{"id":8495,"date":"2023-07-07T07:40:12","date_gmt":"2023-07-07T10:40:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/?p=8495"},"modified":"2023-07-07T07:40:15","modified_gmt":"2023-07-07T10:40:15","slug":"la-prohibicion-de-reformatio-in-pejus-en-el-recurso-fiscal-escalonado-pablo-andres-vacani-y-lucia-laporte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/la-prohibicion-de-reformatio-in-pejus-en-el-recurso-fiscal-escalonado-pablo-andres-vacani-y-lucia-laporte\/","title":{"rendered":"La prohibici\u00f3n de reformatio in pejus en el recurso fiscal escalonado – Pablo Andr\u00e9s Vacani y Luc\u00eda Laporte"},"content":{"rendered":"

(Autores: Vacani, Pablo Andr\u00e9s y Laporte, Luc\u00eda \/ Fecha: 07\/07\/2023 \/ Art\u00edculos DPISA \/ Cita online: DPISA \u2013 ART \u2013 00006)<\/em><\/p>\n\n\n

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I.- Introito.<\/strong><\/p>\n

 Se explica que la prohibici\u00f3n de reformatio in peius<\/em> es la prohibici\u00f3n de reformar en perjuicio aquello que ha sido cuestionado en materia recursiva. Por lo tanto, recae sobre el tribunal superior una competencia estricta: una decisi\u00f3n impugnada no puede ser reformada en contra de quien ha apelado cuando solamente fue recurrida por \u00e9l o por otra persona en su favor[1]<\/a>. Consecuentemente, la Alzada incurre en un exceso de jurisdicci\u00f3n o competencia al resolver temas o agravios no planteados.<\/p>\n

    Presentado de ese modo, la cuesti\u00f3n aparentar\u00eda resultar sencilla: quien recurre no puede verse perjudicado por ello. Sin embargo, ese \u00e1mbito de regulaci\u00f3n por dicha garant\u00eda puede escapar a lo estrictamente jurisdiccional y aparecer en lo que damos en llamar \u201crecurso fiscal escalonado\u201d. Sucede que por derivaci\u00f3n de las diversas facultades del recurso fiscal en instancias superiores a la del tribunal de origen, los agravios se vayan mutando y escalonadamente, formen nuevos argumentos en contra de una anterior decisi\u00f3n en beneficio del imputado, que habilitar\u00eda \u2013 sin contradictorio- a la decisi\u00f3n \u00faltima de los jueces.<\/p>\n

 Entonces, excluyendo el caso de los recursos fiscales en contra de las sentencias absolutorias relativo al problema del ne bis in \u00eddem<\/em>[2]<\/a>, otros problemas comienzan advertirse no s\u00f3lo relativo a la expansi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n para la parte acusadora sino al hecho ampliarse los l\u00edmites objetivos que presenta el recurso fiscal en la v\u00eda extraordinaria respecto de cuestiones de \u00edndole federal[3]<\/a>. <\/p>\n

  La actual conformaci\u00f3n de la Corte Suprema caracteriz\u00f3 este situaci\u00f3n frente a las anteriores limitaciones recursivas que se plantearan en sede extraordinaria, e incluso m\u00e1s all\u00e1 que el recurso fiscal \u2013 el recurso de la v\u00edctima fue tratado tras varios a\u00f1os, considerando las facultades que tiene para sortear las limitaciones objetivas del art. 458 CPPN[4]<\/a>-.<\/p>\n

  Lo cierto es que en mayor medida, la extensi\u00f3n de la v\u00eda recursiva adquiri\u00f3 en el \u00faltimo tiempo nuevas potestades que han permitido a la Corte -en su conformaci\u00f3n actual-, revertir en sede extraordinaria fallos no s\u00f3lo relevantes en favor de los derechos de los imputados y al alcance dado a garant\u00edas constitucionales sino claramente seleccionados respecto de una determinada Sala de la Casaci\u00f3n Federal[5]<\/a>. En todos estos se revocaron absoluciones y nulidades invoc\u00e1ndose \u201cel compromiso internacional del Estado Argentino en la lucha contra el narcotr\u00e1fico\u201d[6]<\/a>.<\/p>\n

  Sin embargo, el caso \u201cAlvarez, Guillermo\u201d[7]<\/a> en el que la Corte revocara otro fallo de la Sala II de la Casacion Federal marca un caso paradigm\u00e1tico en el que se manifiesta con mayor consideraci\u00f3n el alcance del \u201crecurso fiscal escalonado\u201d. La trascendencia de este precedente por tratar la determinaci\u00f3n de las penas perpetuas con accesoria de reclusi\u00f3n ha tenido tal magnitud que, el hecho de impedir al imputado un recurso amplio contra la sentencia por cuestiones que \u201cescalonadamente\u201d fuera introduciendo la fiscal\u00eda, formara parte de una presentaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte IDH[8]<\/a>.<\/em><\/p>\n

 <\/em>Para introducir la cuesti\u00f3n tra\u00edda al caso, en primer t\u00e9rmino se realizar\u00e1 una breve exposici\u00f3n de la reformatio in pejus<\/em> como garant\u00eda propia del debido proceso legal y, sobre todo, como una manifestaci\u00f3n concreta del derecho de defensa en juicio. Se analizar\u00e1 ello limit\u00e1ndonos a la evoluci\u00f3n que \u00e9sta tuvo, mediante avances y retrocesos, en una primera etapa durante el siglo pasado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n

En segundo lugar, se explicar\u00e1n el paulatino retroceso a \u00e9sta en la actual conformaci\u00f3n de la Corte Suprema. Ello ser\u00e1 presentado partiendo de la utilizaci\u00f3n del principio \u201cnovit iura curia\u201d con un mecanismo dirigido a la correcci\u00f3n de errores o fallas de la acusaci\u00f3n y, asimismo, presentado como una forma de desvirtuar el objeto del litigio penal.<\/p>\n

Tras ello avanzaremos en la noci\u00f3n de \u201crecurso fiscal escalonado\u201d como variable de la reformatio in pejus. Se propone realizar un an\u00e1lisis de esta noci\u00f3n como m\u00e1xima expresi\u00f3n del modo en desnaturalizar la garant\u00eda en estudio. Tomaremos el caso \u201cAlvarez\u201d de la CSJN a trav\u00e9s del cual haremos hincapi\u00e9 en la relaci\u00f3n entre el recurso fiscal y reformatio in pejus. Se realizar\u00e1 luego el alcance de ello respecto de la interpretaci\u00f3n de la ley org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico Fiscal y explicaremos de qu\u00e9 modo las amplias facultades del recurso fiscal exceden el propio \u00e1mbito de regulaci\u00f3n de su competencia.<\/p>\n

II.- Un recorrido necesario en la jurisprudencia de la Corte Suprema.<\/strong><\/p>\n

 La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n sostiene desde \u201cG\u00f3mez\u201d \u2013de 1956- el raigambre constitucional de la garant\u00eda[9]<\/a>. En esa oportunidad, el m\u00e1ximo tribunal sostuvo en forma clara y, sin lugar a dudas, que la competencia de un tribunal de apelaciones en materia penal se encuentra dada por la medida del recurso y, en consecuencia, una sentencia dictada por fuera de los agravios que delimitan su competencia conlleva una flagrante afectaci\u00f3n constitucional[10]<\/a>. Expresamente refiri\u00f3 \u201c…tan desprovista de soportes legales resultar\u00eda una condena <\/em>de primera instancia sin acusaci\u00f3n, como una condena <\/em>de segunda instancia sin apelaci\u00f3n.\u201d<\/em><\/p>\n

