de seguridad del Estado, al mencionar que deben tener como regla de actuaci\u00f3n la reducci\u00f3n al m\u00ednimo de los da\u00f1os y lesiones que pudieran causar al agresor.[34]<\/a><\/p>\n\n\n\n

                <\/em>En el \u00faltimo p\u00e1rrafo de este ac\u00e1pite concluye \u201cEs imprescindible que los integrantes de los cuerpos policiales cuenten con el marco legal que les proporcione las seguridades y las garant\u00edas necesarias frente a la situaci\u00f3n extrema de tener que utilizar la fuerza letal en casos de leg\u00edtima defensa, circunstancia que puede derivar en la privaci\u00f3n de la vida de otra persona.<\/strong>\u201d[35]<\/strong><\/a><\/em>(el destacado nos pertenece).<\/p>\n\n\n\n

                Yendo a lo que aqu\u00ed nos compete, vemos que la tem\u00e1tica aqu\u00ed tratada tiene grave preocupaci\u00f3n a nivel internacional y es por ello que la Comisi\u00f3n elabor\u00f3 el informe mencionado, all\u00e1 por el a\u00f1o 2009, de cuya lectura se desprenden los l\u00edmites claros a la actuaci\u00f3n policial en leg\u00edtima defensa. En toda esa limitaci\u00f3n se observa un continuo llamado al principio de proporcionalidad, que resulta un eje central de este trabajo. Resta mencionar que, estos l\u00edmites a los que llama a adecuar la conducta del personal de seguridad deben ser impuestos por el propio Estado a quien, a su vez, corresponde sancionar los reglamentos internos que regulen la actividad con esos fines.<\/p>\n\n\n\n

                Vale destacar que, recientemente, en el a\u00f1o 2020, la Comisi\u00f3n public\u00f3 un comunicado de prensa frente a hechos ocurridos en Bogot\u00e1, Colombia en septiembre de ese a\u00f1o, donde expres\u00f3 su enf\u00e1tica condena<\/em> a los hechos de brutalidad policial, as\u00ed como su preocupaci\u00f3n por la presunta utilizaci\u00f3n de armas de fuego por parte de los agentes de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n

                Expres\u00f3 all\u00ed \u201cLa CIDH exhorta al Estado de Colombia a investigar y esclarecer estos hechos, as\u00ed como a juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, llama a las autoridades a ordenar el cese inmediato del uso desproporcionado<\/strong> de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado; y subraya que la actuaci\u00f3n de la polic\u00eda en el mantenimiento del orden p\u00fablico debe basarse estrictamente en los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad<\/strong>. Adem\u00e1s, la CIDH le recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestaci\u00f3n.\u201d[36]<\/strong><\/a><\/em>(el destacado nos pertenece).<\/p>\n\n\n\n

    5.b. Corte Interamericana de Derechos Humanos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Encontramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido en diversos conflictos en los que hizo un llamado espec\u00edfico a los distintos Estados a controlar el uso de la fuerza armada y\/o letal por parte del personal de las fuerzas de seguridad, debiendo proteger por sobre todas las cosas el derecho a la vida.<\/p>\n\n\n\n

    Aqu\u00ed vemos la aplicaci\u00f3n directa de pautas que la comisi\u00f3n ha marcado en reiteradas oportunidades (ver punto anterior). Como destacaremos, la Corte insiste en los est\u00e1ndares que se deben utilizar para evaluar el uso de la fuerza por parte del personal policial.[37]<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Encontramos por ejemplo el caso Nadege Dorzema y otros vs. Rep\u00fablica Dominicana<\/em>[38]<\/a> donde se estudi\u00f3 si existieron violaciones al derecho a la vida por parte del personal policial que en el marco de una persecuci\u00f3n caus\u00f3 la muerte de seis nacionales haitianos, un nacional dominicano y diez personas resultaron heridas.<\/p>\n\n\n\n

    En esta oportunidad analizaron tres tipos de acciones que le son requeridas al Estado. Preventivas[39]<\/a> (legislaci\u00f3n que regule el uso de la fuerza, dotar de armas al personal que le permitan adecuar su reacci\u00f3n al caso y capacitaci\u00f3n), concomitantes[40]<\/a> (legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad) y posteriores[41]<\/a> (deber de investigar).<\/p>\n\n\n\n

    En lo que hace a las acciones concomitantes (que tiene directa aplicaci\u00f3n al tema en estudio):<\/p>\n\n\n\n

    I. El uso de la fuerza siempre debe estar dirigido hacia un objetivo leg\u00edtimo que debe estar previsto por el reglamento jur\u00eddico (legalidad);<\/p>\n\n\n\n

    II. Verificar previamente la existencia de otros medios disponibles para tutelar la vida e integridad de la persona. Se destaca que, este requisito no se encuentra acreditado si la persona contra la que se pretende hacer uso de la fuerza no representa un peligro, incluso cuando el peligro sea perder la oportunidad de captura, no torna necesario el uso de la fuerza (absoluta necesidad);<\/p>\n\n\n\n

