{"id":8951,"date":"2024-01-31T06:47:01","date_gmt":"2024-01-31T09:47:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/?p=8951"},"modified":"2024-01-31T06:50:38","modified_gmt":"2024-01-31T09:50:38","slug":"dnu-70-2023-en-materia-laboral-la-inconstitucionalidad-fue-de-menor-a-mayor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/dnu-70-2023-en-materia-laboral-la-inconstitucionalidad-fue-de-menor-a-mayor\/","title":{"rendered":"DNU 70\/2023: En materia laboral, la inconstitucionalidad fue de menor a mayor"},"content":{"rendered":"

El 24 de enero, la Dra. Liliana Rodr\u00edguez Fern\u00e1ndez, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo con competencia en Feria, declar\u00f3 la invalidez de los art\u00edculos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU 70\/2023.\u201d DESCARGUE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA<\/a><\/strong><\/p>\n

El 30 de enero, en la misma causa, la \u00a0Sala de la C\u00e1mara Nacional del Trabajo con competencia en Feria, declar\u00f3 la invalidez de todo el T\u00edtulo IV (art\u00edculos 53 a 97) del DNU 70\/2023, por ser contrario al art. 99, inc. 3\u00ba, de la Constituci\u00f3n Nacional. DESCARGUE EL FALLO DE C\u00c1MARA<\/a><\/strong><\/p>\n

Esto ocurri\u00f3 en los autos CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA\u00a0ARGENTINA c\/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s\/ACCION DE\u00a0AMPARO\u201d.<\/strong><\/p>\n

En relaci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n de la amparista, <\/strong>expres\u00f3 la magistrada que:<\/p>\n

-\u201cEn el tr\u00e1mite de este amparo no hay con claridad un \u2018caso\u2019<\/strong>\u00a0y la demanda est\u00e1\u00a0<\/em>dirigida antes a invalidar todo un tramo de una norma, su T\u00edtulo IV, que a resolver un\u00a0<\/em>conflicto particular. Este tipo de pretensi\u00f3n, a contramano de nuestro sistema jur\u00eddico,\u00a0\u00a0<\/em>exige al menos un an\u00e1lisis muy cuidadoso de modo de mantener la decisi\u00f3n judicial\u00a0<\/em>dentro de lo normado por el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Nacional, que impone\u00a0<\/em>l\u00edmites a la jurisdicci\u00f3n de este poder del Estado. \u201c<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

-\u201cEn la mejor de las hip\u00f3tesis para la parte actora, su pretensi\u00f3n puede asimilarse a\u00a0<\/strong><\/em>una suerte de acci\u00f3n de certeza,\u00a0<\/strong>siendo necesario en este caso que medie afectaci\u00f3n de\u00a0<\/em>un inter\u00e9s leg\u00edtimo,\u00a0que el grado de afectaci\u00f3n sea suficientemente directo y que aquella <\/strong><\/em>lesi\u00f3n tenga concreci\u00f3n bastante<\/strong>\u00a0(Fallos 332:66; 340:1480, entre otros). \u201c<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

-\u201c\u00bfCu\u00e1les son las normas que afectan de modo directo los intereses y los derechos\u00a0<\/strong><\/em>de la aqu\u00ed actora?<\/strong>\u00a0El escrito inicial se extiende m\u00e1s sobre unas que sobre otras, pero\u00a0<\/em>podr\u00eda resumir que en mi criterio son las que siguen.<\/em>
\nEl art\u00edculo 73, que modifica las condiciones de retenci\u00f3n de la cuota sindical; el\u00a0<\/em><\/strong>art\u00edculo 79, que establece reglas para la negociaci\u00f3n colectiva; el art\u00edculo 86, que\u00a0<\/em><\/strong>modifica la vigencia de las cl\u00e1usulas obligacionales; los art\u00edculos 87 y 88, que incorporan a su vez los art\u00edculos 20 bis y 20 ter a la ley 23551; y el art\u00edculo 97, que\u00a0<\/em><\/strong>regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos.<\/em><\/strong>
\nPor el contrario, todos los restantes art\u00edculos corresponden al \u00e1mbito del derecho <\/em>individual y por lo tanto a trabajadores, actuales o futuros, que en ejercicio de su\u00a0<\/em>libertad sindical estar\u00e1n o no afiliados a un gremio y que, acaso, encuentren preferibles\u00a0<\/em>o convenientes algunas de las normas que aqu\u00ed est\u00e1n cuestionadas. \u201c<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

En relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n del procedimiento legislativo previsto por el art. 99 de la Constituci\u00f3n Nacional y por la ley 26.122,<\/strong> la Dra. Rodr\u00edguez Fern\u00e1ndez consider\u00f3 que:<\/strong><\/p>\n

