{"id":8704,"date":"2023-09-08T07:26:17","date_gmt":"2023-09-08T10:26:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/?p=8704"},"modified":"2023-09-08T07:26:19","modified_gmt":"2023-09-08T10:26:19","slug":"la-rehabilitacion-del-condenado-con-pena-de-inhabilitacion-especial-en-el-codigo-penal-argentino-horacio-j-romero-villanueva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/la-rehabilitacion-del-condenado-con-pena-de-inhabilitacion-especial-en-el-codigo-penal-argentino-horacio-j-romero-villanueva\/","title":{"rendered":"La rehabilitaci\u00f3n del condenado con pena de inhabilitaci\u00f3n especial en el C\u00f3digo Penal argentino – Horacio J. Romero Villanueva"},"content":{"rendered":"

(Autor: <\/em>Romero Villanueva<\/em>, <\/em>Horacio J.<\/em> \/ Fecha: 08\/09\/2023 \/ Art\u00edculos DPISA \/ Cita online: DPISA \u2013 ART \u2013 00014)<\/em><\/p>\n\n\n

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Horacio J. Romero Villanueva es Abogado y Profesor Universitario.<\/p>\n

I.- Introducci\u00f3n <\/strong><\/p>\n

La rehabilitaci\u00f3n anticipada del condenado \u2013 como restituci\u00f3n al uso y goce de derecho y capacidades-  es un instituto  extra\u00f1o a la redacci\u00f3n del C\u00f3digo Penal originario[1]<\/sup><\/a>. Particularmente, opera frente al supuesto de los sujetos condenados a pena de inhabilitaci\u00f3n especial donde la norma regulatoria peca de un exceso de conceptos indeterminados o abiertos, que – como veremos –  generan una disputa sobre el alcance de los requisitos dentro del cual debe analizarse aquella.<\/p>\n

La afirmaci\u00f3n anterior no es una cuesti\u00f3n menor, toda vez que la rehabilitaci\u00f3n no puede dejar de referirse a una pena de inhabilitaci\u00f3n anteriormente impuesta[2]<\/sup><\/a>, conforme a la cual el Estado, al imponerla, ha tenido en miras el cumplimiento de determinados fines de protecci\u00f3n colectiva[3]<\/sup><\/a>, tales como neutralizar conducta de riesgo relacionadas con la actividad, derechos o roles del sujeto[4]<\/sup><\/a>, que – a nuestro entender –  tiene un mayor grado de imprecisi\u00f3n porque que implican \u2013 como veremos -par\u00e1metros condicionantes propios para la concesi\u00f3n del beneficio.<\/p>\n

No debe soslayarse que la observancia de la temporalidad, la reparaci\u00f3n del da\u00f1o en la medida de lo posible, as\u00ed como la acreditaci\u00f3n de haber remediado la incompetencia o que no sea pueda temer que se incurran en nuevos abusos, son condiciones taxativamente enunciadas en el art. 20 ter, C\u00f3digo Penal, y de ineludible constataci\u00f3n a efectos de proceder a la rehabilitaci\u00f3n del condenado en estos supuestos, es decir,  anticipadamente, y merecen dado el escaso intereses de la dogm\u00e1tica, analizarlos.<\/p>\n

II.- Sistem\u00e1tica <\/strong><\/p>\n

La rehabilitaci\u00f3n  est\u00e1 regulada en el art. 20 ter del C\u00f3digo Penal[5]<\/sup><\/a>, como una forma particular  de mitigar la severidad de esta pena, ya  conlleva para el condenado el \u201cderecho\u201d[6]<\/sup><\/a> a peticionar la rehabilitaci\u00f3n una vez firme y ejecutoria la sentencia  de inhabilitaci\u00f3n especial  y observando los requisitos contemplados en la norma, para restablecerlo en  la plenitud el ejercicio de los derechos y capacidades del que fue privado por el t\u00edtulo de condena[7]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Lo que introduce el instituto de la rehabilitaci\u00f3n contemplado en el mencionado art\u00edculo 20 ter es evitar al condenado tener que esperar a la rehabilitaci\u00f3n legal obligatoria que se obtiene una vez transcurrido el t\u00e9rmino de la pena, y tiene  car\u00e1cter definitiva[8]<\/sup><\/a>, porque una vez obtenida,  puede recurrir a peticionarla tantas veces como condena puede recibirse[9]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Quien pretenda acceder a ello, debe acreditar los requisitos exigidos legalmente para acceder a la rehabilitaci\u00f3n temprana normada[10]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

