{"id":8772,"date":"2023-10-06T08:02:08","date_gmt":"2023-10-06T11:02:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/?p=8772"},"modified":"2023-10-06T08:02:10","modified_gmt":"2023-10-06T11:02:10","slug":"explotacion-de-la-prostitucion-y-trata-de-personas-veronica-michelli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/explotacion-de-la-prostitucion-y-trata-de-personas-veronica-michelli\/","title":{"rendered":"Explotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n y trata de personas – Ver\u00f3nica Michelli"},"content":{"rendered":"

Autor:\u00a0Michelli, Ver\u00f3nica<\/em>\u00a0\/ Fecha: 06\/10\/2023 \/ Art\u00edculos DPISA \/ Cita online: DPISA \u2013 ART \u2013 00017)<\/em><\/p>\n\n\n

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Algunas consideraciones en particular. Consideraciones preliminares sobre el consentimiento y el estado de vulnerabilidad<\/strong><\/p>\n

1.a. Consentimiento y abuso de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad<\/em><\/strong><\/p>\n

Debe se\u00f1alarse, en primer t\u00e9rmino, que el art\u00edculo 127 del C\u00f3digo Penal establece que:<\/p>\n

\u00a0Ser\u00e1 reprimido con prisi\u00f3n de cuatro (4) a seis (6) a\u00f1os, el que explotare econ\u00f3micamente el ejercicio de la prostituci\u00f3n de una persona, aunque mediare el consentimiento de la v\u00edctima. La pena ser\u00e1 de cinco (5) a diez (10) a\u00f1os de prisi\u00f3n, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:<\/p>\n

    \n
  1. Mediare enga\u00f1o, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidaci\u00f3n o coerci\u00f3n, abuso de autoridad o de una situaci\u00f3n de vulnerabilidad, o concesi\u00f3n o recepci\u00f3n de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la v\u00edctima.<\/li>\n
  2. El autor fuere ascendiente, descendiente, c\u00f3nyuge, af\u00edn en l\u00ednea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educaci\u00f3n o de la guarda de la v\u00edctima.<\/li>\n
  3. El autor fuere funcionario p\u00fablico o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cuando la v\u00edctima fuere menor de dieciocho (18) a\u00f1os la pena ser\u00e1 de diez (10) a quince (15) a\u00f1os de prisi\u00f3n.\u00a0<\/em><\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En ese orden, debe mencionarse que la acci\u00f3n t\u00edpica consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del ejercicio de la prostituci\u00f3n de una persona y es cierto que esa norma exige que la explotaci\u00f3n se realice mediante actitudes o situaciones del explotador que, de alguna manera, afecten la libre autodeterminaci\u00f3n de la v\u00edctima. Sin embargo, la enumeraci\u00f3n de modalidades no es taxativa dado que permite considerar otras no establecidas expresamente. Cabe destacar, en primer lugar, que la explotaci\u00f3n sexual afecta la dignidad humana y que el bien jur\u00eddico comprendido en el delito de explotaci\u00f3n sexual, con el sentido que tiene la legislaci\u00f3n penal, no es disponible por parte de la v\u00edctima de manera tal que el consentimiento, como causa de atipicidad o de exclusi\u00f3n de la antijuridicidad, tiene un \u00e1mbito muy reducido de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

    En la comunidad internacional existe un mayoritario consenso sobre la indisponibilidad de ciertos bienes jur\u00eddicos por parte de la mujer. En particular, el que puede prestar la meretriz a un tercero para que \u00e9ste se favorezca econ\u00f3micamente con los beneficios que puede reportar su pr\u00e1ctica sexual con terceras personas. Ese consenso ha sido asumido por la Rep\u00fablica Argentina ya que ha establecido, en todos los niveles del ordenamiento jur\u00eddico, normas que proh\u00edben la trata de mujeres y explotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n, aun cuando la v\u00edctima preste su consentimiento.\u00a0<\/p>\n