    III. El nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido. Se debe aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperaci\u00f3n, resistencia o agresi\u00f3n y en base a eso emplear t\u00e1cticas de negociaci\u00f3n, control o uso de la fuerza (proporcionalidad)[42]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    Podemos encontrar lineamientos similares en el caso de los hermanos Landaeta Mej\u00edas contra el Estado de Venezuela[43]<\/a>. En esta oportunidad, el 27 de agosto de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conden\u00f3 al Estado de Venezuela por la privaci\u00f3n arbitraria de la vida de ambos hermanos[44]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    Aqu\u00ed vemos que la Corte realiza nuevamente un estudio pormenorizado de los hechos y se refiere para ello a los tres tipos de acciones (preventivas, concomitantes y posteriores). Se destaca que en esta oportunidad brinda mayores lineamientos sobre el principio de proporcionalidad que aqu\u00ed nos interesa y explica en detalle la forma para determinarlo en el uso de la fuerza.<\/p>\n\n\n\n

    As\u00ed, en el p\u00e1rrafo 136 se\u00f1ala que: \u201cPara determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situaci\u00f3n que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situaci\u00f3n espec\u00edfica. Adem\u00e1s, este principio exige que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley busque en toda circunstancia reducir al m\u00ednimo los da\u00f1os y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona, as\u00ed como utilizar el nivel de fuerza m\u00e1s bajo necesario para alcanzar el objetivo legal buscado.\u201d[45]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    Seg\u00fan concluy\u00f3, los funcionarios no se adecuaron a los principios b\u00e1sicos sobre el uso de la fuerza[46]<\/a>. \u201cNo fue \u00f3bice para llegar a esa consideraci\u00f3n el hecho de que se hubiera dado la voz de alto y se hubieran efectuado disparos en el aire\u201d[47]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    Estos par\u00e1metros ya fueron seguidos con anterioridad por la Corte por ejemplo en el Caso Montero Aranguren y otros (Ret\u00e9n de Catia) Vs. Venezuela, cuya sentencia data del 5 de julio de 2006[48]<\/a>. En esa oportunidad hace un llamado particular al deber de actuar con proporcionalidad<\/em> por parte de los funcionarios del Estado.<\/p>\n\n\n\n

    Espec\u00edficamente, en p\u00e1rrafo 67 indica que: \u201cEl uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha estimado que s\u00f3lo podr\u00e1 hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerci\u00f3n cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los dem\u00e1s medios de control\u201d[49]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    Concretamente, se repite ese llamado continuo por parte de la Corte a limitar extremadamente el uso de la fuerza armada por parte de los funcionarios p\u00fablicos del Estado y, en particular, a hacer un uso proporcionado de ello. Estos son los par\u00e1metros que luego analizaremos en aplicaci\u00f3n al caso y nos brinda una escala de medici\u00f3n que estudiada conjuntamente con las distintas normas internacionales y nacionales, imponen un importante l\u00edmite al uso de la fuerza letal.<\/p>\n\n\n\n

                <\/em><\/strong>5. c. Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci\u00f3n del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 se adoptaron los \u201cPrincipios B\u00e1sicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley\u201d[50]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

                En dicho instrumento, podremos observar en los art\u00edculos 4\u00ba y 5\u00ba que disponen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempe\u00f1o de sus funciones, deben recurrir al uso de armas de fuego cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el resultado previsto y cuando ello sea inevitable, deber\u00e1n ejercerlo con moderaci\u00f3n y actuar\u00e1n en proporci\u00f3n<\/strong> a la gravedad del delito y al objetivo leg\u00edtimo que se persiga<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

                <\/em>Y en lo que aqu\u00ed nos ata\u00f1e, vale citar el art. 9 donde dispone que \u201cLos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplear\u00e1n armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, <\/strong>en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el prop\u00f3sito de evitar la comisi\u00f3n de un delito particularmente grave que entra\u00f1e una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y s\u00f3lo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, s\u00f3lo se podr\u00e1 hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida<\/strong><\/em>.<\/strong>\u201d (el destacado nos pertenece).<\/p>\n\n\n\n

                Luego de lo cual, brinda diversos par\u00e1metros a seguir en casos de tener que actuar haciendo uso de armas e incluso c\u00f3mo debe ser la capacitaci\u00f3n de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.<\/p>\n\n\n\n

                Esos mismos lineamientos fueron mencionados previamente en el C\u00f3digo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resoluci\u00f3n 34\/169, de 17 de diciembre de 1979[51]<\/a>. Este documento marc\u00f3 las bases del antes mencionado.<\/p>\n\n\n\n

    6. Normas internas para regular el actuar policial.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                En el \u00e1mbito nacional encontramos diversas normas que regulan el correcto actuar de los funcionarios p\u00fablicos, en particular en lo que aqu\u00ed nos ata\u00f1e, de las fuerzas de seguridad. En todas ellas, como ya dijimos, hallamos remisiones a las normas de la ONU que marcan estrictos l\u00edmites al actuar policial, haciendo eco del principio de proporcionalidad, regulando adem\u00e1s el uso de la fuerza desde un enfoque de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

                Veamos entonces:<\/p>\n\n\n\n

    -La ley nro. 24059de Seguridad Interior<\/strong>, en cuyo art\u00edculo 22 indica \u201cLos cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior no podr\u00e1n ser empe\u00f1ados en acciones u operaciones no previstas en las leyes de la Naci\u00f3n. Por otra parte, los aludidos cuerpos y fuerzas deber\u00e1n incorporar a sus reglamentos las recomendaciones del C\u00f3digo de \u00c9tica Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n