Ese mismo a\u00f1o, en el fallo \u201cMonzo\u201d[11]<\/a>, la Corte reforz\u00f3 esa senda en un caso de similares caracter\u00edsticas. Mientras que en \u201cGomez\u201d se trataba de una absoluci\u00f3n en primera instancia por el delito de homicidio, apelado por el Fiscal, pero luego no mantenido por el Fiscal de C\u00e1mara, sin perjuicio de lo cual la C\u00e1mara entendi\u00f3 respecto del primer recurso, condenado a Gomez. En este caso, Monzo hab\u00eda sido condenado a una pena de prisi\u00f3n, ambas partes apelaron dicha pena. Sin embargo, el Fiscal de C\u00e1mara no mantuvo el recurso, sin perjuicio de lo cual la C\u00e1mara lo conden\u00f3 a una pena superior a la anteriormente impuesta. La Corte, remiti\u00e9ndose a Gomez, expres\u00f3 que un recurso Fiscal no mantenido en segunda instancia importa, sin m\u00e1s, una resoluci\u00f3n sin jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Luego de este auspicioso comienzo de la jurisprudencia relativa a la reformatio in pejus <\/em>en nuestro superior tribunal, se evidenci\u00f3 un ida y vuelta relativo a su aplicaci\u00f3n marcado por los precedentes \u201cAmorosino\u201d[12]<\/a>, \u201cLupo Estrella\u201d[13]<\/a>  y \u201cLanci\u201d[14]<\/a>.<\/p>\n

 El est\u00e1ndar establecido en \u201cGomez\u201d fue mantenido en \u201cAmorosino\u201d de 1978, al sostener la Corte Suprema la jerarqu\u00eda constitucional de la prohibici\u00f3n, y que al no mediar recurso acusatorio alguno, la agravaci\u00f3n de la pena afecta de manera ileg\u00edtima la situaci\u00f3n del condenado lesionando, de ese modo, la defensa en juicio, contemplada por el art. 18 de la Constituci\u00f3n Nacional[15]<\/a>.<\/p>\n

 <\/em>De ese modo, el M\u00e1ximo Tribunal erige, nuevamente y sin duda alguna, la jerarqu\u00eda constitucional a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus<\/em>.<\/p>\n

En 1980, se suma a la trayectoria del tema en las decisiones de la Corte, el fallo \u201cLlada\u201d[16]<\/a> en donde la Corte estableci\u00f3 que era necesario demostrar que la situaci\u00f3n procesal del imputado se ha visto agravada por la decisi\u00f3n de la Alzada para as\u00ed poder sostener una violaci\u00f3n al principio estudiado. En dicha causa, se conden\u00f3 a Llada a la pena de dos a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso e inhabilitaci\u00f3n para conducir automotores por el t\u00e9rmino de ocho a\u00f1os por los delitos de homicidio y lesiones culposas en concurso ideal. La defensa de Llada apel\u00f3 dicha decisi\u00f3n, y la C\u00e1mara resolvi\u00f3 condenar ahora a la pena de un a\u00f1o de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo. La Corte, mediante afirmaciones cuanto menos cuestionables, refiri\u00f3 que en realidad la pena, aunque transformada en una de cumplimiento efectivo, temporalmente hab\u00eda quedada reducida a la mitad, y demostrar la gravedad relativa de las penas era una cuesti\u00f3n de derecho com\u00fan extra\u00f1o a la \u00f3rbita de un recurso extraordinario.<\/p>\n

 M\u00e1s all\u00e1 de esas consideraciones, el camino iniciado en \u201cGomez\u201d sufrir\u00eda una bifurcaci\u00f3n mediante el decisorio en \u201cEstrella Lupo\u201d[17]<\/a> de 1981, en donde se sostuvo que:<\/p>\n

No constituye \u201creformatio in pejus\u201d el hecho que la sentencia haya elevado el tope de la pena fijada en el anterior pronunciamiento \u2013 dejado sin efecto a ra\u00edz de una nulidad decretada con motivo de la petici\u00f3n de la defensa \u2013 si al anularse el fallo se han revertido los poderes del a quo, cuyos l\u00edmites se encuentran fijados nuevamente en los recursos interpuestos contra el de la instancia inferior. Ello no se modifica por la circunstancia de que la ulterior actividad jurisdiccional se originara por un impulso procesal desarrollado exclusivamente por la defensa, pues la posibilidad de que el proceso culmine con una condena a\u00fan mayor es un riesgo previsible que debe asumir quien utiliza un poder discrecional<\/em>.<\/p>\n

Bajo esa tesitura, entonces, quien plantea un recurso debe considerar el riesgo potencial de perjudicar su situaci\u00f3n actual, cercenando o al menos poniendo en duda el derecho a recurrir que lo acompa\u00f1a. La evaluaci\u00f3n a realizar por quien se agravia de una decisi\u00f3n jurisdiccional ser\u00eda la de recurrir la sentencia o aceptarla ante el peligro de resultar a\u00fan m\u00e1s perjudicial la nueva decisi\u00f3n jurisdiccional.<\/p>\n

            No obstante, la Corte Suprema retom\u00f3 el sendero pautado por \u201cGomez\u201d y \u201cAmorosino\u201d en el fallo \u201cLanci\u201d de 1985 -con el regreso de la democracia a nuestro pa\u00eds-, estableciendo como est\u00e1ndar que no permite discusi\u00f3n la jerarqu\u00eda constitucional conforme art. 18 Constituci\u00f3n Nacional a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus<\/em> cuando no media recurso acusatorio[18]<\/a>.<\/p>\n

 De ese decisorio, adem\u00e1s puede desprenderse la importancia que el m\u00e1ximo tribunal le otorga a la prohibici\u00f3n en cuanto a que si bien consider\u00f3 que legal y procesalmente era solamente dicho principio aplicable a Scida (uno de los dos imputados), extendi\u00f3 sus consecuencias a Lanci en las siguientes palabras:<\/p>\n

Que, en relaci\u00f3n a Oscar Rafael Lanci, cabe advertir que el recurso extraordinario de nulidad fue rechazado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sobre la base de considerar que la existencia de reformatio in pejus no era un agravio susceptible de ser reparado por esa v\u00eda [\u2026] La estricta aplicaci\u00f3n de la doctrina seg\u00fan la cual la apelaci\u00f3n federal resulta tard\u00eda [\u2026] traer\u00eda aparejada, en circunstancias normales, la improcedencia del recurso. Pero es del caso se\u00f1alar que, con ocasi\u00f3n de resolver la objeci\u00f3n articulada en el mismo escrito de fs. 575\/586, en favor de Carlos Alberto Scida, esta Corte ha considerado precedentemente que se desconoci\u00f3 la prohibici\u00f3n constitucional de la reformatio in pejus, lo que motiva la revocaci\u00f3n de la condena dictada en su contra. En la especie, la similitud existente entre la condena dictada del nombrado Scida y la de Oscar Rafael Lanci, aparecer\u00eda contradicha por una decisi\u00f3n del Tribunal que, por imperio de obst\u00e1culos procesales, llevara a la inadmisible circunstancia de que, existiendo respecto de ambos recurrentes agravio federal fundado en la existencia de reformatio in pejus, la queja de s\u00f3lo uno de aqu\u00e9llos sea atendida, lo cual no solamente lesiona la defensa en juicio y al debido proceso legal que le corresponden al otro, sino, adem\u00e1s, la conciencia de la comunidad<\/em>.<\/p>\n