    Desde la Constituci\u00f3n Nacional hacia abajo, varias normas establecen la prohibici\u00f3n de la explotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n y descalifican el consentimiento de la v\u00edctima como un elemento v\u00e1lido para legitimar esa nefasta actividad que afecta la dignidad humana. Es oportuno, para evitar err\u00f3neas interpretaciones distorsionadas, que la mujer \u2014por s\u00ed\u2014 tiene todo el derecho de ofrecer su cuerpo y beneficiarse econ\u00f3micamente. Tampoco para ella puede ser delito someterse a la explotaci\u00f3n por parte de otra persona, s\u00f3lo est\u00e1 prohibido que un tercero se beneficie a su costa, pues no se proh\u00edbe la prostituci\u00f3n: se proh\u00edbe la explotaci\u00f3n por un tercero de la explotaci\u00f3n y de la trata de personas para vincularlas a esa tarea. La Constituci\u00f3n Nacional, en diversos momentos, se ha referido a la trata de personas \u2014fundamentalmente la trata de mujeres\u2014 prohibi\u00e9ndola terminantemente y tambi\u00e9n desconociendo todo efecto al consentimiento que pueda proporcionar la v\u00edctima de trata.<\/p>\n

    En primer t\u00e9rmino debemos recordar que los Pactos que fueron incorporados a la Constituci\u00f3n Nacional en la reforma del a\u00f1o 1994 tienen jerarqu\u00eda constitucional y, por lo tanto, las disposiciones del ordenamiento jur\u00eddico deben adecuarse a ese plexo normativo. El Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, incorporado por el art\u00edculo 75 inc. 22 de la CN, establece: \u201cProhibici\u00f3n de la Esclavitud y Servidumbre; ARTICULO 6.- 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto \u00e9stas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres est\u00e1n prohibidas en todas sus formas<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n

    La prohibici\u00f3n de la trata de mujeres abarca todo el plexo de posibilidades, la norma citada no contempla excepciones y, por lo tanto, el consentimiento que pudiera prestar para ser explotada una mujer es tan inv\u00e1lido como el que pudiera prestar alguien para ser sometido a esclavitud. Lo expresado se encuentra robustecido por otra norma de rango constitucional. En efecto, la Constituci\u00f3n Nacional ha asumido un compromiso internacional de prohibir la explotaci\u00f3n sexual a\u00fan cuando la v\u00edctima preste su consentimiento. Al incorporar, en el art\u00edculo 75 inciso 22, la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer, el legislador brind\u00f3 jerarqu\u00eda constitucional a la proscripci\u00f3n de la explotaci\u00f3n sexual y descalific\u00f3 el consentimiento de la v\u00edctima como un elemento id\u00f3neo para legitimar tan aberrante pr\u00e1ctica. La v\u00edctima no puede consentir v\u00e1lidamente ser explotada.\u00a0<\/p>\n

    Ello es as\u00ed en atenci\u00f3n a que el art\u00edculo 6\u00ba de la Convenci\u00f3n (1979) mencionada establece que \u201cLos Estados Partes tomar\u00e1n todas las medidas apropiadas, incluso de car\u00e1cter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n de la mujer\u201d<\/strong><\/em>.<\/p>\n

    En cuanto al concepto y alcances de lo que significa explotaci\u00f3n sexual de la mujer, surge de diversas normas internacionales a las cuales la Rep\u00fablica Argentina se ha adherido, por lo cual forman parte del ordenamiento jur\u00eddico. Aquella norma es categ\u00f3rica. Cuando la CEDAW (1979) dispone la supresi\u00f3n de \u201ctodas las formas de trata y explotaci\u00f3n de la mujer\u201d<\/em> expresa, con claridad, que no hay ninguna alternativa v\u00e1lida, ninguna de ellas est\u00e1 permitida, no hay excepciones. No importa, por lo tanto, si la v\u00edctima consinti\u00f3 o no ser explotada o v\u00edctima de trata. Esta disposici\u00f3n constitucional garantiza la dignidad humana y es operativa por s\u00ed misma, sin necesidad de una ley que la regule como sucede con todas las garant\u00edas individuales.<\/p>\n

    Pero no es s\u00f3lo la Constituci\u00f3n. Otras normas de rango inferior a ella, pero con supremac\u00eda en relaci\u00f3n con las leyes ordinarias, consagraron tambi\u00e9n la prohibici\u00f3n de la trata y explotaci\u00f3n de la mujer y la invalidez del supuesto consentimiento que pudiera prestar para ser v\u00edctima de esas pr\u00e1cticas.<\/p>\n

    En efecto, el Convenio para la represi\u00f3n de la trata de personas y de la explotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n ajena, aprobado por la Rep\u00fablica Argentina por la ley 11.925 establece:<\/p>\n

    Art\u00edculo 1. – Las partes en el presente convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:<\/p>\n