                – El Decreto 637\/03,<\/strong> el cual marca diversos lineamientos a seguir conforme el C\u00f3digo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (adoptado por la resoluci\u00f3n 34\/169 de la Asamblea General de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas de fecha 17\/12\/1979). As\u00ed, establece que la Polic\u00eda Federal Argentina, la Gendarmer\u00eda Nacional, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal deber\u00e1n presentar un informe anual sobre las medidas adoptadas para la difusi\u00f3n e implementaci\u00f3n del mencionado C\u00f3digo, aprobado por la Asamblea General de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. Adem\u00e1s, torna obligatoria la instrucci\u00f3n dentro de cada fuerza sobre el citado c\u00f3digo a cada uno de los integrantes, con car\u00e1cter obligatorio.<\/p>\n\n\n\n

                – La ley del Sistema Integral de Seguridad P\u00fablica en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires<\/strong> (nro. 5688), en particular en sus art\u00edculos 83[52]<\/a>y 95[53]<\/a>hace expresa referencia al mismo C\u00f3digo ya citado y a los \u201cPrincipios b\u00e1sicos sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley\u201d (adoptado por el 8vo. Congreso de la ONU, 27\/8 al 7\/9\/90). De aqu\u00ed resalta la \u00faltima parte del art. 95 donde adem\u00e1s expresamente refiere que el personal policial debe respetar \u201cal usar las armas el principio de proporcionalidad\u2026\u201d (lo que hasta aqu\u00ed se ha sostenido).<\/p>\n\n\n\n

                -La ley de Seguridad P\u00fablica<\/strong> nro. 2894 hace una especial referencia (arts. 26, 27 y 28) no solo a la forma de actuar de los polic\u00edas al hacerlo en leg\u00edtima defensa, sino adem\u00e1s al C\u00f3digo de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.<\/p>\n\n\n\n

                Esta normativa hace notar que desde la comunidad internacional se realizaron diversos llamados para concretar las acciones preventivas, concomitantes y posteriores (ver pto. 5. b.) por parte de cada uno de los Estados y de esta forma limitar con \u00e9nfasis el actuar policial, adecuando el uso de la fuerza -m\u00e1s aun, letal- como \u00faltimo recurso. Esto, como vemos, fue receptado por el Estado argentino y son estas pautas las que deben seguirse, desde el Poder Judicial, para estudiar la conducta del personal policial en caso como el que aqu\u00ed se trata.<\/p>\n\n\n\n

    7. Actuar policial y leg\u00edtima defensa. Requisito de proporcionalidad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Adentr\u00e1ndonos en lo que aqu\u00ed nos convoca encontramos un primer cuestionamiento sobre el cual expedirnos y es particularmente si un polic\u00eda en ejercicio de sus funciones puede o no actuar en leg\u00edtima defensa.<\/p>\n\n\n\n

    El primer impulso es decir que s\u00ed y que no aparece como descabellado pensarlo, pero autom\u00e1ticamente se presenta el interrogante sobre si su acci\u00f3n debe ser medida con los mismos par\u00e1metros que aquella ejecutada por cualquier ciudadano particular, pues recordemos que se trata de funcionarios p\u00fablicos estatales, que fueron instruidos no solo en las funciones propias de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n, sino adem\u00e1s en el manejo de armas, es decir que nos encontramos ante un sujeto con condiciones especiales y que en su instrucci\u00f3n profesional (acciones preventivas que fueron explicadas en el pto. 5. b.) se adentr\u00f3 en la normativa que disponen los reglamentos a los que su actuar se somete.<\/p>\n\n\n\n

    La leg\u00edtima defensa es un permiso excepcional que se concede a los ciudadanos para defender sus bienes, en situaci\u00f3n en que el Estado no est\u00e1 presente. A su vez, los polic\u00edas son funcionarios estatales que tienen la facultad de limitar derechos constitucionales (ante situaciones espec\u00edficas dentro del cumplimiento de su deber).<\/p>\n\n\n\n

                Repasemos lo que resolvi\u00f3 al Tribunal en el fallo en cuesti\u00f3n, justamente se le critic\u00f3 a Vega B\u00e1ez actuar con \u201cexceso intensivo de medios -aunque estos se hubieran presentado en un principio como razonables y proporcionados- (\u2026) su comportamiento parece superar en intensidad los l\u00edmites razonables de un obrar justificado, constituyendo en principio un abuso al derecho que la ley reconoce -art. 10 del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n-. Ello en tanto, si bien podr\u00eda sostenerse v\u00e1lidamente que el empleo del arma de fuego resultaba proporcional en las circunstancias de la acometida en la que se hallaba inmerso, tambi\u00e9n es posible afirmar, con el alcance requerido en esta etapa del proceso y a la vista de su condici\u00f3n profesional e instrucci\u00f3n recibida<\/strong>, que las opciones a su disposici\u00f3n se integraban por otras secuencias o alternativas diferentes o menos lesivas que la decisi\u00f3n de disparar en seis ocasiones sin dar avisos ni advertencias previos o ni detenerse m\u00ednimamente a comprobar las capacidades ofensivas de los agresores y el efecto causado por las primeras detonaciones\u201d[54]<\/strong><\/a><\/em>(la negrita nos pertenece).<\/p>\n\n\n\n