 En el intento por justificar su existencia, la afectaci\u00f3n del derecho de defensa en juicio suele ser esgrimida de manera expl\u00edcita[19]<\/a>, explic\u00e1ndose que la violaci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus<\/em> afecta el derecho del imputado de poder acceder a una adecuada defensa, vi\u00e9ndose sorprendido por una situaci\u00f3n desfavorable, motivada por el recurso interpuesto \u201ca su favor\u201d.<\/p>\n

  As\u00ed lo explica Alejando Carri\u00f3 quien la conecta con la garant\u00eda de defensa en su sentido gen\u00e9rico[20]<\/a>. En este sentido se expidi\u00f3 la Corte en los primeros precedentes del tema, en \u201cGomez\u201d, explicado ut supra, la Defensa al interponer el recurso extraordinario, entendi\u00f3 que se hab\u00eda afectado la defensa en juicio, motivo por el cual explic\u00f3 que \u201cno han sido respetadas en el caso la garant\u00eda de la defensa\u2026 ni el derecho a la absoluci\u00f3n adquirido a ra\u00edz del desestimiento del recurso acordado contra la sentencia que la hab\u00eda declarado<\/em>\u201d. De este modo, fue el comienzo de varios precedentes en donde la Corte explic\u00f3 que la vulneraci\u00f3n al principio estudiado lesiona el derecho de defensa del acusado[21]<\/a>.<\/p>\n

  Del mismo modo, el debido proceso figura entre los argumentos centrales en pos de mantener la plena vigencia de la prohibici\u00f3n. Suele ser mencionado como uno de los aspectos centrales del principio, limitando las potestades del \u00f3rgano superior a las planteadas por las partes, asegur\u00e1ndose de ese modo las formas del proceso y manteni\u00e9ndolo adecuado a la ley. En este sentido, el respeto de las partes por el rol de cada una y la no superposici\u00f3n de ellos es protegida a trav\u00e9s del principio.<\/p>\n

 Ha explicado tambi\u00e9n la Corte Suprema que, conforme su propia doctrina, la prohibici\u00f3n que analizamos, posee jerarqu\u00eda constitucional en caso de no mediar recurso del Ministerio P\u00fablico Fiscal \u201c\u2026por lo cual toda sentencia que ignore este principio resulta inv\u00e1lida en tanto importa que ha sido dictada sin jurisdicci\u00f3n, afectando de manera ileg\u00edtima la situaci\u00f3n obtenida por el encausado merced al pronunciamiento consentido por el Ministerio P\u00fablico en la instancia inferior, lo que lesiona la garant\u00eda contemplada en el art. 18 de la Constituci\u00f3n Nacional<\/em>\u201d[22]<\/a>.<\/p>\n

El propio Velez Mariconde sosten\u00eda que \u00abla unidad esencial de objeto entre la acusaci\u00f3n y la sentencia no se exige por amor a la simetr\u00eda sino para asegurar la defensa del acusado, para evitar que a \u00e9ste se lo condene por un hecho que no tuvo en cuenta<\/em>\u00ab[23]<\/a>. Esta condena puede ser interpretada de un modo amplio, es decir, vigente durante cualquier instancia o de diferentes maneras en el proceso; incluy\u00e9ndose una agravaci\u00f3n de su pena o de su situaci\u00f3n procesal de cualquier modo, por ejemplo, mediante una nueva interpretaci\u00f3n que lo excluya de uno o varios beneficios durante la ejecuci\u00f3n de su pena.<\/p>\n

III.- Sistema acusatorio y reformatio in pejus<\/strong><\/p>\n

  Habiendo analizado el contenido que la garant\u00eda ha tenido en cierta evoluci\u00f3n de la jurisprudencia de la Corte es posible advertir cierto camino dirigido al problema que la garant\u00eda puede presentar en ciertos casos al desdibujarse la funci\u00f3n del principio aludido y el sistema acusatorio.<\/p>\n

  A esta altura nadie niega que en un modelo de enjuiciamiento penal diagramado por la Constituci\u00f3n Nacional no existe proceso sin acusaci\u00f3n formulada por aquel \u00f3rgano diferente al que debe juzgar[24]<\/a>. De esa manera, la funci\u00f3n de perseguir y acusar debe ser diferenciada de aquella de juzgar y punir, coloc\u00e1ndose dichas jurisdicciones y competencias en \u00f3rganos diferenciados.<\/p>\n

Hoy podemos realizar dicha afirmaci\u00f3n sin hesitaci\u00f3n alguna, como resultado de cambios profundos en los procedimientos procesales, que viraron \u2013 simplificando la cuesti\u00f3n toda vez que excede el marco de la presente- desde los inquisitivos hacia los acusatorios. Se concibe al Ministerio P\u00fablico Fiscal como el \u00f3rgano encargado de la persecuci\u00f3n penal, diferente a quien es llamado a resolver.<\/p>\n

Sin perjuicio de la posible claridad de dichas afirmaciones, cierto es que, tal como afirma Maier, su competencia, su rol, su organizaci\u00f3n interna y su posici\u00f3n dentro del servicio de justicia contin\u00faan hasta el d\u00eda de hoy evidenci\u00e1ndose como conflictivas y motivos de \u201c\u00e1speros debates\u201d[25]<\/a>, tal como el que aqu\u00ed analizamos. En realidad, dichos debates surgen dado que no se encuentra resuelto el problema de base que ser\u00eda el de establecer el papel real de la Fiscal\u00eda en el procedimiento, delimitando claramente el su alcance, y las atribuciones que le son propias a otras instituciones, como el Juez o la Defensa.<\/p>\n

Maier explica que la Fiscal\u00eda cumple una funci\u00f3n de control hacia otras \u00e1reas, en lo que aqu\u00ed interesa, la imparcialidad del tribunal, consistente en \u201cevitar que hip\u00f3tesis y tesis pertenezcan a las mismas  personas o sean elaboradas por personas id\u00e9nticas, como cuando sucede cuando no imperan los principios nemo iudex sine actore y en procedat iudex ex officio, y el tribunal conoce por determinaci\u00f3n e impulso propios<\/em>\u201d[26]<\/a><\/p>\n

De este modo, el representante del Ministerio P\u00fablico es quien excita y acciona la potestad estatal de investigar y luego acusar donde considere conveniente y es el \u00e1mbito jurisdiccional quien ejerce el rol de juzgar dichas acusaciones \u2013en funci\u00f3n de la teor\u00eda diferenciada que plantea la contraparte- y establecer las consecuencias jur\u00eddicas aplicables al autor del hecho. No deben combinarse dichos roles, ni confundirse, ni de modo alguno mezclarse.<\/p>\n

Por lo tanto, no resulta competente el juez ni conforma su jurisdicci\u00f3n el salvar la pretensi\u00f3n punitiva del Estado (representada por el Fiscal o por un particular), ni siquiera colaborar en la investigaci\u00f3n o en la formulaci\u00f3n de los agravios en las diferentes etapas recursivas. El juez debe objetivamente dirimir y juzgar seg\u00fan lo planteado por las partes a su conocimiento, tal es el rol de un tercero imparcial. De otro modo, se mantendr\u00edan rasgos del sistema inquisitivo, reduciendo al Fiscal a un mero auxiliar de la judicatura.<\/p>\n