III. La temporalidad <\/strong><\/p>\n

 <\/strong>Trat\u00e1ndose de una inhabilitaci\u00f3n especial el art. 20 ter. establece que la rehabilitaci\u00f3n puede proceder: * si ha transcurrido la mitad del plazo de ella, o cinco a\u00f1os cuando la pena fuere perpetua\u201d.<\/p>\n

La ley distingue seg\u00fan se trata de temporal o perpetua. En el primer supuesto, puede obtenerse transcurrido la mitad de la pena y en el segundo caso, el lapso temporal para poder acceder al beneficio es de 5 a\u00f1os.<\/p>\n

Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitaci\u00f3n no se computa el tiempo en que el inhabilitado haya estado pr\u00f3fugo, internado o privado de su libertad.<\/p>\n

Eso significa que la variable del tiempo y el cumplimiento de aqu\u00e9l no admiten valoraci\u00f3n alguna de los diferentes factores que pudieran haber incidido en aqu\u00e9l, sencillamente se computa autom\u00e1ticamente y por inercia, salvo las excepciones explicitas.<\/p>\n

IV.- La reparaci\u00f3n del da\u00f1o <\/strong><\/p>\n

 <\/strong>Se trata de una herramienta   para que   el   autor   se vea obligado a internalizar la sanci\u00f3n recibida, permitiendo que la rehabilitaci\u00f3n anticipada opere como un modo de reinserci\u00f3n verdaderamente plena de las limitaciones que la provocaron.<\/p>\n

En cuanto a la forma de la oferta de reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado, el condenado deber\u00e1 expresar detallada y circunstanciadamente cu\u00e1l es la reparaci\u00f3n que ofrece y en qu\u00e9 plazo y modalidades la satisfar\u00e1, pues si no fuera habr\u00eda par\u00e1metro alguno para examinarla.<\/p>\n

El an\u00e1lisis de razonabilidad de tal ofrecimiento, que la ley pone en cabeza del \u00f3rgano jurisdiccional llamado a resolver la cuesti\u00f3n, no se relaciona con un monto indemnizatorio ni la reparaci\u00f3n integral como tope m\u00e1ximo, sino que hace menci\u00f3n a las posibilidades econ\u00f3micas en concreto del condenado.<\/p>\n

As\u00ed, con relaci\u00f3n a la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os en la medida de lo posible, se sostiene que \u201c\u2026como el precepto agrega \u2018en la medida de lo posible\u2019, est\u00e1 contemplado tanto el caso en que no ha sido reclamada\u201d[11]<\/sup><\/a>, es  decir, que queda fuera de la exigencia los supuestos donde, ya sea por v\u00eda de sentencia civil condenatoria firme o acuerdo extrajudicial resarcitorio ejecutado, donde se vea satisfecho el da\u00f1o provocado, sea por el propio condenado o un tercero (v.gr. aseguradora).<\/p>\n

Empero, si exista un juicio civil en tr\u00e1mite, ello no es \u00f3bice para que, al momento de solicitar la rehabilitaci\u00f3n, el condenado ofrezca reparar el da\u00f1o en la medida de sus posibilidades. Ello as\u00ed, por cuanto no se le exige una reparaci\u00f3n integral de los da\u00f1os causados, la que deber\u00e1 ser cuantificada en sede civil, sino s\u00f3lo una reparaci\u00f3n en la medida de sus reales posibilidades, la que, en el caso de hacerse efectiva, podr\u00e1 hacerse valer en sede civil[12]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

La proporcionalidad entre el da\u00f1o ocasionado y lo ofrecido en concepto de reparaci\u00f3n es una condici\u00f3n mas, aunque no es indispensable, porque aun cuando se parta de la base de que no se exige una reparaci\u00f3n integral , est\u00e1 determinada  por  la capacidad econ\u00f3mica[13]<\/sup><\/a> real y concreta que tiene el condenado al tiempo de peticionar la rehabilitaci\u00f3n [14]<\/sup><\/a>, pues para el efecto cancelatorio de la inhabilitaci\u00f3n basta con que el penado demuestre voluntad efectiva de resarcir en la \u201cmedida en que le sea posible\u00bb[15]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