– El articulo 99, apartado 3, de la Constituci\u00f3n Nacional dispone en sus p\u00e1rrafos <\/em>segundo y tercero: \u201cEl Poder Ejecutivo no podr\u00e1 en ning\u00fan caso bajo pena de nulidad\u00a0<\/em>absoluta e insanable, emitir disposiciones de car\u00e1cter legislativo. Solamente cuando\u00a0<\/em>circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tr\u00e1mites ordinarios previstos\u00a0<\/em>por esta Constituci\u00f3n para la sanci\u00f3n de las leyes, y no se trate de normas que regulen\u00a0<\/em>materia penal, tributaria, electoral o de r\u00e9gimen de los partidos pol\u00edticos, podr\u00e1 dictar\u00a0<\/em>decretos por razones de necesidad y urgencia, los que ser\u00e1n decididos en acuerdo\u00a0<\/em>general de ministros que deber\u00e1n refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete\u00a0<\/em>de ministros\u201d.<\/em>
\nEl principio general es la incompetencia del Poder Ejecutivo para \u2018emitir <\/em><\/strong>disposiciones de car\u00e1cter legislativo\u2019.<\/strong>\u00a0Ese principio general, en el marco constitucional,\u00a0<\/em>puede ceder: a) cuando se presenten circunstancias excepcionales, como por ejemplo\u00a0<\/em>amenaza para la existencia del Estado o para la seguridad p\u00fablica, o grave riesgo o\u00a0<\/em>perturbaci\u00f3n econ\u00f3mica, social o pol\u00edtica (CS \u201cVideo Club Dreams\u201d, \u201cTobar\u201d,\u00a0<\/em>\u201cLeguizam\u00f3n Romero\u201d; b) cuando existe imposibilidad de seguir el tr\u00e1mite ordinario,\u00a0<\/em>pero tal imposibilidad f\u00e1ctica deriva de alguna situaci\u00f3n de fuerza mayor, como un\u00a0<\/em>conflicto b\u00e9lico o una cat\u00e1strofe natural,\u00a0y no de la mera dificultad o lentitud del tr\u00e1mite\u00a0<\/strong><\/em>parlamentario<\/strong>\u00a0(CS \u201cConsumidores Argentinos\u201d, \u201cLeguizam\u00f3n Romero\u201d); c) cuando\u00a0<\/em>existen razones de necesidad y de urgencia. Otros criterios expuestos por la Corte\u00a0<\/em>Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n se vincularon con el car\u00e1cter imprescindible de la disposici\u00f3n (y no la mera conveniencia), con la condici\u00f3n coyuntural o transitoria de la\u00a0<\/em>medida y con la razonabilidad de los remedios intentados (CS \u201cCooperativa de Trabajo\u00a0<\/em>Fast\u201d, \u201cGuida\u201d, \u201cConsumidores Argentinos\u201d).<\/em>
\nTal como lo he sostenido en ocasi\u00f3n de analizar la constitucionalidad de normas\u00a0<\/em><\/strong>anteriores (entre otras, los DNU 699\/2019 y 761\/2020, en los que me pronunci\u00e9 por su\u00a0<\/em><\/strong>invalidez), una objeci\u00f3n determinante estar\u00eda dada por la circunstancia de que el\u00a0<\/em><\/strong>Congreso se encontrara funcionando. Y el Congreso, en este caso, se encuentra\u00a0<\/em><\/strong>funcionando.<\/strong>\u00a0Es m\u00e1s, no s\u00f3lo se encuentra funcionado, sino que ha sido el propio Poder\u00a0<\/em>Ejecutivo quien incorpor\u00f3 en la discusi\u00f3n de las sesiones extraordinarias la cuesti\u00f3n de\u00a0<\/em>la ratificaci\u00f3n del DNU 70\/2023 (ver el ya mencionado art\u00edculo 654 del Proyecto de Ley\u00a0<\/em>de \u201cBases\u2026\u201d). \u201c<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