Lo explicado busca proteger el sistema acusatorio instaurado constitucionalmente \u2013como se dijera- manteniendo las formas sustanciales del proceso \u201cacusaci\u00f3n, defensa, prueba y sentencia\u201d de acuerdo a cada participante del proceso penal. Pero, si bien es cierto que hoy la vigencia de la prohibici\u00f3n aludida es indiscutible, nos encontramos con decisiones judiciales en donde el juez o jueza advierte errores y se dispone a \u201csalvarlos\u201d, excediendo, como se viene explicando, su rol, jurisdicci\u00f3n y competencia.<\/p>\n

En ese sendero, el aforismo iura novit curia<\/em>, conocido como \u201cel Juez conoce el derecho\u201d, ha representado un escollo para el normal desarrollo del principio acusatorio. Si bien parece una verdad de Perogrullo, en cuanto inocentemente establece que quien sabe las leyes y conoce su aplicaci\u00f3n es el \u00f3rgano encargado del juzgamiento, el concepto detr\u00e1s de dicho adagio instauran en el proceso resabios del proceso inquisitivo que no pueden continuar vigentes en un Estado de derecho del siglo XXI.<\/p>\n

Bien se ha planteado acerca de su constitucionalidad[27]<\/a>, no obstante poco se ha analizado del alcance que debe otorgarse dentro de los recursos a dicho aforismo. El principio iura novit curia, entiende que los jueces pueden incorporar en sus decisiones normas, interpretaciones y principios que una parte haya podido olvidar incluir, dado que el Juez conoce y sabe el derecho, por lo que dicha falencia no puede implicar que quede afuera del tema decidendum. Por estricta aplicaci\u00f3n de este principio, en consecuencia, el Juez podr\u00eda suplantar omisiones o deficiencias en las argumentaciones o planteos de las partes., y si bien ello podr\u00eda resultar conveniente para otras \u00e1reas del derecho, en cuanto a recursos penales en manos del Ministerio P\u00fablico Fiscal, se trata de un atropello a las funciones otorgadas tanto al representante de la vindicta p\u00fablica como a los derechos que asisten a los acusados.<\/p>\n

 Tal como resolviera en \u201cEstrella Lupo\u201d, la Corte ha sostenido en algunas oportunidades la vigencia de dicho principio[28]<\/a>.<\/p>\n

 Pareciera que es la postura tambi\u00e9n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el principio jura novit curia<\/em>, al sostener que es un principio procesal que da a los jueces facultades de traer normas de interpretaci\u00f3n, normas procesales y principios que un demandante o un demandado hubieran podido olvidar y que el juzgador, porque los conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una err\u00f3nea decisi\u00f3n o, si se quiere, una denegaci\u00f3n de justicia[29]<\/a>.<\/p>\n

            No obstante, de una simple lectura detenida de la postura explicada puede advertirse que ello no es de aplicaci\u00f3n a un sistema penal acusatorio, en donde, de sostenerse esa ideolog\u00eda, simplemente se desvirtuar\u00eda el sistema en su totalidad. Ni nos encontramos con demandante ni demandado, ni el juez debe aplicar las normas que las partes no hayan aludido para salvaguardar errores de \u00e9stas.<\/p>\n

   Las \u201cfallas\u201d en las que pudiera incurrir el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal en un proceso acusatorio, por aplicaci\u00f3n del principio constitucional de inocencia, redundan en un sobreseimiento o absoluci\u00f3n, no resultando resorte del juez ni de otros superiores salvaguardar esa acci\u00f3n penal \u201cmal lograda\u201d. Es decir, la norma constitucional ya tiene una soluci\u00f3n ante esos errores y no es \u2013justamente- la actuaci\u00f3n del juez, sino la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de la presunci\u00f3n de inocencia y, en consecuencia, el in dubio pro reo, como espec\u00edfica carga de la fiscal\u00eda en el contenido de su actividad.<\/p>\n

 Decir en contrario, excede la jurisdicci\u00f3n del juez, resultando incompatible con el debido proceso. La CSJN sostiene que las hip\u00f3tesis de \u201cprobabilidad\u201d o \u201cverosimilitud\u201d, no  son grados de conocimiento suficientes que permitan destruir el estado constitucional de inocencia, por lo que en esos casos corresponde la absoluci\u00f3n sin m\u00e1s[30]<\/a>.  Es decir, cuando el Ministerio Publico Fiscal no consigue, con la teor\u00eda del caso planteada, alcanzar un nivel de certeza mayor que probabilidad o verosimilitud, entonces al Juez imparcial le corresponde la aplicaci\u00f3n del in dubio pro reo.<\/p>\n

Se trata de una de las m\u00e1s importantes reglas de interpretaci\u00f3n positiva que rigen nuestro ordenamiento, en tanto posibilitan elegir una de las posibilidades de entre varias que parezcan como plausibles, priorizando un principio constitucional como es el principio de inocencia por sobre reglas o normas que regulan el procedimiento.<\/p>\n

 De este modo ha resuelto la Corte Suprema en el famoso caso conocido como \u201cMasacre de Pompeya\u201d, en 2016, que como una consecuencia directa de esa garant\u00eda constitucional, si no puede explicarse racionalmente la responsabilidad de un acusado, o si con las pruebas producidas por el Ministerio P\u00fablico Fiscal no puede arribarse a un juicio de certeza positiva, resulta decisivo que el Juez mantenga una posici\u00f3n neutral, incluso, frente a un descargo del acusado que pudiera considerarse \u201cpoco veros\u00edmil\u201d. En ese contexto, y en esa posici\u00f3n neutral, debe contemplar siempre la alternativa de la presunci\u00f3n de inocencia, explic\u00e1ndola como \u201cel reverso de la garant\u00eda de imparcialidad del tribunal<\/em>\u201d[31]<\/a>.<\/p>\n

IV.- \u201cAlvarez\u201d de la CSJN como primera manifestaci\u00f3n de recurso fiscal escalonado.<\/strong><\/p>\n

 El fallo Alvarez merece ser tratado con singularidad por el modo en que por primera vez la Corte se ha expedido de un modo altamente cuestionable afect\u00e1ndose la prohibici\u00f3n de la reformatio in peius<\/em> sin cuestionar las condiciones de admisibilidad de un \u201crecurso fiscal escalonado\u201d, en tanto le imped\u00edan tratar cuestiones a las que el propio Alvarez se encontraba impedido de controvertir en otra instancia recursiva[32]<\/a>.<\/p>\n

 \u201cEl Concheto Alvarez\u201d fue condenado a la pena \u00fanica de reclusi\u00f3n perpetua y reclusi\u00f3n por tiempo indeterminado el d\u00eda 22 de marzo de 2011, y en consecuencia, el Juzgado Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal Nro. 4 resolvi\u00f3 fijar la pena en treinta y siete a\u00f1os y seis meses. Ante esta decisi\u00f3n, la defensa interpuso el correspondiente recurso, el cual, se circunscrib\u00eda a cuestionar, por un lado, el monto de la pena fijado al considerarlo en violaci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de analog\u00eda en materia penal, contradiciendo el mandato de legalidad y de certeza, y por el otro, entendiendo que resulta imprescindible la fijaci\u00f3n del l\u00edmite m\u00e1ximo de la pena, m\u00e1s all\u00e1 de los casos de soltura anticipada, pues se trata de la forma en que se respetan las disposiciones constitucionales mencionadas.<\/p>\n