 Ahora bien parte de la dogm\u00e1tica sostiene que es necesaria la remisi\u00f3n al art. 29 del C\u00f3digo Penal, ante la dificultad que ofrece el dicho concepto [16]<\/sup><\/a> .<\/p>\n

No compartimos esta opini\u00f3n mayoritaria, porque la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o causado es tan solo el l\u00edmite m\u00e1ximo objetivo de lo que puede exigirse al condenado.<\/p>\n

Sin embargo, frente a la imposibilidad de reparar de modo pleno el da\u00f1o causado lleva a que la ley se contente con un ofrecimiento de reparaci\u00f3n del da\u00f1o en la medida de las posibilidades de \u00e9ste, y en consecuencia, el resarcimiento al que alude la letra del art. 20  bis del digesto de fondo no debe ser entendido como la indemnizaci\u00f3n prevista en el art. 29 C\u00f3digo Penal, sino que ese ofrecimiento debe ser analizado seg\u00fan las posibilidades del imputado y la actitud por internalizar los perjuicios generados en las victimas.<\/p>\n

V.- El comportamiento correcto<\/strong><\/p>\n

Un t\u00f3pico dif\u00edcil de interpretar es aquel que se refiere a la regularidad del comportamiento observado por el condenado y la relaci\u00f3n de este concepto con la mayor o menor identificaci\u00f3n a una cierta regla o est\u00e1ndar de correcci\u00f3n, sin caer la imposici\u00f3n de un \u00e9tico ideal.<\/p>\n

 Para Font\u00e1n Balestra, desde una mirada positivista, consiste no solo en no cometer nuevos delitos, sino en una buena conducta general, revelada no solo por la dedicaci\u00f3n al trabajo licito, que no sea aquel por que fuera inhabilitado, tales como abstenci\u00f3n de bebidas alcoh\u00f3licas, uso de estupefacientes o practicas viciosas[17]<\/sup><\/a>. <\/p>\n

Terragni \u2013 siguiendo a Peco \u2013 lo vincula con las normas de comportamiento del art. 13 del C\u00f3digo Penal, y a la conducta recta en el \u00e1mbito familiar u social, de manera que se traduzca en una \u201credenci\u00f3n moral\u201d [18]<\/sup><\/a><\/p>\n

Laje Anaya\/Gavier[19]<\/sup><\/a> consideran que una persona no se comporta correctamente cuando por su conducta se le puede reprochar el apartamiento a las reglas que hacen al resguardo inmediato o mediato de las personas, de la moral o del orden p\u00fablico (art. 19 de la Constituci\u00f3n Nacional). Desde luego que se comporta con correcci\u00f3n quien no ha cometido un delito. Pero carece de una personalidad compatible con el sentido de la ley aqu\u00e9l que ha sido condenado como contraventor, por ejemplo, por prostituci\u00f3n escandalosa, merodeador, o por el hecho, entre otros, de haber conducido automotores bajo los efectos de sustancias embriagantes o que causan estupor.<\/p>\n

Ter\u00e1n Lomas[20]<\/sup><\/a> anuda que el comportamiento correcto es una expresi\u00f3n de sentido m\u00e1s amplio que la comisi\u00f3n de un nuevo delito. Este comportamiento debe entenderse con referencia a la vida plena del sujeto. Cita a Peco, quien al proyectar por primera vez la rehabilitaci\u00f3n dijo: \u201cNo se otorga por la influencia m\u00edstica del tiempo y por la falta de reincidencia que no libran de la astucia ni de la hipocres\u00eda, sino por su buena conducta, y por sobre todo, por su actitud para el trabajo, lo que pone de relieve su redenci\u00f3n moral\u201d[21]<\/sup><\/a>. Se considera dentro de la conducta correcta la abstenci\u00f3n de bebidas alcoh\u00f3licas, drogas y pr\u00e1cticas viciosas.<\/p>\n

De la Rua[22]<\/sup><\/a>, en una postura extensiva, deduce que la expresi\u00f3n \u201ccorrectamente\u201d, debe ser interpretada en una forma amplia, referido a una valoraci\u00f3n jur\u00eddica, \u00e9tica y social de la vida integral del individuo y no solo a la comisi\u00f3n de nuevos delitos sino tambi\u00e9n a otros actos de inconductas que razonablemente demuestren incorrecci\u00f3n en el comportamiento.<\/p>\n