      \n
    1. Concertare la prostituci\u00f3n de otra persona, la indujere a la prostituci\u00f3n o la corrompiere con objeto de prostituirla, a\u00fan con el consentimiento de tal persona;\u00a0<\/li>\n
    2. Explotare la prostituci\u00f3n de otra persona, a\u00fan con el consentimiento de tal persona<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      La ley 15.768 aprob\u00f3 el Convenio para la Represi\u00f3n de la Trata Art\u00edculo 1.- de Personas y de la explotaci\u00f3n de la Prostituci\u00f3n Ajena, adoptado en la 264 sesi\u00f3n plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas por resoluci\u00f3n n\u00famero 317, del 2 de diciembre de 1949.<\/p>\n

      Art. 1.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:<\/p>\n

        \n
      1. concertare la prostituci\u00f3n de otra persona, la indujere a la prostituci\u00f3n o la corrompiere con objeto de prostituirla, aun con el consentimiento de tal persona;<\/li>\n
      2. Explotare la prostituci\u00f3n de otra persona, a\u00fan con el consentimiento de tal persona<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        La Convenci\u00f3n internacional contra la delincuencia organizada transnacional, aprobada por la Rep\u00fablica Argentina por la Ley 25632, establece en su Protocolo:<\/p>\n

        Art\u00edculo 3: Para los fines del presente Protocolo:<\/p>\n

          \n
        1. a) Por \u00abtrata de personas\u00bb se entender\u00e1 la captaci\u00f3n, el transporte, el traslado, la acogida o la recepci\u00f3n de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacci\u00f3n, al rapto, al fraude, al enga\u00f1o, al abuso de poder o de una situaci\u00f3n de vulnerabilidad o a la concesi\u00f3n o recepci\u00f3n de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotaci\u00f3n. Esa explotaci\u00f3n incluir\u00e1, como m\u00ednimo, la explotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n ajena u otras formas de explotaci\u00f3n sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las pr\u00e1cticas an\u00e1logas a la esclavitud, la servidumbre o la extracci\u00f3n de \u00f3rganos;<\/li>\n
        2. b) El consentimiento dado por la v\u00edctima de la trata de personas a toda forma de explotaci\u00f3n que se tenga la intenci\u00f3n de realizar descrita en el apartado a) del presente art\u00edculo no se tendr\u00e1 en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

          Cabe recordar que, a partir de la reforma de la Constituci\u00f3n Nacional del a\u00f1o 1994, se modific\u00f3 el art\u00edculo 75 y se asign\u00f3 a todos los tratados y convenios internacionales una jerarqu\u00eda normativa superior a la que corresponden a las leyes, pues en el inciso 22 dispuso que era de incumbencia del Congreso de la Naci\u00f3n: Aprobar o desechar tratados concluidos con las dem\u00e1s naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarqu\u00eda superior a las leyes<\/strong>. <\/em>(Constituci\u00f3n de la Naci\u00f3n Argentina, Art 75, inc. 22, 1994)<\/p>\n

          Sobre la base de lo dispuesto en la Constituci\u00f3n Nacional y a lo que se desprende de pactos y convenios internacionales a los cuales la Rep\u00fablica Argentina se ha adherido, es una obligaci\u00f3n ineludible del Estado \u201csuprimir todas las formas de trata de mujeres y explotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n de la mujer\u201d <\/em>(CEDAW, Art. 6)\u00a0y \u201ccastigar\u201d<\/em> a los tratantes y explotadores debiendo, para tales efectos, adoptar las medidas legislativas necesarias. No s\u00f3lo est\u00e1 obligado a dictar leyes para suprimir la explotaci\u00f3n. Los dos convenios internacionales mencionados, a los cuales la Rep\u00fablica Argentina se ha adherido por las leyes 11925 y 15768, le imponen categ\u00f3ricamente y sin excepci\u00f3n alguna el deber de castigar a quien explotare la prostituci\u00f3n ajena, a\u00fan cuando mediare el consentimiento de la persona explotada. Recordemos que ambas normas tienen una jerarqu\u00eda superior a la de las leyes ordinarias.<\/p>\n

          En esas condiciones y teniendo en cuenta tambi\u00e9n que el delito afecta la dignidad humana y ese bien no es disponible por la v\u00edctima, debe asumirse un criterio de interpretaci\u00f3n que tenga en cuenta esa normativa.<\/p>\n