 De este modo, el recurso de la defensa que habilita la segunda instancia se dirigi\u00f3 \u00fanicamente sobre la cuant\u00eda de la pena de reclusi\u00f3n perpetua en el supuesto en el que adem\u00e1s se impuso reclusi\u00f3n accesoria. Pero no s\u00f3lo \u00e9ste punto le fue favorable ante la Casaci\u00f3n Federal, pues al casarse el fallo del juez de ejecuci\u00f3n por la pena de 25 a\u00f1os, la Sala II se expidi\u00f3 de oficio respecto de la reclusi\u00f3n accesoria, planteando su inconstitucionalidad. Consecuentemente, se anula la resoluci\u00f3n impugnada y se ordena la confecci\u00f3n de un nuevo c\u00f3mputo.<\/p>\n

 Arriba a la Corte el recurso extraordinario federal planteado por el Fiscal General con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia, cuestion\u00f3 que, por un lado, la pena de prisi\u00f3n per se no vulnera la Constituci\u00f3n Nacional ni los tratados internacionales y, por el otro, no corresponde la conversi\u00f3n de una pena perpetua en una pena temporal, debiendo establecerse solamente la fecha en que se cumplir\u00eda el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.<\/p>\n

  El l\u00edmite objetivo en las penas de reclusi\u00f3n tampoco fue cuestionado por el fiscal de c\u00e1maras. S\u00f3lo indic\u00f3 que el plazo deber\u00eda ser el de treinta a\u00f1os conforme el Estatuto de Roma y no el de veinticinco a\u00f1os. De tal modo, impl\u00edcitamente consinti\u00f3 la inconstitucionalidad del art. 52 del C\u00f3digo Penal y dicha cuesti\u00f3n qued\u00f3 firme (as\u00ed incluso expresado por la propia Corte en el consid. 5\u00ba in fine).<\/p>\n

Sin embargo, fue del dictamen del Procurador que la Corte se vali\u00f3 para introducir argumentos m\u00e1s perjudiciales, extendiendo el contenido de los agravios del Fiscal que interpusiera el recurso extraordinario.<\/p>\n

El Procurador General no s\u00f3lo se opuso en considerar v\u00e1lida la conversi\u00f3n de una pena perpetua en otra temporal, sino que a m\u00e1s de ello, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala II introduciendo dos agravios que el fiscal de c\u00e1mara no hab\u00eda habilitado en su recurso extraordinario[33]<\/a>:<\/p>\n

    \n
  1. Que definir el l\u00edmite m\u00e1ximo de la pena de reclusi\u00f3n hace prescindir del r\u00e9gimen previsto en las disposiciones legales del r\u00e9gimen de libertad condicional.<\/li>\n
  2. Que la inconstitucionalidad del art. 52 del C\u00f3digo Penal no es aplicable al art. 80 CP, cuando as\u00ed expresamente surgiera del fallo \u201cGramajo\u201d del que se valiera la Casaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

    Considerada abierta la competencia por la Corte Suprema, entendi\u00f3 que, al resolver la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, hab\u00eda prescindido de las normas relativas al sometimiento a la libertad condicional previo a la extinci\u00f3n de una pena perpetua. Para sustentar ello, sostuvieron que el transformar la pena de reclusi\u00f3n perpetua en una que inexorablemente habr\u00eda de agotarse a los veinticinco a\u00f1os se dejaba de lado el comportamiento intramuros o el pron\u00f3stico de reinserci\u00f3n social de \u00c1lvarez, y la facultad de los jueces de revocar la libertad condicional en caso de verificarse la comisi\u00f3n de un nuevo delito.<\/p>\n

    De este modo, no s\u00f3lo la acusaci\u00f3n result\u00f3 escalonada al incorporar argumentos en las instancias respecto del l\u00edmite temporal (25 a\u00f1os hab\u00eda obtenido doble conforme) y no desarrollar aquellos de forma homog\u00e9nea (sobre todo la cr\u00edtica a la accesoria), sino que tambi\u00e9n la Corte lo utiliz\u00f3 para empeorar la situaci\u00f3n del imputado – considerando decisivos los argumentos vertidos por el Procurador (consid. 9\u00ba)- y con ello transgredi\u00f3 la reformatio in pejus y su propia doctrina al respecto (Lanci, del 26\/11\/1985; Olmos, del 9\/5\/2006[34]<\/a>).<\/p>\n

    V.- El recurso fiscal escalonado y la ley org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/strong><\/p>\n

    Resulta necesario aludir a la Ley Org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico para determinar si los principios de su funci\u00f3n posibilitan que las instancias de actuaci\u00f3n de los fiscales puedan de forma escolonada habilitar la incorporaci\u00f3n de nuevos agravios. Es decir, una forma de recurso escalonado en que la intervenci\u00f3n del Fiscal de C\u00e1mara y del Procurador posibiliten ir introduciendo nuevos planteos[35]<\/a>.<\/p>\n

    En su art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 27.148 (BO 18\/6\/2015) se dispone cuales ser\u00e1n aquellos principios que regir\u00e1n las funciones del Ministerio P\u00fablico Fiscal, entre los cuales se encuentra la unidad de acci\u00f3n entendida como, al ser dicho organismo una organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica cuya m\u00e1xima autoridad es el procurador general de la Naci\u00f3n, \u201ce<\/em>n su actuaci\u00f3n es \u00fanico e indivisible y estar\u00e1 plenamente representado en la actuaci\u00f3n de cada uno de sus funcionarios…\u00bb[36]<\/strong><\/a>.<\/em> De ello se colige que la actividad de los Agentes Fiscales no resulta divisible sino que se encuentra caracterizada por la unidad de acci\u00f3n, justamente pues de \u00e9sta depende la defensa de la legalidad en los t\u00e9rminos del art. 120 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n

    Por lo tanto, y sobre todo desde la acci\u00f3n institucional del Procurador General, no le cabe a \u00e9ste introducir en la instancia extraordinaria cuestiones que no hayan sido objeto de los agravios respecto del recurso que le llega, sino s\u00f3lo ampliar fundamentos respecto de los agravios interpuestos por el Fiscal de C\u00e1mara<\/em>.  Por ello, su actividad de oficio en el marco del dictamen no resulta leg\u00edtima e imped\u00eda a la Corte aprovechar en perjuicio del imputado los contenidos de sus argumentos, por ser concretamente agravios no vertidos en el recurso extraordinario.<\/p>\n

    El oficio del Ministerio P\u00fablico es \u00fanico e indivisible: todo funcionario que act\u00faa en un procedimiento lo representa totalmente y tanto sus acciones como omisiones en el procedimiento son imputables a la fiscal\u00eda seg\u00fan su valor procesal[37]<\/a>. Resulta justamente del alcance del principio de unidad e indivisibilidad que se manifiesta tambi\u00e9n toda la funci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, no s\u00f3lo respecto de la posibilidad de la resistencia de la imputaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la imparcialidad del tribunal, evitando que se reproduzcan agravios y nuevos argumentos en perjuicio del imputado.     <\/p>\n

    Si tal como afirma Maier, es en ausencia de recurso acusatorio que la resoluci\u00f3n del Tribunal de Alzada no puede ser m\u00e1s gravosa para el acusado que la ya reca\u00edda e impugnada s\u00f3lo por \u00e9l, en tanto el Fiscal de instancia no interpusiera recurso contra la cuant\u00eda de la pena definida por el Juez ni el Fiscal de C\u00e1mara, la disfuncionalidad en la actuaci\u00f3n fiscal imped\u00eda un fallo en perjuicio de Alvarez.<\/p>\n