                Como aqu\u00ed vemos, la C\u00e1mara ya marca un claro lineamiento sobre la vara con la que medir la conducta, pues deben tenerse presente las caracter\u00edsticas especiales del sujeto, lo que permite sostener que el permiso para repeler la acci\u00f3n debe ser muy restringido. Con ello, nos adentramos en la proporcionalidad de la respuesta, pues si bien no existen l\u00edmites de estas caracter\u00edsticas para los ciudadanos (salvo los casos de grosera desproporci\u00f3n), toda vez que simplemente se exige que la defensa sea necesaria y racional<\/em>. En el caso de los polic\u00edas deber\u00e1 exigirse cierta proporcionalidad.<\/p>\n\n\n\n

                \u201cCon todo, aun si se aceptara que en el derecho positivo argentino rige el l\u00edmite de la proporcionalidad en la leg\u00edtima defensa de particulares, con seguridad este no tiene el mismo alcance que en la actuaci\u00f3n de la polic\u00eda. La legislaci\u00f3n nacional y, en particular, la de la ciudad de Buenos Aires remiten a las normas de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidades, que imponen l\u00edmites muy estrictos al actuar de los funcionarios policiales, basados en el principio de proporcionalidad\u201d.[55]<\/strong><\/a><\/em>Justamente, lo que hasta aqu\u00ed se mencion\u00f3 y describi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

                Este principio rige para toda actividad estatal y sobre todo para el actuar policial. En sentido amplio se divide en tres submandatos: el medio empleado debe ser adecuado, debe ser necesario y debe ser proporcional en sentido estricto. El examen de proporcionalidad en sentido estricto impone preguntar por la importancia de la realizaci\u00f3n del fin y por la intensidad de la limitaci\u00f3n del derecho fundamental[56]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

                Concretamente, ocurre que, a diferencia de las exigencias que rigen para los particulares, el da\u00f1o que cause el personal policial debe ser proporcional al que pretenden evitar, es decir que sus facultades son mucho m\u00e1s restringidas que las de los ciudadanos comunes.<\/p>\n\n\n\n

                Estos lineamientos se ven seguidos por todas las regulaciones del derecho policial, tal como veremos ellas atienden a las directivas trazadas por los instrumentos internacionales y han sido plasmadas en la normativa interna argentina dirigida en concreto al personal policial.<\/p>\n\n\n\n

                El uso de la fuerza por parte de los funcionarios de seguridad debe encontrar su l\u00edmite en las normas internacionales de derecho p\u00fablico interno e internacional, ello puesto que su acci\u00f3n no es espont\u00e1nea, sino que fue ensayada previamente y como funcionario p\u00fablico debe sujetar su actuar a las normas estatales.[57]<\/a> \u201cEn este sentido, creemos indispensable recurrir a los est\u00e1ndares internacionales de derecho internacional de los derechos humanos para limitar y constre\u00f1ir el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales\u201d[58]<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                Lo hasta aqu\u00ed expuesto permite sostener, haciendo eco de los l\u00edmites impuestos por los organismos internacionales, as\u00ed como por la normativa interna, la necesidad de contener el actuar en leg\u00edtima defensa por parte del personal de seguridad mediante el principio de proporcionalidad que rige su actividad.<\/p>\n\n\n\n

    8. Conclusiones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                En efecto, a partir de todo lo hasta aqu\u00ed se\u00f1alado y estudiado es posible afirmar que un funcionario p\u00fablico, en particular personal policial, puede actuar en leg\u00edtima defensa. Ahora bien, su actuar amparado en esa causa de justificaci\u00f3n no tiene los mismos requisitos que cualquier otro ciudadano. Se le deber\u00e1 exigir que act\u00fae con proporcionalidad<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

                Dicha exigencia tiene un fundamento en la necesidad de proteger el derecho a la vida, que se ha expuesto no solo en tratados internacionales, sino adem\u00e1s en reglamentos propios de la ONU, fallos de la Corte Interamericana e informes de la Comisi\u00f3n los que a su vez fueron receptados por el derecho interno de nuestro pa\u00eds y para ello se elaboraron reglamentos que delimitan el accionar policial, sobre todo en lo que hace al uso de la fuerza.<\/p>\n\n\n\n

                Se suma a ello que, adem\u00e1s, esas normas est\u00e1n dirigidas a personas que entrenan en el uso de la fuerza (incluso armada y letal), en funciones de prevenci\u00f3n y de represi\u00f3n, para as\u00ed convertirse en los representantes de la fuerza del Estado. Esto, deriva en la conclusi\u00f3n l\u00f3gica de que a ellos se les debe exigir un plus<\/em> en su actuar, no puede su acci\u00f3n ser medida con la misma vara que cualquier ciudadano lego.<\/p>\n\n\n\n

                M\u00e1s a\u00fan, estas exigencias tienen un fin superior que debe ser respetado por todos, m\u00e1s por ellos, que es la protecci\u00f3n del bien jur\u00eddico m\u00e1s valioso, la vida.<\/p>\n\n\n\n