          Se ha sostenido, al respecto:\u00a0<\/p>\n

          \u201cDado el contenido y alcance del bien jur\u00eddico que ampara a la trata de personas \u00e9ste no resulta disponible por el particular damnificado. Por lo tanto no cabr\u00eda otorgar, al menos de lege ferenda, eficacia alguna al denominado consentimiento de la v\u00edctima. (…)<\/p>\n

          \u201cDe todos modos, una interpretaci\u00f3n adecuada de estos medios comisivos teniendo en cuenta la casu\u00edstica reinante deber\u00eda dejar con muy escaso \u00e1mbito de eficacia al denominado consentimiento de la v\u00edctima.\u201d (Colombo y M\u00e1ngano, 2008)\u00a0<\/p>\n

          Ahora bien, previo a la reforma introducida por la ley 26.842, a la cual ya nos hemos referido, el art. 127 \u2014seg\u00fan la ley 25.087\u2014 estaba redactado del siguiente modo:<\/p>\n

          Ser\u00e1 reprimido con prisi\u00f3n de tres a seis a\u00f1os, el que explotare econ\u00f3micamente el ejercicio de la prostituci\u00f3n de una persona, mediando enga\u00f1o, abuso coactivo o intimidatorio de una relaci\u00f3n de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidaci\u00f3n o coerci\u00f3n.<\/p>\n

          Pues bien, en la enunciaci\u00f3n de los medios t\u00edpicos sigui\u00f3 la\u00a0t\u00e9cnica legislativa empleada para delitos como la estafa, es decir, una menci\u00f3n ejemplificativa de una serie de ejemplos caracter\u00edsticos para luego cerrar esa enumeraci\u00f3n con una definici\u00f3n gen\u00e9rica de apertura que permitiera abarcar otros medios, adem\u00e1s de los especificados.<\/p>\n

          As\u00ed como la acci\u00f3n t\u00edpica en el delito de estafa consiste en \u00abenga\u00f1ar\u00bb de cualquier modo y las dem\u00e1s acciones enumeradas en la descripci\u00f3n legal (\u00abvalerse de nombre supuesto o falsos t\u00edtulos\u00bb, \u00abaparentar bienes o cr\u00e9dito\u00bb<\/em>, etc.) son ejemplos que no excluyen cualquier otro tipo de enga\u00f1o posible, as\u00ed tambi\u00e9n los medios t\u00edpicos enumerados en el art. 127 no exclu\u00edan otras modalidades que conculquen la absoluta y libre posibilidad de autodeterminaci\u00f3n no mencionadas espec\u00edficamente. Y entre esos otros medios se encuentra, seg\u00fan la evoluci\u00f3n interpretativa, el abuso de una situaci\u00f3n de vulnerabilidad; es decir, a\u00fan con la redacci\u00f3n anterior de la norma, pod\u00eda interpretarse a dicho abuso como un medio comisivo pues el significado de las expresiones legales, en particular en el \u00e1mbito del derecho penal, debe derivarse del contexto global del ordenamiento jur\u00eddico. Entre los principios \u00e9ticos\u2014jur\u00eddicos sobre los cuales debe orientarse la interpretaci\u00f3n de una norma legal asumen considerable importancia, mejor dicho de excluyente importancia, los que tienen rango constitucional e, incluso, las normas legales de nivel superior a las leyes, tanto m\u00e1s cuando esas leyes contienen pautas convalidadas un\u00e1nimemente por la comunidad internacional.\u00a0<\/p>\n

          La denominada \u201cinterpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n\u201d propende a dar preeminencia a la dignidad de la persona y a extender los valores jur\u00eddicos consagrados en ella a todo el ordenamiento jur\u00eddico. \u201cLa \u2018conformidad con la Constituci\u00f3n\u2019 es, por tanto, un criterio de interpretaci\u00f3n\u201d <\/em>(Larenz, 1980, p. 338) y de acuerdo a ello deben tenerse presente los principios que emergen de la Constituci\u00f3n y de los pactos que se han citado en cuanto establecen como una obligaci\u00f3n del Estado Argentino la supresi\u00f3n, con medidas legislativas, de todas las formas de trata y explotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n de la mujer. Esta expresi\u00f3n tambi\u00e9n abarca los casos en que pudiere existir \u201cconsenso\u201d de la v\u00edctima y tambi\u00e9n deben ser consideradas las normas por las cuales el Estado Argentino debe castigar a quien explotare la prostituci\u00f3n de otra persona, a\u00fan mediando el \u201cconsentimiento\u201d de la v\u00edctima.<\/p>\n