-\u201cLa ley 26122 establece el modo en que deben ser convalidados los decretos de <\/em>necesidad y urgencia; es indiscutible que tal norma, de nivel inferior,\u00a0no podr\u00eda\u00a0<\/strong><\/em>flexibilizar los recaudos establecidos por el cuarto p\u00e1rrafo del apartado 3 del art\u00edculo 99\u00a0<\/em><\/strong>de la Constituci\u00f3n Nacional ni apartarse de su art\u00edculo 82.<\/strong>\u00a0Esta \u00faltima norma, que el\u00a0<\/em>propio DNU 70\/2023 invoca en sus considerandos, establece que \u201cla voluntad de cada C\u00e1mara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanci\u00f3n\u00a0<\/em>t\u00e1cita o ficta\u201d.<\/em>
\nEn este punto he de se\u00f1alar que disiento con alguna extendida l\u00ednea de\u00a0<\/strong><\/em>interpretaci\u00f3n que, a partir del ambiguo texto de la ley 26122, juzga v\u00e1lidos aquellos\u00a0<\/em><\/strong>decretos de necesidad en los que no existe rechazo expreso.<\/em><\/strong>
\nEl principio general es la restricci\u00f3n de facultades legislativas al Poder Ejecutivo\u00a0<\/em>(art. 99, ap. 3, segundo p\u00e1rrafo CN), principio que aparece reforzado con la exigencia de\u00a0<\/em>pronunciamiento expreso de las C\u00e1maras (arts. 99, ap. 3, cuarto p\u00e1rrafo CN y 22 primer\u00a0<\/em>p\u00e1rrafo de la ley 26122) y es rector en la interpretaci\u00f3n en la materia. \u201c<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

-\u201cLa t\u00e9cnica legislativa de la ley 26122 es mala<\/strong>\u00a0y no parece m\u00e1s que\u00a0orientada a\u00a0<\/strong><\/em>eludir o ampliar el estrecho margen constitucional antes que a respetarlo.<\/strong>\u00a0Su art\u00edculo 24\u00a0<\/em>incorpora adem\u00e1s una\u00a0redundancia envenenada<\/strong>.<\/em>
\nTal norma dispone que \u201cel rechazo por ambas C\u00e1maras del Congreso del decreto\u00a0<\/em>de que se trate implica su derogaci\u00f3n de acuerdo a lo que establece el art\u00edculo 2 del\u00a0<\/em>C\u00f3digo Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia\u201d.\u00a0Digo\u00a0<\/strong><\/em>redundante, porque no podr\u00eda ser otra la consecuencia del rechazo de ambas C\u00e1maras\u00a0<\/em><\/strong>(resultar\u00eda absurdo pensar que el rechazo de ambas C\u00e1maras conduce a la aprobaci\u00f3n).<\/em>
\nDigo envenenada, porque la \u00fanica regulaci\u00f3n (innecesaria) corresponde a la hip\u00f3tesis de\u00a0<\/em><\/strong>rechazo, al tiempo que se omite una regulaci\u00f3n an\u00e1loga para el supuesto de silencio\u00a0<\/em><\/strong>(ausente en el texto constitucional pero presente en la pr\u00e1ctica).\u00a0Este m\u00e9todo legislativo\u00a0<\/strong><\/em>incompleto induce a un razonamiento a contrario, falaz en este caso como en casi todos,\u00a0<\/em><\/strong>a partir del cual alguna l\u00ednea interpretativa afirma la vigencia en caso de silencio.<\/strong>\u00a0Frente\u00a0<\/em>a las ambig\u00fcedades y las omisiones significativas de la ley, se concluye falazmente as\u00ed que la norma debe ser interpretada en todos los casos no previstos (silencio o rechazo\u00a0<\/em>por una sola c\u00e1mara) de un modo distinto del expresamente incluido (es decir, el\u00a0<\/em>rechazo por ambas c\u00e1maras).\u201d<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

-\u201cEl silencio legislativo no est\u00e1 previsto como una hip\u00f3tesis legal;<\/strong>\u00a0s\u00f3lo lo est\u00e1n el\u00a0<\/em>rechazo (que implica la derogaci\u00f3n) y la aceptaci\u00f3n (que implica el mantenimiento de la\u00a0<\/em>vigencia).\u00a0El modo de resolver tal imprevisi\u00f3n legal no puede resultar en el\u00a0<\/strong><\/em>mantenimiento de la vigencia<\/strong>\u00a0del decreto de necesidad y urgencia, consecuencia que no\u00a0<\/em>est\u00e1 prevista en las normas e, incluso, las contradice. \u201c<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

-\u201cEste argumento legal es suficiente, por lo tanto, para concluir que del silencio de\u00a0<\/strong><\/em>una o ambas C\u00e1maras no puede resultar la supervivencia del decreto de necesidad y\u00a0<\/em><\/strong>urgencia.<\/strong>\u00a0Pero hay, adem\u00e1s,\u00a0un argumento pol\u00edtico para interpretar as\u00ed el sistema:<\/strong>\u00a0si as\u00ed\u00a0<\/em>fuese,\u00a0resultar\u00eda f\u00e1cil gobernar lisa y llanamente por decreto, como consecuencia de la\u00a0<\/strong><\/em>natural lentitud del Congreso Nacional y de la ausencia de control judicial de legalidad\u00a0<\/em><\/strong>mientras dure el silencio legislativo,<\/strong>\u00a0situaci\u00f3n que comprometer\u00eda la divisi\u00f3n de poderes\u00a0<\/em>y el sistema de frenos y contrapesos establecidos por nuestra Constituci\u00f3n.<\/em>
\nSolo a mayor abundamiento aclaro que\u00a0una interpretaci\u00f3n distinta del articulo 24\u00a0<\/strong><\/em>de la ley 26122 de la aqu\u00ed planteada implicar\u00eda que esta norma contradice de modo\u00a0<\/em><\/strong>abierto la regla constitucional y, en consecuencia, no corresponder\u00eda m\u00e1s que su\u00a0<\/em><\/strong>declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad.\u201d<\/em><\/strong>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