                Incluso, no luce descabellado pensar en una eventual reforma del C\u00f3digo de fondo en donde se disponga que para que el actuar de un polic\u00eda se encuentre amparado en esta causa de justificaci\u00f3n se le impongan otros requisitos extras que a cualquier ciudadano.<\/p>\n\n\n\n

                Finalmente, nos parece interesante traer a colaci\u00f3n una cita del Material de Estudio Obligatorio de la Polic\u00eda de la Provincia de Buenos Aires del ciclo 2022 donde menciona, en su p\u00e1gina 29, que \u201ctodos los polic\u00edas de la provincia de Buenos Aires revisten estado policial las 24 horas del d\u00eda, los 365 d\u00edas del a\u00f1o, por lo que aunque se encuentren francos de servicio, deben de cumplir con sus derechos y obligaciones como personal policial, salvo que sean dados de baja.\u201d[59]<\/strong><\/a><\/em> Lo que da cuenta que, a nuestro entender (y aplicado a todas las fuerzas) siempre deber\u00e1 exig\u00edrsele los par\u00e1metros aqu\u00ed propuestos, particularmente porque la instrucci\u00f3n recibida en el uso de la fuerza y el comportamiento esperado no debe ser olvidado al concluir su jornada laboral.<\/p>\n\n\n\n

                El fallo aqu\u00ed tratado en particular, hizo menci\u00f3n a este principio y concluy\u00f3 que hubo un exceso por parte del polic\u00eda imputado al efectuar seis disparos cuando, teniendo en cuenta su formaci\u00f3n, pudieron haber sido menos. Algo que, a todas luces se comparte, pues es ese requisito el eje central del trabajo. Es parte esto tambi\u00e9n de adoptar acciones posteriores<\/em>, conforme lo expuesto en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver pto. 5.b.).<\/p>\n\n\n\n

    9. Bibliograf\u00eda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    – BACIGALUPO, Enrique: \u201cDerecho penal Parte general\u201d, 2\u00b0 edici\u00f3n, Buenos Aires, editorial Hammurabi, 2012, p\u00e1g. 351.<\/p>\n\n\n\n

    – COLMEGNA, Pablo D. y NASCIMBENE, Juan. \u201cLa leg\u00edtima defensa y el funcionario policial: \u00bfuso necesario o proporcional de la fuerza?\u201d publicado el 1\u00ba de marzo de 2016 en https:\/\/www.pensamientopenal.com.ar\/doctrina\/42963-leg\u00edtima-defensa-y-funcionario-policial-uso-necesario-o-proporcional-fuerza<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    – DORREGO, Marisol. \u201cL\u00edmites al uso de la fuerza por agentes estatales\u201d, publicado en https:\/\/www.corteidh.or.cr\/tablas\/r34444.pdf<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    – FRISTER, Helmut: \u201cDerecho penal Parte general\u201d, traducci\u00f3n de la 9\u00b0 edici\u00f3n alemana de Mar\u00eda de las Mercedes Galli y Marcelo Sancinetti, 2\u00aa edici\u00f3n, Buenos Aires, Hammurabi, 2022<\/p>\n\n\n\n

    – FRISTER, Helmut: \u201cDerecho penal Parte general\u201d, traducci\u00f3n de la 4\u00b0 edici\u00f3n alemana de Marcelo Sancinetti, 1 edici\u00f3n, Buenos Aires, Hammurabi, 2011.<\/p>\n\n\n\n

    – GRISETTI, Ricardo Alberto y ROMERO VILLANUEVA, Horacio. C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n. Comentado y anotado. Parte General. Thomson Reuters, La Ley, Buenos Aires, 2019.<\/p>\n\n\n\n

    – LERMAN, Marcelo D. y D\u00cdAS, Leandro A. (coordinadores), BEGUELIN, Jos\u00e9 R. (autor). \u201cLeg\u00edtima Defensa y actuaci\u00f3n policial\u201d publicado en \u201cResponsabilidad Penal del Funcionario Policial\u201d Ed. Editores del Sur. Bs. As. 2020<\/p>\n\n\n\n

    – MIR PUIG, Santiago: \u201cFundamentos de Derecho penal y Teor\u00eda del delito\u201d, Buenos Aires \u2013 Montevideo, ed. Bdef, 2019<\/p>\n\n\n\n

    – RIGHI, Esteban: \u201cDerecho Penal Parte General\u201d, 1\u00b0 edici\u00f3n, Buenos Aires, editorial Lexis Nexis, 2007.<\/p>\n\n\n\n

    – ROXIN, Claus: \u201cDerecho Penal. Parte General.\u201d, traducci\u00f3n de la 2\u00aa ed. Alemana por Luz\u00f3n Pe\u00f1a, Diego Manuel, Ed. Civitas, Madrid, Espa\u00f1a, 1997, T. I<\/p>\n\n\n\n

    – RUSCONI, Maximiliano y KIERSZENBAUM, Mariano. \u201cElementos de la parte general del derecho penal\u201d 1\u00aa ed. Hammburabi, Bs. As. 2020, p. 129.<\/p>\n\n\n\n

    – SOLER, Sebasti\u00e1n, Derecho Penal Argentino. Tea, Buenos Aires, 1970.<\/p>\n\n\n\n

    – ZAFFARONI, Eugenio Ra\u00fal y DE LANGHE, Marcela. \u201cC\u00f3digo Penal y normas complementarias\u201d. Es Hammurabi, Bs. As. 2016<\/p>\n\n\n\n