          Cobra especial relevancia el Convenio Internacional ya mencionado (Art. 3 inc. \u201cb\u201d) seg\u00fan el cual el consentimiento para la explotaci\u00f3n que pueda brindar la v\u00edctima de trata en raz\u00f3n de su estado de vulnerabilidad, entre otros, resta validez a su consentimiento, pues esta norma tiene directa incidencia sobre los alcances que correspond\u00eda asignar a la ley 25.087, pues al descalificar el consentimiento que pudiera brindar de la persona explotada \u2014obtenido en raz\u00f3n de su vulnerabilidad\u2014 asume que esa situaci\u00f3n afecta la voluntad y la posibilidad de la autodeterminaci\u00f3n.<\/p>\n

          Dicho de otro modo: la vulnerabilidad implica un vicio de la voluntad.\u00a0<\/p>\n

          Tan es as\u00ed el consenso interpretativo en ese sentido que, en la reforma estructural del delito de trata introducida por la ley 26.364 \u2014ya analizada\u2014, para la formulaci\u00f3n de ese nuevo tipo el legislador utiliz\u00f3 una t\u00e9cnica legislativa distinta. Efectu\u00f3 una enumeraci\u00f3n taxativa de medios t\u00edpicos y la incluy\u00f3 expresamente de modo que no faltara ninguno de los medios de intimidaci\u00f3n o coerci\u00f3n, com\u00fanmente aceptados por el est\u00e1ndar interpretativo de la \u00e9poca, que en los delitos conexos de los art\u00edculos 125 bis, 126 y 127 se hallaban comprendidos en la definici\u00f3n general.<\/p>\n

          Una norma legal de rango superior, como es la que emana de un tratado con relaci\u00f3n al c\u00f3digo penal, tiene efectos en la interpretaci\u00f3n que corresponde asumir de la norma subordinada, tanto m\u00e1s cuando la norma de rango inferior permite la inclusi\u00f3n de otras modalidades delictivas adem\u00e1s de las establecidas expresamente. Y en esas condiciones, si la situaci\u00f3n de vulnerabilidad es concebida como una situaci\u00f3n que enerva la voluntariedad del acto otorgado por quien se encuentra en esa situaci\u00f3n, resultaba procedente incluir \u2014sobre la base de la cl\u00e1usula de apertura que establece la expresi\u00f3n \u201ccualquier otro medio de intimidaci\u00f3n o coerci\u00f3n\u201d\u2014 el mantenimiento o la intensificaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad como \u201cotro medio de coerci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

          El estado de vulnerabilidad, si bien abarca la globalidad de las etapas que comprende la explotaci\u00f3n sexual de la mujer, tiene algunas diferencias f\u00e1cticas entre los distintos estratos. Suelen considerarse como etapas usuales de la trata de personas -previas a la explotaci\u00f3n- la captaci\u00f3n, el traslado y el acogimiento y, en ese sentido, la situaci\u00f3n de la v\u00edctima de trata, en tanto ella se mantenga en las etapas iniciales del delito captaci\u00f3n, traslado, acogimiento tiene, en cierto modo, un rol pasivo pues no se requiere de ella m\u00e1s que su tolerancia pero no el ejercicio de una actividad determinada.<\/p>\n

          Al ser sometida a la explotaci\u00f3n, su situaci\u00f3n cambia sustancialmente pues, a partir de ese momento, se torna ostensible la subordinaci\u00f3n de su voluntad a los planes del explotador: prestar sus servicios cu\u00e1ndo, d\u00f3nde y c\u00f3mo \u00e9l lo disponga; alojarse en determinado lugar; alternar indiscriminadamente con personas que seguramente no conoce y de quien tampoco tiene noticias sobre su salud, sus reacciones, sus modalidades en las pr\u00e1cticas sexuales, la posibilidad de ser portador de enfermedades transmisibles y una infinidad de posibilidades desconocidas de antemano, tanto por el explotador como por la v\u00edctima.<\/p>\n

          Ahora bien, las posibles exigencias que pueda imponer el explotador se dirigen a mujeres que se encuentran desamparadas, puesto que su seno de origen, donde se encuentran sus familiares, amigos o grupos de contenci\u00f3n est\u00e1n muy distantes y no pueden reclamar de ellos ayuda o protecci\u00f3n. Sus ingresos, lo que le permite subsistir y, en muchos casos, los ingresos de familiares o hijos que quedaron en su pa\u00eds dependen, pura y exclusivamente, de lo que logren con los actos de explotaci\u00f3n y a ello se suma que la permanencia en el pa\u00eds carece de estabilidad pues se encuentran en condiciones de residencia precaria.<\/p>\n