    De este modo, la resoluci\u00f3n de la Corte se manifest\u00f3 contrario a su precedente en \u201cLanci\u201d[38]<\/a> y \u201cOlmos\u201d[39]<\/a>. A diferencia del mencionado caso \u201cEstrella Luppo\u201d[40]<\/a> donde se responsabilizaba a la defensa del riesgo previsible que el recurso con la sentencia le merec\u00eda, es mediante \u201cLanci\u201d donde la ausencia de recurso contra la inconstitucionalidad del art. 52 del c\u00f3digo penal y existiendo doble conforme respecto de la pena de 25 a\u00f1os, limitaba la decisi\u00f3n de la Corte s\u00f3lo en favor de Alvarez, al no existir recurso del fiscal respecto de la decisi\u00f3n de primera instancia relacionado al monto de la pena perpetua y la aplicaci\u00f3n de la accesoria.  <\/p>\n

    En \u201cOlmos\u201d, la Corte cita a \u201cLanci\u201d con relaci\u00f3n al alcance que la reformatio in pejus<\/em> tiene cuando, respecto de las sentencias de primera instancia, no ha existido recurso fiscal. Lesiona el derecho de defensa, en aquellos en que con motivo del recurso interpuesto y la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara, podr\u00eda habilitarse la recursividad fiscal, en tanto afecta de manera ileg\u00edtima la situaci\u00f3n obtenida merced al fallo anterior de la alzada \u2013 posteriormente anulado [41]<\/a>.<\/p>\n

    Tal es as\u00ed que, por consecuencia de su fallo, \u00c1lvarez no tuvo doble conforme respecto de la aplicaci\u00f3n de la accesoria por tiempo indeterminado, implicando ello una trasgresi\u00f3n al derecho a recurrir en los t\u00e9rminos del art. 8, apartado 2 h de la Convenci\u00f3n Americana.<\/p>\n

                Sumado a todo lo expuesto, es interesante la manera en que el art. 2 Ley 27.148 establece que el Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n deber\u00e1 dictaminar en los casos que lleguen a conocimiento de la Corte Suprema. Ahora bien, para fundamentar esa decisi\u00f3n procesal, sostiene el propio art\u00edculo que posee como norte el \u201cgarantizar la efectiva vigencia de la Constituci\u00f3n Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la Rep\u00fablica sea parte.<\/em>\u201d<\/p>\n

    De este modo, si bien la aplicaci\u00f3n del principio de prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus<\/em> se sostiene a lo largo de todo el proceso penal, cobra a\u00fan mayor protagonismo en caso de recursos extraordinarios. La norma estableci\u00f3 justamente como medida de protecci\u00f3n de los derechos constitucionales la participaci\u00f3n activa del representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal, por lo que esta jam\u00e1s podr\u00eda afectar el derecho de quien recurri\u00f3.          <\/p>\n

    No resulta funci\u00f3n del Fiscal, por aplicaci\u00f3n del principio de unidad de acci\u00f3n antes descripto, subsanar los errores de los inferiores (actuaci\u00f3n escalonada). Pero mucho menos cuando esa intervenci\u00f3n ante la Corte est\u00e1 prevista para proteger los derechos constitucionales y de igual jerarqu\u00eda de quien recurre. Incluso, la Corte ha sostenido en varios precedentes que las partes carecen de derecho a realizar una contestaci\u00f3n u observaciones al dictamen de la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n. Ello como consecuencia de no tratarse de una \u201cvista\u201d sino de una solicitud de dictamen una vez clausurado el procedimiento ante el tribunal y antes de la toma de una decisi\u00f3n[42]<\/a>.<\/p>\n

    En esa misma senda, explic\u00f3 que conforme con lo dispuesto en el art. 257 del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n resulta improcedente el requerimiento del Defensor General tendiente a que se le corra traslado del dictamen producido por el Procurador General ya que dicho dictamen se lleva a cabo una vez que la Corte se encuentra en condiciones de resolver.[43]<\/a><\/p>\n

    Si bien nunca el tribunal ad quem<\/em> puede resolver en perjuicio de quien se sinti\u00f3 agraviado por una resoluci\u00f3n, protegiendo sus derechos tanto a la defensa como debido proceso, si la ley se ha preocupado por proteger en la instancia superior de la justicia los derechos constitucionales de un modo superior y absoluto mediante la intervenci\u00f3n del Fiscal, en modo alguno ello puede terminar perjudicando al requiriente. En consecuencia, no resulta aventurado sostener que la prohibici\u00f3n de reformatio in pejus<\/em> tendr\u00eda a\u00fan mayor peso y relevancia en los recursos extraordinarios, lo que resulta consecuente con la importancia de las decisiones emanadas por la m\u00e1xima autoridad judicial del pa\u00eds.<\/p>\n

    VI.- Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

    El ministerio p\u00fablico es una magistratura especializada en fortalecer la necesaria tutela judicial de las v\u00edctimas, bajo diversas formas y variantes. Lo hace desde su posici\u00f3n estatal pero siempre al servicio e un inter\u00e9s concretos de v\u00edctimas individuales, colectivas o difusas, seg\u00fan diversas condiciones, de modo que no puede actuar sino en base a la competencia que le ha dado la ley y a la finalidad de su funci\u00f3n. En modo alguno, tal como sostiene Binder, no puede son su actividad lesionar las condiciones de legitimidad del propio Estado, y dentro de \u00e9stas condiciones, las cuales debe fortalecer, se encuentran los principios de protecci\u00f3n del imputado[44]<\/a>.<\/p>\n

    Es dable sostener que la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus<\/em>, cuya constitucionalidad no es materia de debate, debe ser analizada con minucioso detalle en cada caso particular, porque su afectaci\u00f3n acarrea graves consecuencias para los apelantes, especialmente en el \u00e1mbito de los recursos extraordinarios. Este ha sido el sentido de cuestionar el recurso fiscal escalonado como m\u00e1xima desvirtuaci\u00f3n de la garant\u00eda.<\/p>\n

     Que m\u00e1s all\u00e1 de los cuestionamientos que merece el hecho de otorgar o no un mayor alcance y contenido del recurso del acusador, lo cierto es que el modo en que ello suele realizarse puede colocar a los agraviados en la disyuntiva de plantear o no un recurso ante el temor de ver su situaci\u00f3n empeorada al faltar un estricto cumplimiento de la reformatio<\/em>. En tanto, resulta que al permitirse recursos del Ministerio P\u00fablico Fiscal de modo escalonado, se exigir\u00e1 la posibilidad de una revisi\u00f3n amplia de esa sentencia, cuya exigencia convencional (art. 8.2 f CADH) no ser\u00eda otra que habilitar un recurso extraordinario horizontal<\/em> de muy dif\u00edcil implementaci\u00f3n.<\/p>\n

    >>><<<<\/p>\n

    [1]<\/a> Maier, J.B.J., Derecho Procesal Penal<\/em>, Fundamentos, Tomo I, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, p\u00e1g. 590.<\/p>\n

    [2]<\/a> Es Alberto Binder que plantea que la jurisprudencia establecida por \u201cAlvarado\u201d (1998) y \u201cSandoval\u201d (2010) proh\u00edbe el recurso del acusador p\u00fablico o privado contra la absoluci\u00f3n y no ha sido derogada por otro fallo de la Corte. Binder, A., Tratado de Derecho Procesa Penal<\/em>, Tomo V, Ad Hoc, Buenos Aires, 2020, p\u00e1g. 856.<\/p>\n