 Creus[23]<\/sup><\/a>, estima que parece una cuesti\u00f3n librada a un grado bastante amplio de arbitrio judicial pero cuyo contenido no es sencillo de especificar. Por supuesto que, si el sujeto ha cometido nuevos delitos dolosos, o delitos culposos en que nuevamente est\u00e9 comprometida la materia de la inhabilitaci\u00f3n, habr\u00e1 que descartar la existencia de un comportamiento \u201ccorrecto\u201d y lo mismo ocurrir\u00e1 cuando haya quebrantado la prohibici\u00f3n de ejercer la actividad de que se trate. La posibilidad de extender el incumplimiento de la condici\u00f3n a otros supuestos es mucho m\u00e1s dudosa, si con ello se pretende considerar el mal comportamiento seg\u00fan la gu\u00eda de una moral determinada, lo cual queda fuera de las pretensiones del derecho penal.<\/p>\n

Zaffaroni, Alagia, Slokar[24]<\/sup><\/a> opinan que \u00e9ste requisito por su vaguedad, debe  ser interpretado restrictivamente, en tal sentido debe circunscribirse el requisito de modo negativo en relaci\u00f3n a la comisi\u00f3n de delitos en sentido t\u00e9cnico, de forma que ese concepto no pueda convertirse en una fuente de arbitrariedad, como lo es cuando el buen comportamiento se asocia con pautas \u00e9ticas y valoraciones morales subjetivas. Por \u201ccorrecto comportamiento\u201d opinan \u00e9stos autores, que se alude a la falta de comisi\u00f3n de delitos.<\/p>\n

Opiniones \u00e9stas dos \u00faltimas, que son las que se aproximan a un derecho penal de acto, que se identifica con el estado democr\u00e1tico, social y participativo de derecho (aunque m\u00e1s no sea en la constituci\u00f3n formal) en el que nos hallamos inmersos, dejando de lado el derecho penal de autor. La primera posici\u00f3n se asemeja a la penalizaci\u00f3n del sujeto por su condici\u00f3n de vida, inmiscuy\u00e9ndose en algunas cuestiones no le corresponden al derecho tutelar.<\/p>\n

En realidad, debemos partir de una postura restrictiva que no imponga un estereotipo de moral individual y pautas \u00e9ticas acordes a un modelo imperante de cualidades deseables, si no tan solo al sentido t\u00e9cnico penal de la no comisi\u00f3n de nuevos delitos.  <\/p>\n

Como comportamiento correcto, pese a la \u201cvaguedad\u201d del t\u00e9rmino[25]<\/sup><\/a>, diversos autores de doctrina coinciden en que lo que debe verificarse es que el inhabilitado no haya cometido nuevos delitos o no haya quebrantado la inhabilitaci\u00f3n por ejercicio de la actividad prohibida.<\/p>\n

VI.-  Subsanaci\u00f3n de la incompetencia<\/strong><\/p>\n

 <\/strong>En \u00e9ste caso, para la rehabilitaci\u00f3n deben cumplirse dos requisitos adicionales: en los supuestos de inhabilitaci\u00f3n por incompetencia, el condenado debe haberla remediado, y en los casos de inhabilitaci\u00f3n por abuso de facultades no debe temerse que incurra en nuevos hechos similares.<\/p>\n

Este condicionamiento \u201c\u2026llena los objetivos de la pena, pues demuestra que el condenado ha asimilado la necesidad de su reinserci\u00f3n dentro de las pautas del comportamiento social deseable\u201d[26]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Para Font\u00e1n Balestra[27]<\/sup><\/a> el inhabilitado debe haber remediado su incompetencia. Esta exigencia rige solamente para los casos en que la sanci\u00f3n se haya pronunciado por delito en que el d\u00e9ficit de capacidad revelado a trav\u00e9s del hecho cometido haya sido la causa del delito, lo que quiere decir que no puede referirse sino a delitos culposos.<\/p>\n

De este modo, demanda efectuar una investigaci\u00f3n, verificaci\u00f3n y an\u00e1lisis sobre las capacidades que el sujeto puede haber adquirido, y las habilidades y destrezas suficiente sobre las competencias que presenta el condenado. Esto puede ser corroborara por cualquier medio de prueba, sin sea necesario la obtenci\u00f3n de un nuevo t\u00edtulo igual, especialmente de los profesionales ni la exigencia de cursos o periodos de recapacitaci\u00f3n, porque no es una atribuci\u00f3n del poder judicial imponer nuevos requisitos, que no se encuentran prescriptos en la norma, sin violar el principio de legalidad.<\/p>\n