          Suele tambi\u00e9n inspirar a las personas explotadas la err\u00f3nea idea de que su participaci\u00f3n en los hechos podr\u00eda convertirla en autora de alg\u00fan delito. Por esta raz\u00f3n, se suele incluir en los convenios sobre trata una cl\u00e1usula expresa de no punibilidad de las explotadas y hasta el poder econ\u00f3mico de quien las somete y la posibilidad de tener influencias con autoridades policiales o funcionarios pol\u00edticos puede influir en su estado de \u00e1nimo y condicionar su voluntad.\u00a0<\/p>\n

          Su pertenencia y continuidad en el grupo de explotadas depende, pura y exclusivamente, de la voluntad de quien las explota pues, obviamente, carecen de todo respaldo sindical o de personas con capacidad de proporcionarles ayuda, no poseen obra social, de modo que la permanencia en el pa\u00eds y la posibilidad de lograr sus ingresos con el ejercicio de la prostituci\u00f3n depende, casi en exclusividad, del explotador. \u00c9l puede despedirla sin causa ni motivo o, incluso, gestionar su expulsi\u00f3n del pa\u00eds, sin posibilidades de acceder a la justicia para reclamar un trato mejor.\u00a0<\/p>\n

          En ese contexto, \u00bfde qu\u00e9 modo podr\u00edan alzarse las mujeres contra la omnipotencia del explotador, asumiendo el riesgo de volver al lugar del que escaparon? Su situaci\u00f3n depende pura y exclusivamente de la buena voluntad del explotador, de modo similar a la relaci\u00f3n entre amo y esclavo. La relaci\u00f3n explotador y explotada no es sim\u00e9trica ni igualitaria, uno es el dominador y la otra se encuentra subordinada y esa disimetr\u00eda no desaparece por la existencia de un trato afectuoso y amable. Cualitativamente es similar a la relaci\u00f3n entre el \u201camo\u201d y el \u201cesclavo feliz\u201d.<\/p>\n

          La subordinaci\u00f3n de la voluntad no se practica, en las modernas formas de explotaci\u00f3n, con las modalidades privativas y restrictivas de la libertad, con golpes y encierro como pudieron aplicarse en otros tiempos. Rep\u00e1rese que la ley alude, como medios alternativos a la coerci\u00f3n y esta expresi\u00f3n no s\u00f3lo no es sin\u00f3nima de intimidaci\u00f3n, la coerci\u00f3n no necesariamente se hace ostensible por conminaciones expresas, tambi\u00e9n tiene modos sutiles e impl\u00edcitos que condicionan la voluntad y afectan la libre autodeterminaci\u00f3n de otras personas.<\/p>\n

          En la mayor\u00eda de las causas de trata de personas, las mujeres suelen ser migrantes, habitar en la misma casa de pertenencia del explotador, lejos de los grupos de familiares, amigos o conocidos y su \u00fanica alternativa de asistencia est\u00e1 en manos de quien las capta, acoge y las explota. Ello se traduce en labilidad laboral y residencial, falta de ayuda externa, desconocimiento del medio, calidad de migrante, precariedad econ\u00f3mica, sin capacitaci\u00f3n laboral e insuficiente grado de instrucci\u00f3n, carencia de asistencia social y m\u00e9dica son razones que conducen a aceptar las condiciones en que vive con pasividad resignada, sin iniciativa y sin posibilidad de cambiar su estado.\u00a0<\/p>\n

          Es decir, con relaci\u00f3n al consentimiento de aquellas mujeres que se encuentran en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad y son v\u00edctimas de trata o de explotaci\u00f3n sexual, no existe una aceptaci\u00f3n voluntaria en el sentido de una decisi\u00f3n asumida con absoluta libertad. El medio en el que son incluidas, dadas sus situaciones personales, act\u00faa como elemento de coerci\u00f3n pues cualquier apartamiento de \u00e9l puede erigirse como determinante de respuestas que las perjudiquen, lo cual se alza como una amenaza impl\u00edcita que act\u00faa como condicionante de las decisiones.<\/p>\n