    [3]<\/a> En \u201cArce\u201d (320:2145, del 14\/10\/97) la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n result\u00f3 ser enf\u00e1tica sobre el \u00e1mbito propio de los recursos en funci\u00f3n de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del imputado. Siendo el Ministerio P\u00fablico un \u00f3rgano estatal, no est\u00e1 al amparo de las Convenciones Internacionales, aunque afirmara \u201csin que ello obste a que el legislador, si lo considere necesario, le conceda igual el derecho\u201d (en particular v. \u201cGorriaran Merlo\u201d 323:2488; \u201cDa Canceicao\u201d 325:503). Sobre la extensi\u00f3n del alcance del recurso de casaci\u00f3n en la parte acusadora, v. CSJN, 27\/2\/20, \u00abSchaab, E. R. y otros s\/infracci\u00f3n a la ley 22.415\u00bb, CSJN-Fallos, 343:113, v. Fusco, L., Cuesti\u00f3n federal y expansi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n<\/em>, en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, Tomo 29, Pitlevnik, L. y Mu\u00f1oz, D., (direcci\u00f3n), Hammurabi, Buenos Aires, 2021, p\u00e1g. 172 y ss. <\/p>\n

    [4]<\/a> Nos referimos al caso \u201cJuri\u201d (329:5994, 27\/12\/2006). Respecto al fallo nuevo, ver \u201cWeyenbergh, Carlos y otro s\/Asociaci\u00f3n Il\u00edcita, CSJ 504\/2017\u201d, en Seit\u00fan, D., Derecho al recurso de la v\u00edctima<\/em>, en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, Tomo 28, Pitlevnik, L. y Mu\u00f1oz, D., (direcci\u00f3n), Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p\u00e1g. 39 y ss. <\/p>\n

    [5]<\/a> Ver en particular, CSJN \u201cLemos, Ram\u00f3n Alberto s\/Causa n\u00b0 11.216\u201d, Fallos 338:1504 9\/12\/2015 (requisa de automotores); \u201cStancatti, Oscar\u201d s\/Causa 462\/213, Fallos 339:697, 24\/5\/2016 (nulidad por requisa arbitraria); \u201cCorbero, Silvia Andrea s\/infracci\u00f3n ley 23.737\u201d, Fallos 339:1519, 25\/10\/2016 (requisas mediante orden judicial); \u201cAparicio, Patricia\u201d, 341:150, 27\/2\/2018 (nulidad de intervenci\u00f3n telef\u00f3nica); \u201cFredes, Gonzalo Arturo\u201d 341:207, 6\/3\/18 (nulidad de intervenci\u00f3n telef\u00f3nica); \u201cFredes, Gonzalo Arturo\u201d 341:207, 6\/3\/2018 (nulidad de intervenci\u00f3n telef\u00f3nica); \u201cHalford, Jorge Rub\u00e9n s\/infracci\u00f3n a la ley 23.737\u201d, Fallos 341:1237, 27\/9\/2018 (denuncia an\u00f3nima y requisa vehicular); \u201cGonzalez, Domingo\u201d, 342:624, 9\/4\/2019 (nulidad de procedimiento por falta de testigos).<\/p>\n

    [6]<\/a> Como bien se\u00f1ala Diego Seit\u00fan \u201cse va consolidando una tendencia a recurrir a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino de investigar ciertos delitos especialmente graves, para dar fundamentos a distintos tipos de criterios restrictivos de derechos para los imputados o, directamente, vulnerar principios fundamentales que hasta el momento no nos anim\u00e1bamos a cuestionar\u201d. Seit\u00fan, D., La denuncia an\u00f3nima como fuente del proceso penal y el alcance de las tareas de investigaci\u00f3n del personal policial<\/em>, en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, Pitlevnik, L. y Mu\u00f1oz, D. (direcci\u00f3n), Tomo 26, Hammurabi, Buenos Aires, 2019, p\u00e1g.<\/p>\n

    [7]<\/a> CSJN, 22\/8\/19, \u00ab\u00c1lvarez Guillermo Antonio y otro s\/robo con armas\u201d, Fallo, 342:1376.<\/p>\n

    [8]<\/a> Informe 55\/16. Caso presentado ante la Corte IDH el pasado 27 de marzo de 2021. En su Informe de Fondo la Comisi\u00f3n recomend\u00f3 al Estado: Disponer las medidas necesarias para que Guillermo Antonio \u00c1lvarez, pueda acceder a un proceso penal con las debidas garant\u00edas judiciales. En particular, disponer las medidas necesarias para que, en caso de ser su voluntad, Guillermo Antonio \u00c1lvarez, pueda interponer un recurso mediante el cual obtengan una revisi\u00f3n amplia de la sentencia en cumplimiento del art\u00edculo 8.2.h de la Convenci\u00f3n Americana. Disponer las medidas necesarias para realizar una revisi\u00f3n de la condena impuesta al se\u00f1or Guillermo Antonio \u00c1lvarez consistente en reclusi\u00f3n perpetua con accesoria de reclusi\u00f3n por tiempo indeterminado, de tal forma que sea compatible con la finalidad prevista en el art\u00edculo 5.6 de la Convenci\u00f3n Americana. Disponer las medidas legislativas necesarias para adecuar la legislaci\u00f3n interna relativa al recurso de casaci\u00f3n a los est\u00e1ndares establecidos en el informe sobre el derecho consagrado en el art\u00edculo 8.2.h de la Convenci\u00f3n Americana. Asimismo, y de manera independiente a la adecuaci\u00f3n normativa, asegurar que las autoridades judiciales ejerzan un control de convencionalidad al momento de resolver los recursos contra sentencias condenatorias, de forma consistente con los est\u00e1ndares establecidos en el presente informe.<\/p>\n

    [9]<\/a> CSJN \u201cMario Sixto Gomez\u201d Fallos 234:270. Sobre el tema tambi\u00e9n Fallos 237:190, 240:277241:195, 244:198, 244:65, 246:121, 248:125, 254:353, 258:220, 260:59, 268:45, 270:236, 274:283, 295:778 300:602, 303:1431, 306:435, 308:521, 308:259 entre otros. Ver tambien Fallo \u201cAlbarenque, Claudio Dario s\/ recurso de inaplicabilidad de ley  causa 16263\u201d del 16\/09\/2021.<\/p>\n

    [10]<\/a> Fallos 234:270. De modo similar en \u00abMonzo\u00bb, Fallos 234:367.<\/p>\n

    [11]<\/a> Fallos 234:367.<\/p>\n

    [12]<\/a> Fallos 300:671.<\/p>\n

    [13]<\/a> Fallos 303:335.<\/p>\n

    [14]<\/a> Fallos 307:2236.<\/p>\n

    [15]<\/a> Fallos 300:671<\/p>\n

    [16]<\/a> Fallos 302:718.<\/p>\n

    [17]<\/a> Fallos 303:335.<\/p>\n

    [18]<\/a>          Fallos 307:2236.<\/p>\n

    [19]<\/a>          Fallos: 234:270; 234:367; 234:372; 237:198; 241:154; 244:198; 248:612; 295:778; 300:602; 303:1431; 308:521, entre otros.<\/p>\n

    [20]<\/a> Carrio, A. Garant\u00edas constitucionales en el proceso penal<\/em>, Hammurabi, Buenos Aires, 1994, p\u00e1g. 321.<\/p>\n

    [21]<\/a> CSJN Fallos: 234:270, 234:367, 234:372,  237: 198, 241:154, 244:198.<\/p>\n