 En este punto  \u2013 nos dice Riquert  – los jueces deben  \u201cefectivamente, verifican el cumplimiento previsto en la norma, posiblemente la rehabilitaci\u00f3n \u2013 para la que especialmente el interdicto profesional suele luchar \u2013 puede convertirse en un tratamiento rehabilitador valioso en t\u00e9rminos de evitas nuevas conductas sancionadas con esa pena\u201d[28]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

De La R\u00faa, interpreta que en realidad es un solo requisito, pues no obstante la conjunci\u00f3n disyuntiva \u201co\u201d debe de interpretado como exigencia conjunta, no alternativa, ya que la inhabilitaci\u00f3n especial comprende tanto incompetencia como abuso en cuanto pron\u00f3stico de futuro[29]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

En ocasiones es muy dif\u00edcil la prueba de estos extremos, m\u00e1xime si no hay una forma institucionalidad de acceso a la actividad inhabilitada. Como soluciones posibles, la doctrina propone que se admita todo tipo de prueba: que el tribunal disponga realizar ex\u00e1menes al condenado tendientes a demostrar su recuperaci\u00f3n, o que \u00e9ste obtenga un t\u00edtulo, certificado, licencia o inhabilitaci\u00f3n que revele nueva capacitaci\u00f3n.<\/p>\n

El segundo requisito es una proyecci\u00f3n futura de no recaer en nuevos abusos. Se trata de un juicio hipot\u00e9tico proyectivo basado de indicadores de conducci\u00f3n de vida de c\u00f3mo procede el inhabilitado, que permite efectuar una aproximaci\u00f3n de las conductas futuras, particularmente relacionadas con la observancia de reglas de cuidado o precauci\u00f3n de riesgos no permitidos.<\/p>\n

A fin de evitar un puro decisionismo por parte del juzgador, resulta \u201cconveniente\u201d que esos indicadores o indicios \u201creflejan las actitudes concretas del sujeto que demuestren que ha corregido o enderezado el acci\u00f3n que lo llevo a su incompetencia o abuso anterior\u201d [30]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

VII.- Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

No es  discutible  que la pena de inhabilitaci\u00f3n  –  al igual que resto de las penas –  tiene un objetivo resocializador para reforzar la motivaci\u00f3n del autor en la norma a fin de neutralizar la  realizaci\u00f3n de conductas futuras[31]<\/sup><\/a>. La misma inhabilitaci\u00f3n no puede desconocer este car\u00e1cter, en cuanto busca privar al penado de nuevas ocasiones para el delito[32]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Sin embargo, en el caso de la rehabilitaci\u00f3n anticipada significa mitigar los efectos propios de la pena impuesta y sus efectos desocializadores, para el sujeto que cometi\u00f3 el delito, y tratando de impedir, en todo caso, una extensi\u00f3n que suponga una condena al \u201chambre\u201d (especialmente cuando se trata de inhabilitaciones especiales para ejercer profesi\u00f3n u actividad), que puede derivar incluso en efectos crimin\u00f3genos.<\/p>\n

De all\u00ed, que el modo de c\u00f3mo se interpreta los requisitos para acceder a aquella, particularmente, el ofrecimiento resarcitorio y el correcto comportamiento o la forma de remediar el abuso o incompetencia, no significa efectuar sentencias permisivas o disponer a capricho del condenado una remisi\u00f3n apresurada de la pena.<\/p>\n

Ello implica una doble dimensi\u00f3n, por un lado la conducta observada durante la ejecuci\u00f3n de la pena y la necesidad de evaluar la capacidad del sujeto adquirida durante el periodo de cumplimiento de la inhabilitaci\u00f3n para tener probabilidad cierta de que  no cometer\u00e1 delito en el futuro, a cuyo efecto la situaci\u00f3n y la evoluci\u00f3n del condenado, su grado de rehabilitaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de sus competencia o actitudes  y la posible consideraci\u00f3n de la peligrosidad  ajusta  a la medida de la culpabilidad del sujeto cuando se le impuso la restricci\u00f3n. De tal suerte que la prevenci\u00f3n especial nunca puede justificar condiciones m\u00e1s severas para rehabilitarlo que las que originarias sufri\u00f3 al momento de determinarse la pena. <\/p>\n