          En ese andarivel, las Reglas de Brasilia consideran en condici\u00f3n de vulnerabilidad aquellas personas que, por raz\u00f3n de su edad, g\u00e9nero, estado f\u00edsico o mental, o por circunstancias sociales, econ\u00f3micas, \u00e9tnicas y\/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n

          Tambi\u00e9n son causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades ind\u00edgenas o a minor\u00edas, la victimizaci\u00f3n, la migraci\u00f3n y el desplazamiento interno, la pobreza, el g\u00e9nero y la privaci\u00f3n de libertad.\u00a0<\/p>\n

          Sin perjuicio de ello, la concreta determinaci\u00f3n de las mujeres en condici\u00f3n de vulnerabilidad en cada pa\u00eds depender\u00e1 de sus caracter\u00edsticas espec\u00edficas, o incluso de su nivel de desarrollo social y econ\u00f3mico.<\/p>\n

          Y en cuanto al abuso de la situaci\u00f3n, que tambi\u00e9n forma parte de textos legales, debe entenderse como una intensificaci\u00f3n y extensi\u00f3n de la situaci\u00f3n inicial, que se advierte cuando quedan sometidas a un r\u00e9gimen permanente de explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n

          1.b. Situaci\u00f3n de vulnerabilidad de las v\u00edctimas y sus testimonios<\/em><\/strong><\/p>\n

          Con relaci\u00f3n a la incorporaci\u00f3n de los testimonios de las v\u00edctimas de trata, debe hacerse una consideraci\u00f3n en particular, pues la normativa que rige en la materia a nivel nacional e interamericano promueve evitar la revictimizaci\u00f3n de \u00e9stas y ello, en algunas ocasiones, pretende ser postulado en pugna con el derecho de defensa de aquellas personas que se encuentren sometidas a un proceso penal.<\/p>\n

          Puntualmente, trataremos el supuesto de aquellas v\u00edctimas que prestaron su declaraci\u00f3n testifical durante la instrucci\u00f3n, con las formalidades inherentes a ese momento procesal, pero no se han presentado a declarar en el debate oral.<\/p>\n

          Pues bien, el art\u00edculo 391 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n estipula que:<\/p>\n

          Las declaraciones testimoniales no podr\u00e1n ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante la instrucci\u00f3n, salvo en los siguientes casos y siempre que se hayan observado las formalidades de la instrucci\u00f3n:<\/p>\n

          1\u00b0) Cuando el ministerio fiscal y las partes hubieren prestado su conformidad o la presten cuando no comparezca el testigo cuya citaci\u00f3n se orden\u00f3.<\/p>\n

          2\u00b0) Cuando se trate de demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar la memoria del testigo.<\/p>\n

          3\u00b0) Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del pa\u00eds, se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier causa para declarar.<\/p>\n

          4\u00b0) Cuando el testigo hubiere declarado por medio de exhorto o informe, siempre que se hubiese ofrecido su testimonio de conformidad a lo dispuesto en los art\u00edculos 357 \u00f3 386.<\/p>\n

          En efecto, la norma prev\u00e9 que el testimonio prestado durante la instrucci\u00f3n, con las formas correspondientes, podr\u00e1 sustituir la declaraci\u00f3n cuando se verifiquen algunos de los extremos previstos en ella. Esta disposici\u00f3n no contradice lo establecido en el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica en atenci\u00f3n a que la posibilidad de interrogar a los testigos, como garant\u00eda constitucional, est\u00e1 reservada a que se encuentren presentes a fin de testimoniar o para obtener su comparecencia. De ninguna manera proh\u00edbe la incorporaci\u00f3n de los testimonios protocolizados durante la etapa de instrucci\u00f3n toda vez que esta es una modalidad que se deriva de la naturaleza del proceso penal que se encuentre establecido. La norma en su art\u00edculo 8, apartado 2, inciso f, establece:<\/p>\n

          Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant\u00edas m\u00ednimas: (\u2026.)<\/p>\n

            \n
          1. f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes<\/u><\/strong> en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos<\/strong> o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n

            Circunstancia que es tambi\u00e9n aplicable a los casos en que las mujeres son v\u00edctimas, acorde a lo dispuesto en la ley 26.485 \u2014ya examinada\u2014, en cuanto determina en su art\u00edculo 16:<\/p>\n

            Los organismos del Estado deber\u00e1n garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial\u2026., adem\u00e1s de todos los derechos reconocidos en la Constituci\u00f3n Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Naci\u00f3n Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garant\u00edas:<\/p>\n