    [22]<\/a> Fallos 334:559, y Fallos: 255:79; 298:71; 311:2478; 312:1156, entre otros<\/p>\n

    [23]<\/a> V\u00e9lez Mariconde, A.,  Derecho Procesal Penal.<\/em> Tomo II, Lerner, C\u00f3rdoba, 1969, p\u00e1g. 236.<\/p>\n

    [24]<\/a> Art. 18 y 75 inciso 22 Constituci\u00f3n Nacional, arts. XXVI Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberos del Hombre, 10 y 11.1 Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, 8.1 Convenci\u00f3n Americana Derechos Humanos y 14.1 Pacto Internacional Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/p>\n

    [25]<\/a> Maier, J. B., Derecho Procesal Penal, Sujetos procesales<\/em>, Tomo II, Editores del Puerto, Bs. As., 2003, p\u00e1g. 251.<\/p>\n

    [26]<\/a> Maier, J.B, \u00edbidem.<\/p>\n

    [27]<\/a> Ledesma, \u00c1., \u00bfEs constitucional la aplicaci\u00f3n del brocardo iura novit curia?<\/em>, en Estudios sobre justicia penal, homenaje al profesor Julio B.J. Maier, Editorial del Puerto, Buenos Aires, 2005, p\u00e1g. 357 y ss.<\/p>\n

    [28]<\/a> Fallos: 315:695.<\/p>\n

    [29]<\/a> Corte IDH, Caso de la \u201cMasacre de Marip\u00e1n\u201d, sentencia de 15 septiembre de 2005, p\u00e1rrafo 137.<\/p>\n

    [30]<\/a> CSJN, Fallos 329:6019, \u201cVega Gimenez, Claudio Esteban s\/tenencia simple de estupefacientes \u2013causa N\u00b0 660-\u201d, 27\/12\/2006. Aqu\u00ed la Corte consider\u00f3 que para existir tenencia para uso personal deb\u00eda surgir inequ\u00edvocamente ello de la escasa cantidad y dem\u00e1s circunstancias de la causa, pero que al existir dudas, deb\u00eda, en consecuencia, mantenerse la figura de tenencia simple. Ante este razonamiento, la CSJN sostuvo que ello implica vaciar de contenido el principio de in dubio pro reo, entendiendo que incluso esta certeza alcanza a los elementos del tipo subjetivo, por lo que la duda sobre estos elementos tambi\u00e9n se computan a favor del imputado. En consecuencia, si bien no se acredit\u00f3 la finalidad de tenencia para consumo personal, tampoco pudo descartarse la misma, por lo que, in dubio pro reo de por medio, no se puede condenar. Por este motivo, devino incorrecto el pronunciamiento del tribunal que condenara al imputado por tenencia simple, al sostener que se abrigaban dudas en relaci\u00f3n al destino de la droga.<\/p>\n

    [31]<\/a> CSJN, \u201cCarrera, Fernando Ariel s\/ recurso de hecho\u201d, Fallos 339:1493, 25\/10\/2016.<\/p>\n

    [32]<\/a> Un comentario m\u00e1s amplio, v. Vacani, P.,  El caso \u00ab\u00c1lvarez\u00bb de la CSJN y otros retrocesos: reclusi\u00f3n perpetua, \u00abreformatio in pejus\u00bb y vigencia constitucional de la accesoria<\/em>, en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, Tomo 28, Pitlevnik, L. y Mu\u00f1oz, D. (direcci\u00f3n), Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p\u00e1g. 192-218.<\/p>\n

    [33]<\/a> Indic\u00f3 en su dictamen que \u00abtampoco considero que pueda ofrecer sustento v\u00e1lido a la decisi\u00f3n impugnada los l\u00edmites a su jurisdicci\u00f3n que el a quo aleg\u00f3 en raz\u00f3n del contenido de los agravios de la defensa, \u00fanico recurrente, pues ello no justificaba la postura que asumi\u00f3 frente a una cuesti\u00f3n ya firme como la aplicaci\u00f3n de la reclusi\u00f3n por tiempo indeterminado, ni lo obligaba tampoco a consentir la conversi\u00f3n de la especie de pena operada. Antes bien, en raz\u00f3n de la ilegalidad de la argumentaci\u00f3n que le daba sustento podr\u00eda haber rechazado cualquier nueva pretensi\u00f3n de modificaci\u00f3n del status quo logrado en la instancia anterior por la defensa o, incluso, haber reconducido la cuesti\u00f3n y satisfecho parcialmente el reclamo declarando que, cumplidos los veinticinco a\u00f1os de condena, \u00c1. tendr\u00eda derecho a peticionar su libertad condicional de conformidad con las reglas del C\u00f3digo anteriores a la reforma, cuya aplicaci\u00f3n, como se dijo, parece afirmar la vocal que vot\u00f3 en primer t\u00e9rmino<\/em>\u00ab.<\/p>\n

    [34]<\/a> Respecto de la intervenci\u00f3n del nen bis in \u00eddem<\/em> y juicio de reenv\u00edo, v. CSJN, Lagos Rodas<\/em>, del 4\/12\/2007 y Kang, Yong Soo<\/em>, del 27\/12\/2011<\/p>\n

    [35]<\/a> Sobre los principios que gobiernan la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal, v. Maier, J.B., Derecho Procesal Penal,<\/em> Tomo II, Del Puerto, Buenos Aires, 2011, p\u00e1g. 311 y ss. Tambi\u00e9n, v. Bertolino, P., Algunas reflexiones acerca de la normaci\u00f3n del comportamiento leal del acusador p\u00fablico en el proceso penal<\/em>, en Baig\u00fan, D. (et al.), Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B. J Maier, Del Puerto, Buenos Aires, 2005.<\/p>\n

    [36]<\/a>          A ello tambi\u00e9n ha de referirse el texto de los art. 1, 2 y 3 de la ley 24.946 bajo el r\u00f3tulo \u201cunidad de actuaci\u00f3n\u201d<\/p>\n

    [37]<\/a>          Bertoni, E., La organizaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico<\/em>, en AA.VV., El Ministerio P\u00fablico en el proceso penal, Ad Hoc, 2003, p\u00e1g. 232.<\/p>\n

    [38]<\/a>          Fallos 307:2238.<\/p>\n

    [39]<\/a>          Fallos 329:1447.<\/p>\n

    [40]<\/a>          Fallos 307:2238.<\/p>\n

    [41]<\/a>          Particularmente, vale destacar el voto de Petracchi, en cuanto se\u00f1alar\u00eda que \u201ccuando el acusador no ha recurrido la sentencia de condena, ella queda firme \u201ca su respecto\u201d, sino tambi\u00e9n respecto de los tribunales de alzada, que carecen de jurisdicci\u00f3n para modificarlo. Tal imposibilidad, de ra\u00edz constitucional, no podr\u00eda ser eludida por la v\u00eda de la \u201cdeclaraci\u00f3n de nulidad<\/em>\u201d. Dicho obst\u00e1culo tampoco podr\u00eda ser sorteado por el tribunal de reenv\u00edo, cuya jurisdicci\u00f3n tambi\u00e9n queda restringida por la cosa juzgada parcial<\/em>\u201d<\/p>\n

    [42]<\/a>          Fallos 340:691; 328:4604; 323:3553; 317:240; 308:875.<\/p>\n

    [43]<\/a>          Fallos 324:586.<\/p>\n

    [44]<\/a> Binder, A., El incumplimiento de las formas procesales<\/em>, Ad Hoc, Buenos Aires, Buenos Aires, 2000, p\u00e1g. 131.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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