As\u00ed, solo procede denegarla cuando la aplicaci\u00f3n judicial aconseja, sobre la base de la valoraci\u00f3n individualizada del sujeto (que indica, por ejemplo, un grave riesgo de reincidencia o incompetencia), una respuesta de mayor duraci\u00f3n. Mientras tanto e juez s\u00f3lo puede adoptar la morigeraci\u00f3n de dicha reacci\u00f3n jur\u00eddica al cumplirse los fines de prevenci\u00f3n especial que la motivaron, y en particular los de reeducaci\u00f3n y resocializaci\u00f3n, levantando las limitaciones propias que al condenado.<\/p>\n

>>><<< <\/strong><\/p>\n

[1]<\/sup><\/a> El C\u00f3digo Penal, que introdujo este instituto en 1968, por ley 17.567, reincorporada por la ley 21.338 y mantenida por la ley 23.077, lo prev\u00e9 para las penas de inhabilitaci\u00f3n absoluta y especial, regulando ambas en el art. 20 ter.<\/em><\/p>\n

[2]<\/sup><\/a> Un aspecto muy relevante desde el punto de vista de la idoneidad de recurrir a la inhabilitaci\u00f3n especial a los efectos de conseguir los objetivos pretendidos por la prevenci\u00f3n general (pero a su vez cr\u00edtico desde la perspectiva de la prevenci\u00f3n especial) es que la gravedad de su imposici\u00f3n no se restringe a las consecuencias patrimoniales derivadas de la misma por no poder ejercer la profesi\u00f3n o actividad especificas,   sino que se extiende tambi\u00e9n a las derivadas de las dificultades para la consecuci\u00f3n de un trabajo tras el cumplimiento de la pena.<\/em><\/p>\n

[3]<\/sup><\/a> Jescheck, en una opini\u00f3n critica, sostiene al respecto que a la inhabilitaci\u00f3n `profesional\u00b4 en el sistema alem\u00e1n, se aleja de la idea de pena accesoria  porque la encuentra mas emparentada con  una medida de seguridad (Jeschek, Hans H., \u201cTratado de Derecho Penal. Parte General\u201d,  4\u00aa edici\u00f3n,  Comares, Granada, 1993, p. 755). Para ampliar la discusi\u00f3n: , Wedekind, V. E., Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots (\u00a7\u00a7 70-70b StGB). Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorw\u00fcrde der Juristischen Fakult\u00e4t der Eberhard- Karls-Universit\u00e4t T\u00fcbingen, Ed. Hans-Joachim K\u00f6hler, T\u00fcbingen, 2006, pp. 183 ss.<\/em><\/p>\n

[4]<\/sup><\/a> Soler \u2013 con acierto \u2013 se\u00f1ala  \u201c\u2026que esta pena procede cuando el hecho es consecuencia del desarrollo de de la actividad de la cual la inhabilitaci\u00f3n priva\u201d ( Soler, Sebasti\u00e1n, \u201cDerecho Penal Argentino\u201d, T, II, Tea, Buenos Aires, 1963, p. 398)<\/em><\/p>\n

[5]<\/sup><\/a> La pena de inhabilitaci\u00f3n admite un instituto particular de la rehabilitaci\u00f3n anticipada, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de firmeza de la sentencia, han de verificarse los extremos indicados en el art\u00edculo 20 ter del C.P., en cuanto dispone que \u201cEl condenado a inhabilitaci\u00f3n especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de ella (\u2026) si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, adem\u00e1s, ha reparado los da\u00f1os en la medida de lo posible\u201d.<\/em><\/p>\n

[6]<\/sup><\/a> Breglia Arias y Gauna dicen que la rehabilitaci\u00f3n es un derecho del condenado, y cuando la ley establece que \u201cpuede ser restituido\u201d, est\u00e1 condicionando su concesi\u00f3n al cumplimiento de ciertos requisitos, y no torn\u00e1ndolo facultativo para los jueces (Breglia Arias, Omar \u2013 Gauna, Omar R. , \u201cC\u00f3digo Penal y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado\u201d, T. 1\u00ba, 6\u00aa edici\u00f3n, Astrea, Buenos Aires,  2007, p.148). Nu\u00f1ez, por su parte, aduce que \u201cal tribunal le corresponde el examen y decisi\u00f3n sobre si el inhabilitado ha satisfecho esas condiciones\u201d (Nu\u00f1ez, Ricardo C., \u201cManual de Derecho Penal: Parte General\u201d, 5\u00aa  edici\u00f3n, Cordoba, Lerner, 2009, p.  332).<\/em><\/p>\n