    – Material de estudio obligatorio de la Polic\u00eda de la Provincia de Buenos Aires del ciclo 2022. Publicado en https:\/\/www.mseg.gba.gov.ar\/areas\/ingresos\/Material%20de%20Estudio%20Obligatorio%202022.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n

    – https:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

    – https:\/\/www.corteidh.or.cr\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

    – https:\/\/www.ohchr.org\/es<\/a><\/p>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    [1]<\/a>CNCC, sala 6. \u201cVega Baez, B. y otro s\/ procesamiento y embargo\u201d CCC. 29861\/2022, de fecha 23 de agosto de 2022.<\/p>\n\n\n\n

    [2]<\/a>CNCC, sala 6. \u201cVega Baez, B. y otro s\/ procesamiento y embargo\u201d CCC. 29861\/2022, de fecha 23 de agosto de 2022. Acapite IV, b), p\u00e1rr. 4 y 5.<\/p>\n\n\n\n

    [3]<\/a>Transcripci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de su declaraci\u00f3n indagatoria realizada por la propia Sala 6 en el fallo en tratamiento.<\/p>\n\n\n\n

    [4]<\/a> BACIGALUPO, Enrique: \u201cDerecho penal Parte general\u201d, 2\u00b0 edici\u00f3n, Buenos Aires, editorial Hammurabi, 2012, p\u00e1g. 351.<\/p>\n\n\n\n

    [5]<\/a>MIR PUIG, Santiago. Fundamentos de Derecho Penal y Teor\u00eda del delito. BdeF, Bs. As. 2019, p. 189 y ss.<\/p>\n\n\n\n

    [6]<\/a>ARTICULO 34.-<\/strong> No son punibles: (\u2026)<\/p>\n\n\n\n

    6\u00ba. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:<\/p>\n\n\n\n

    a) Agresi\u00f3n ileg\u00edtima;<\/p>\n\n\n\n

    b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;<\/p>\n\n\n\n

    c) Falta de provocaci\u00f3n suficiente por parte del que se defiende.<\/p>\n\n\n\n

    Se entender\u00e1 que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el da\u00f1o ocasionado al agresor.<\/p>\n\n\n\n

    Igualmente, respecto de aqu\u00e9l que encontrare a un extra\u00f1o dentro de su hogar, siempre que haya resistencia;<\/p>\n\n\n\n

    [7]<\/a>7\u00ba. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocaci\u00f3n suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.<\/p>\n\n\n\n

    [8]<\/a>GRISETTI, Ricardo Alberto y ROMERO VILLANUEVA, Horacio. C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n. Comentado y anotado. Parte General.<\/em> Thomson Reuters, La Ley, Buenos Aires, 2019. T. II, p. 491 donde cit\u00f3 a DE LA R\u00d9A \u2013 TARIDITTI, Derecho Penal. Parte General, t.2, ps. 59-61<\/em><\/p>\n\n\n\n

    [9]<\/a>SOLER, Sebasti\u00e1n, Derecho Penal Argentino. Tea, Buenos Aires, 1970 Tomo I, P. 344.<\/p>\n\n\n\n

    [10]<\/a>MIR PUIG, Santiago.<\/a>op. Cit., p. 195.<\/p>\n\n\n\n

    [11]<\/a>ZAFFARONI, Eugenio Ra\u00fal y DE LANGHE, Marcela. \u201cC\u00f3digo Penal y normas complementarias\u201d. Es Hammurabi, Bs. As. 2016, T. 1, p. 769.<\/p>\n\n\n\n

    [12]<\/a>BACIGALUPO, Enrique. Op. Cit. P. 363 y ss.; en id\u00e9ntico sentido ver: RIGHI, Esteban, op. Cit. P. 276.<\/p>\n\n\n\n

    [13]<\/a> RUSCONI, Maximiliano y KIERSZENBAUM, Mariano. \u201cElementos de la parte general del derecho penal\u201d 1\u00aa ed. Hammburabi, Bs. As. 2020, p. 129..<\/p>\n\n\n\n

    [14]<\/a> CNCC, Sala 5, CCC710074344\/2012 \u201cG., D. R. s\/ lesiones leves\u201d de fecha 25 de marzo de 2015.<\/p>\n\n\n\n

    [15]<\/a> SOLER, Sebasti\u00e1n. Op. Cit. Tomo I, p. 350.<\/p>\n\n\n\n

    [16]<\/a> GRISETTI, Ricardo y ROMERO VILLANUEVA, Horacio. Op. Cit. p.495.<\/p>\n\n\n\n

    [17]<\/a> RUSCONI, Maximiliano y KIERSZENBAUM, Mariano. Op. Cit. p. 129\/130.<\/p>\n\n\n\n

    [18]<\/a> RIGHI, Esteban, op. Cit. P. 277.<\/p>\n\n\n\n

    [19]<\/a> BACIGALUPO, Enrique, op. Cit. p. 368.<\/p>\n\n\n\n

    [20]<\/a> RUSCONI, Maximiliano y KIERSZENBAUM, Mariano. Op. Cit. p. 129\/130 y RIGHI, Esteban, Op. Cit. P. 278.<\/p>\n\n\n\n