            A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados<\/strong>, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y qui\u00e9nes son sus naturales testigos. (Ley 26485, 2009, art. 16).<\/p>\n

            El caso de las mujeres que son v\u00edctimas de trata y de explotaci\u00f3n se adecua a los supuestos comprendidos en esa norma, toda vez que las circunstancias particulares en las que se desarrollan los actos y quienes pueden ser los naturales testigos exigen que se extremen los esfuerzos para lograr las pruebas conducentes. A lo expresado cabe agregar, pues robustece este criterio, que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, en el fallo Gallo L\u00f3pez, admiti\u00f3 la incorporaci\u00f3n por lectura de los testimonios prestados durante la etapa de instrucci\u00f3n.<\/p>\n

            Se trata de la sentencia reca\u00edda en la causa Gallo L\u00f3pez, Javier s\/ causa N\u00ba 2222, del 7 de junio de 2011, Fallos: 334:725, en el cual el Tribunal Oral en lo Criminal n\u00ba 12 de la Capital Federal resolvi\u00f3 condenar al imputado a la pena de dieciocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente \u2014al menos en dos oportunidades\u2014 en concurso ideal con el delito de corrupci\u00f3n de una menor de dieciocho a\u00f1os de edad agravado por la misma circunstancia.\u00a0<\/p>\n

            A ra\u00edz de ello, la defensa interpuso un recurso de casaci\u00f3n argumentando la imposibilidad que hab\u00eda tenido la defensa de controvertir los dichos de la v\u00edctima y su t\u00eda, denunciante en la causa, y ello, en el primero de los casos, como consecuencia de haber sido desaconsejada por las expertas su comparecencia en juicio a la luz del intento de suicidio y de los episodios psic\u00f3ticos padecidos por la joven y en el segundo caso, por la imposibilidad de dar con el paradero de la denunciante.\u00a0<\/p>\n

            A su turno, la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal anul\u00f3 la sentencia condenatoria y reenvi\u00f3 las actuaciones a un nuevo tribunal para que se ocupara de que la v\u00edctima fuera preparada psicol\u00f3gicamente para prestar declaraci\u00f3n en el debate y de la b\u00fasqueda intensiva de la denunciante, a fin de que se realizara un nuevo juicio. Contra esa resoluci\u00f3n, el Fiscal General interpuso el recurso extraordinario federal y la Corte Suprema, por mayor\u00eda, dej\u00f3 sin efecto la sentencia recurrida porque entendi\u00f3 que las restantes pruebas objetivas agregadas al proceso, que en modo alguno fueron impugnadas por la defensa, consideradas por el tribunal de juicio a los fines de emitir su fallo condenatorio, debieron cuanto menos ser atendidas por el a quo<\/em> en orden a examinar si constitu\u00edan un curso causal probatorio independiente.\u00a0<\/p>\n

            Por su parte, la jueza Highton de Nolasco consider\u00f3 en su voto que la declaraci\u00f3n de nulidad adoptada por la c\u00e1mara de casaci\u00f3n ignor\u00f3 que la sentencia condenatoria hab\u00eda garantizado el cumplimiento de los par\u00e1metros para proteger la integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica de la v\u00edctima. Que si bien necesit\u00f3 restringir el derecho a interrogar al imputado, lo hizo en la medida estrictamente necesaria para preservar la salud psicof\u00edsica de la damnificada, con argumentos que se basaron en un informe m\u00e9dico que demostr\u00f3 objetiva y concretamente, superando toda menci\u00f3n gen\u00e9rica, el alto riesgo para la salud mental que una decisi\u00f3n en contrario pod\u00eda aparejar si adem\u00e1s dicho l\u00edmite al control fue compensado por otras pruebas en las que la sentencia se fund\u00f3 para formular el juicio de culpabilidad, que la defensa pudo fiscalizar y que hab\u00edan confirmado el relato de la menor.<\/p>\n

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            Autor:\u00a0Michelli, Ver\u00f3nica\u00a0\/ Fecha: 06\/10\/2023 \/ Art\u00edculos DPISA \/ Cita online: DPISA \u2013 ART \u2013 00017)<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":8314,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[114,29,113,105],"tags":[],"coauthors":[104],"class_list":["post-8772","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulos-derecho-penal-integral","category-derecho-penal","category-derecho-penal-integral","category-revistas-dyd"],"yoast_head":"\nExplotaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n y trata de personas - Ver\u00f3nica Michelli - Blog Grupo Professional<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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