[7]<\/sup><\/a> Por su parte, se\u00f1ala N\u00fa\u00f1ez que la rehabilitaci\u00f3n \u201csignifica la restituci\u00f3n del penado al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado por la pena de inhabilitaci\u00f3n que se le impuso\u2026\u201d (Nu\u00f1ez, Ricardo C., \u201cManual de Derecho Penal: Parte General\u201d, 5\u00aa Edici\u00f3n,  Lerner, C\u00f3rdoba,  2009, p. 332) <\/em><\/p>\n

[8]<\/sup><\/a>  La consecuencia directa e inmediata es para e sujeto que comete un nuevo delito por el que se le aplica otra inhabilitaci\u00f3n, \u00e9sta se tratar\u00e1 de una pena nueva, totalmente independiente de la inhabilitaci\u00f3n anterior por el que fuere rehabilitado ( Grisetti, Ricardo A.- Romero Villanueva, Horacio J., \u201cC\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n. Comentado y Anotado\u201d, T. 1, 1\u00aa edici\u00f3n, La Ley, CABA, 2018, p. 197.  <\/em><\/p>\n

[9]<\/sup><\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, \u201cTratado de Derecho Penal\u201d, T. III,  2\u00ba edici\u00f3n, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 408.<\/em><\/p>\n

[10]<\/sup><\/a> CNCCC, Sala 1\u00aa, causa N\u00ba CCC 19332\/2016\/TO1\/EP1\/2\/CNC1 \u2013 caratulada \u201cManuel Tiburcio Ponce s\/recurso de casaci\u00f3n\u201d, rta. el 15\/12\/2022, Reg. Nro. 2159 \/22<\/em><\/p>\n

[11]<\/sup><\/a> Bagi\u00fan, David \u2013 Zaffaroni, Eugenio R., \u201cC\u00f3digo Penal y normas complementarias. An\u00e1lisis Doctrinario y Jurispridencial\u201d, T. 1\u00ba, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 257; \u00eddem Terragni, Marcos A., \u201cTratado de Derecho Penal\u201d, T. I,  1\u00aa edici\u00f3n, La Ley,  Buenos Aires, 2012, p. 783<\/em><\/p>\n

[12]<\/sup><\/a> Trib. Sup. de Justicia Cordoba, sala penal, expte. \u201cL\u201d, 17\/2001 — \u00abLarghi, Gonzalo Francisco p.s.a. homicidio culposo agravado -Recurso de Casaci\u00f3n-\u00ab, rta. el 20\/07\/2012 <\/em><\/p>\n

[13]<\/sup><\/a>  De la Rua, Jorge, \u201cC\u00f3digo Penal Argentino. Parte General\u201d, 2\u00aa edici\u00f3n, Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 297<\/em><\/p>\n

[14]<\/sup><\/a> Riquert, Marcelo A., \u201cC\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n\u201d, T. 1\u00ba, 1\u00aa edici\u00f3n, Erreius, CABA, 2018, p. 126.  <\/em><\/p>\n

[15]<\/sup><\/a> Zaffaroni, Eugenio R. \u2013 Alagia, Alejandro \u2013 Slokar, Alejandro, \u201cDerecho Penal. Parte General\u201d,   1\u00ba edici\u00f3n,  Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 941.  <\/em><\/p>\n

[16]<\/sup><\/a> Arce Aggeo, Miguel- Ba\u00e9z, Julio C. \u2013 Asturias, Miguel, \u201cC\u00f3digo Penal \u2013 Comentado y Anotado-\u201c, 2\u00aa edici\u00f3n, Cathedra Jur\u00eddica, CABA, 2019, p. 57; \u00eddem D\u00b4Alessio, Andres J., \u201cC\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n\u201d, 2\u00aa edici\u00f3n, La Ley, Buenos Aires,  2009, p. 196; \u00eddem Font\u00e1n Balestra, Carlos, \u201c Tratado de Derecho Penal\u201d, T. III,  2\u00ba edici\u00f3n, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 405; entre otros.  <\/em><\/p>\n

[17]<\/sup><\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos,  Tratado de Derecho Penal\u201d, T. III,  2\u00ba edici\u00f3n, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 404<\/em><\/p>\n