    [21]<\/a>ROXIN, Claus: \u201cDerecho Penal. Parte General.\u201d, traducci\u00f3n de la 2\u00aa ed. Alemana por Luzon Pe\u00f1a, Diego Manuel, Ed. Civitas, Madrid, Espa\u00f1a, 1997, T. I<\/a>, p. 629.<\/p>\n\n\n\n

    [22]<\/a>CNCC, Sala V, CCC51930\/2014 \u201cC., G. y otros s\/ homicidio -sobreseimiento-\u201c de fecha 6 de marzo de 2015. En igual sentido: CNCC, Sala 4, c\/n\u00ba 6694\/11 \u201cS., A. E.\u201d de fecha 23 de diciembre de 2014.<\/p>\n\n\n\n

    [23]<\/a> CNCC, Sala 4, CCC 71792\/2014 \u201cE., E. y otro s\/ lesiones graves\u201d de fecha 9 de marzo de 2016.<\/p>\n\n\n\n

    [24]<\/a>CNCC, Sala 4, CCC60304\/2016. \u201cR.M.R. s\/ procesamiento\u201d de fecha 2 de mayo de 2019<\/p>\n\n\n\n

    [25]<\/a> GRISETTI, Ricardo A. y ROMERO VILLANUEVA, Horacio. Op. Cit. p. 498<\/p>\n\n\n\n

    [26]<\/a> FRISTER, Helmut: \u201cDerecho penal Parte general\u201d, traducci\u00f3n de la 9\u00b0 edici\u00f3n alemana de Mar\u00eda de las Mercedes Galli y Marcelo Sancinetti, 2\u00aa edici\u00f3n, Buenos Aires, Hammurabi, 2022, p, 339. Consultado en: https:\/\/biblioteca.hammurabidigital.com.ar\/reader\/derecho-penal-parte-general-9a-ed?location=339<\/a><\/p>\n\n\n\n

    [27]<\/a> GRISETTI, Ricardo A. y ROMERO VILLANUEVA, Horacio. Op. Cit. p. 499<\/p>\n\n\n\n

    [28]<\/a>GRISETTI, Ricardo A. y ROMERO VILLANUEVA, Horacio. Op. Cit. p. 538.<\/p>\n\n\n\n

    [29]<\/a>CNCC, Sala 4, CCC60304\/2016. \u201cR.M.R. s\/ procesamiento\u201d de fecha 2 de mayo de 2019.<\/p>\n\n\n\n

    [30]<\/a> Puede ser consultado \u00edntegramente en https:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/<\/p>\n\n\n\n

    [31]<\/a>CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana, 31 de diciembre de 2009, p\u00e1rr. 114.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    [32]<\/a>CIDH, cit. par. 116<\/p>\n\n\n\n

    [33]<\/a>CIDH, cit. par. 118<\/p>\n\n\n\n

    [34]<\/a>CIDH, cit. par. 119<\/p>\n\n\n\n

    [35]<\/a>CIDH, cit. par. 120<\/p>\n\n\n\n

    [36]<\/a> Corte IDH, \u201cLa CIDH condena el uso excesivo de la fuerza policial y expresa preocupaci\u00f3n por hechos de violencia en el marco de las manifestaciones p\u00fablicas en Colombia\u201d, 16 de septiembre de 2020, Publicado en: https:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/prensa\/comunicados\/2020\/219.asp<\/p>\n\n\n\n

    [37]<\/a> Veremos en esta jurisprudencia que se hace menci\u00f3n a fuerzas estatales armadas, que pueden ser tanto policiales como militares, en lo que aqu\u00ed interesa tiene directa aplicaci\u00f3n a las fuerzas de seguridad interna (ya sea Polic\u00eda, Gendarmer\u00eda, Prefectura Naval, etc.)<\/p>\n\n\n\n

    [38]<\/a>Corte IDH, \u201cCaso NadegeDorzema y otros vs. Rep\u00fablica Dominicana\u201d, Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 24 de Octubre de 2012<\/p>\n\n\n\n

    [39]<\/a>Idem, ac\u00e1pite B. 1, p\u00e1rr. 79 y ss.<\/p>\n\n\n\n

    [40]<\/a> \u00cddem, ac\u00e1pite B. 2. P\u00e1rr. 83 y ss.<\/p>\n\n\n\n

    [41]<\/a> \u00cddem, ac\u00e1pite, B. 3., p\u00e1rr. 99 y ss.<\/p>\n\n\n\n

    [42]<\/a> DORREGO, Marisol. \u201cL\u00edmites al uso de la fuerza por agentes estatales\u201d, publicado en https:\/\/www.corteidh.or.cr\/tablas\/r34444.pdf<\/a>. Ver en el mismo sentido: \u201cCaso Zambrano V\u00e9lez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.\u201d Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, p\u00e1rr. 85.<\/p>\n\n\n\n

    [43]<\/a> Corte IDH, \u201cCaso hermanos Landaeta Mej\u00ecas y otros vs. Venezuela\u201d, sentencia del 27 de agosto de 2016 publicada en: https:\/\/corteidh.or.cr\/docs\/casos\/articulos\/seriec_281_esp.pdf<\/p>\n\n\n\n