[18]<\/sup><\/a> Terragni, Marcos A., \u201cTratado de Derecho Penal\u201d, T. I,  1\u00aa edici\u00f3n, La Ley,  Buenos Aires, 2012, p. 783. <\/em><\/p>\n

[19]<\/sup><\/a>  Laje Anaya, Justo –  Gavier, Enrique Alberto, \u201cNotas al C\u00f3digo Penal Argentino : Parte general\u201d,  Lerner, C\u00f3rdoba, 1996,            p. 91<\/em><\/p>\n

[20]<\/sup><\/a> Ter\u00e1n Lomas, Roberto, \u201cDerecho Penal\u201d, T. 2., Astrea, Buenos Aires, 1983, p. 375<\/em><\/p>\n

[21]<\/sup><\/a> Peco, Jos\u00e9, Proyecto de C\u00f3digo Penal. Exposici\u00f3n de motivos, p. 202<\/em><\/p>\n

[22]<\/sup><\/a> De la Rua, Jorge, \u201cC\u00f3digo Penal Argentino. Parte General\u201d, 2\u00aa edici\u00f3n, Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 297<\/em><\/p>\n

[23]<\/sup><\/a>Creus, Carlos, \u00abDerecho Penal. Parte General\u201d, T. 1\u00ba,  4\u00b0edici\u00f3n,  Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 457<\/em><\/p>\n

[24]<\/sup><\/a> Zaffaroni, Eugenio R. \u2013 Alagia, Alejandro \u2013 Slokar, Alejandro, \u201c Derecho Penal. Parte General\u201d,   1\u00ba edici\u00f3n,  Ediar, Buenos Aires, 2000, ps.  984\/985<\/em><\/p>\n

[25]<\/sup><\/a> D\u00b4Alessio, Andres J. , \u201cCodigo Penal Naci\u00f3n. Comentado y Anotado\u201d, T. I,  2\u00aa edici\u00f3n,  La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 197- <\/em><\/p>\n

[26]<\/sup><\/a> Bagi\u00fan, David \u2013 Zaffaroni, Eugenio R., \u201cC\u00f3digo Penal y normas complementarias. An\u00e1lisis Doctrinario y Jurisprudencial\u201d, T. 1\u00ba, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 257<\/em><\/p>\n

[27]<\/sup><\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, \u201cTratado de Derecho Penal\u201d, T. III,  2\u00ba edici\u00f3n, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 407<\/em><\/p>\n

[28]<\/sup><\/a> Riquert, Marcelo A., \u201cC\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n\u201d, T. 1\u00ba, 1\u00aa edici\u00f3n, Erreius, CABA, 2018, p. 126. <\/em><\/p>\n

[29]<\/sup><\/a> De la Rua, Jorge, \u201cC\u00f3digo Penal Argentino. Parte General\u201d, 2\u00aa edici\u00f3n, Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 297<\/em><\/p>\n

[30]<\/sup><\/a> Riquert, Marcelo A., \u201cC\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n\u201d, T. 1\u00ba, 1\u00aa edici\u00f3n, Erreius, CABA, 2018, p. 127\/28.<\/em><\/p>\n

[31]<\/sup><\/a> En la actualidad el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace un reconocimiento explicito a la prevenci\u00f3n especial positiva, al disponer que \u201clas penas privativas de libertad tendr\u00e1n como finalidad esencial la reforma y la readaptaci\u00f3n social de los condenados\u201d( art. 6.5 CADH), en consecuencia, la utilidad de la inhabilitaci\u00f3n se verificar\u00eda en la persona que la padece aprenda a hacer uso responsable de su libertad. Pero la finalidad resocializadora de la pena no autoriza al estado a inculcar valores o principios al condenado.<\/em><\/p>\n

[32]<\/sup><\/a>  Zaffaroni, Eugenio R., \u201cTratado de Derecho Penal. Parte General\u201d, T. I., Ediar, Buenos Aires, 1998,   p. 73<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Autor: Romero Villanueva, Horacio J. \/ Fecha: 08\/09\/2023 \/ Art\u00edculos DPISA \/ Cita online: DPISA \u2013 ART \u2013 00014)<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":8314,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[114,29,113],"tags":[],"coauthors":[104],"class_list":["post-8704","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulos-derecho-penal-integral","category-derecho-penal","category-derecho-penal-integral"],"yoast_head":"\nLa rehabilitaci\u00f3n del condenado con pena de inhabilitaci\u00f3n especial en el C\u00f3digo Penal argentino - Horacio J. 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