    [44]<\/a>El caso se refiere a la muerte de Igmar Alexander Landaeta Mej\u00edas, de 18 a\u00f1os de edad, ocurrida el 17 de noviembre de 1996, y la detenci\u00f3n y muerte de su hermano Eduardo Jos\u00e9 Landaeta Mej\u00edas, de 17 a\u00f1os de edad, ocurridas el 29 y 31 de diciembre del mismo a\u00f1o, respectivamente. Dichos hechos se relacionan con amenazas, hostigamientos y actuaciones de los funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden P\u00fablico del estado de Aragua (CSOP) en Venezuela. La Corte determin\u00f3 que al momento de ocurrir los hechos exist\u00eda una seria problem\u00e1tica de abusos policiales en diversos estados de Venezuela, incluyendo el estado de Aragua. La Corte concluy\u00f3 que Venezuela era responsable internacionalmente por la privaci\u00f3n arbitraria de la vida de los hermanos Landaeta Mej\u00edas. En el caso de Igmar Alexander, con motivo del uso desproporcionado de la fuerza y en el caso de Eduardo Jos\u00e9, quien fue ejecutado mientras se encontraba bajo custodia de agentes estatales, situaciones que acarrearon otras violaciones conexas, las cuales se detallan en la Sentencia (ver: https:\/\/www.corteidh.or.cr\/docs\/comunicados\/cp_24_14.pdf)<\/p>\n\n\n\n

    [45]<\/a> Corte IDH, , \u201cCaso hermanos Landaeta Mej\u00ecas\u2026. op. Cit. p\u00e1rr. 136.<\/p>\n\n\n\n

    [46]<\/a>ONU, Principios b\u00e1sicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de cumplir la ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci\u00f3n del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.<\/p>\n\n\n\n

    [47]<\/a>COLMEGNA, Pablo D. y NASCIMBENE, Juan. \u201cLa leg\u00edtima defensa y el funcionario policial: \u00bfuso necesario o proporcional de la fuerza?\u201d publicado el 1\u00ba de marzo de 2016 en https:\/\/www.pensamientopenal.com.ar\/doctrina\/42963-leg\u00edtima-defensa-y-funcionario-policial-uso-necesario-o-proporcional-fuerza<\/a>, p. 420. Ver Corte IDH, \u201cCaso hermanos Landaeta Mej\u00edas\u2026\u201d p\u00e1rr. 138.<\/p>\n\n\n\n

    [48]<\/a>https:\/\/www.corteidh.or.cr\/docs\/casos\/articulos\/seriec_150_esp.pdf<\/p>\n\n\n\n

    [49]<\/a> Hace un llamado all\u00ed a: Caso del Centro Penitenciario Regional Capital Yare I y II. Medidas Provisionales. Resoluci\u00f3n de la Corte de 30 de marzo de 2006, considerando d\u00e9cimo quinto, e Internado Judicial de Monagas (La Pica). Medidas Provisionales. Resoluci\u00f3n de la Corte de 9 de febrero de 2006, considerando d\u00e9cimo s\u00e9ptimo.<\/p>\n\n\n\n

    [50]<\/a>Puede consultarse en https:\/\/www.ohchr.org\/es<\/a>\/instruments-mechanisms\/instruments\/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement<\/p>\n\n\n\n

    [51]<\/a>https:\/\/www.ohchr.org\/es\/instruments-mechanisms\/instruments\/code-conduct-law-enforcement-officials<\/p>\n\n\n\n

    [52]<\/a> Art\u00edculo 83.- En la actuaci\u00f3n del personal policial tienen plena vigencia los siguientes principios:<\/p>\n\n\n\n

    1.  El principio de sujeci\u00f3n a la ley, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y pr\u00e1cticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, as\u00ed como a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la Rep\u00fablica Argentina, el C\u00f3digo de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego<\/p>\n\n\n\n

    [53]<\/a>Art\u00edculo 95.- La regulaci\u00f3n sobre el uso de las armas de fuego est\u00e1 sujeta a los Principios B\u00e1sicos sobre Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y dem\u00e1s normativas internacionales y regionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. El personal policial debe respetar al usar las armas los principios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n

    [54]<\/a>P\u00e1rrafos 9 y 10 del fallo citado.<\/p>\n\n\n\n

    [55]<\/a>LERMAN, Marcelo D. y D\u00cdAS, Leandro A. (coordinadores), BEGUELIN, Jos\u00e9 R. (autor). \u201cLeg\u00edtima Defensa y actuaci\u00f3n policial\u201d publicado en \u201cResponsabilidad Penal del Funcionario Policial\u201d Ed. Editores del Sur. Bs. As. 2020, p. 148.<\/p>\n\n\n\n

    [56]<\/a>Idem, p. 149 donde cit\u00f3: CL\u00c9RICO, El Examen de proporcionalidad en el Derecho Constitucional, Eudeba, Buenos Aires, 2009, p. 24 y ss. y 163.<\/p>\n\n\n\n

    [57]<\/a>COLMEGNA, Pablo D. y NASCIMBENE, Juan. Op. Cit. p. 409<\/p>\n\n\n\n

    [58]<\/a>Idem, p. 409<\/p>\n\n\n\n

    [59]<\/a> Ver en: https:\/\/www.mseg.gba.gov.ar\/areas\/ingresos\/Material%20de%20Estudio%20Obligatorio%202022.pdf<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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