-\u201c\u2026 \u00bfcu\u00e1l es el plazo de que dispone el Poder Legislativo, para pronunciarse aceptando o rechazando el decreto? No existe una pauta temporal<\/strong>\u00a0para considerar que el Congreso ha omitido el tratamiento y que por lo tanto el DNU debe considerarse derogado o inv\u00e1lido.\u00a0Razonable parece, entonces, que la eventual vigencia no se extienda m\u00e1s all\u00e1 del tiempo promedio de tr\u00e1mite legislativo computado desde el momento en que ambas c\u00e1maras estaban habilitadas para su tratamiento y no m\u00e1s all\u00e1 de la finalizaci\u00f3n del per\u00edodo de sesiones, ordinarias o extraordinarias,<\/strong>\u00a0que transcurr\u00edan el momento en el que las C\u00e1maras debieron tomar intervenci\u00f3n. Esto es,\u00a0puede presumirse el desinter\u00e9s del Poder Legislativo<\/strong>\u00a0en pronunciarse si ha dejado vencer el respectivo per\u00edodo legislativo sin hacerlo.\u201d<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

Por lo anterior, como se expresaba ut supra, la magistrada resolvi\u00f3 declarar\u00a0\u201cla invalidez de los art\u00edculos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU 70\/2024 (rectius: 2023) en el marco de este juicio de amparo y de las circunstancias f\u00e1cticas vigentes, sin perjuicio de aclarar que gozar\u00e1 de validez formal\u00a0en el caso de ratificaci\u00f3n por ambas C\u00e1maras dentro del per\u00edodo de las sesiones extraordinarias en curso,<\/strong>\u00a0o su vigencia cesar\u00e1 de pleno derecho en caso contrario.\u201d<\/em>\u00a0(la negrita es nuestra)<\/p>\n

Como vemos, la aquo\u00a0desconoci\u00f3 legitimaci\u00f3n a la\u00a0amparista para cuestionar \u201ctodos los restantes art\u00edculos\u201d<\/em>, en tanto \u201ccorresponden al \u00e1mbito del derecho individual y por lo tanto a tr<\/em>abajadores, actuales o futuros\u201d.<\/em><\/p>\n

Al, respecto, la Alzada consider\u00f3 que \u201cel hecho de que estos \u00faltimos preceptos se refieran a cu<\/em>estiones comprendidas en el llamado derecho individual del trabajo no autoriza la distinci\u00f3n efectuada, en tanto\u00a0estamos en presencia de derechos de i<\/strong>ncidencia colectiva referentes a intereses individuales homog\u00e9neos<\/strong>, sujetos a una lesi\u00f3n futura causalmente previsible (la afectaci\u00f3n de los contratos de tr<\/strong>abajo de todos y cada uno de los trabajadores alcanzados por las derogaciones y modificaciones legislativas contempladas en los preceptos a<\/strong>tacados)<\/strong>, que reconoce una causa jur\u00eddica com\u00fan y homog\u00e9nea a todo el grupo (dada por las disposiciones lesivas a sus intereses del T\u00edtulo IV del D<\/em>NU 70).<\/em>\u201d (La negrita es nuestra)<\/p>\n

Los camaristas recordaron que, \u201c(e)l reconocimiento de legitimaci\u00f3n activa a los sindicatos para p<\/em><\/strong>romover este tipo de acciones no resulta novedoso.<\/strong>\u00a0En efecto, ya en la d\u00e9cada de 1990, las Salas I, IV, V, VII, VIII y X de esta C\u00e1mara, en causas promovidas por distintos sindicatos (la Asociaci\u00f3n de Personal de la Universidad de Buenos Aires, la Confederaci\u00f3n General del Trabajo, la Federaci\u00f3n de Trabajadores de la Industria de la Alimentaci\u00f3n, la Uni\u00f3n Obrera de la Construcci\u00f3n y la Uni\u00f3n Personal de Seguridad), en las que tambi\u00e9n se planteaba la inconstitucionalidad de un DNU , resaltaron \u2013en coincidencia con el parecer del Procurador General del Trabajo- la trascendencia de la reforma constitucional de 1994 respecto de la acci\u00f3n de amparo, particularmente en cuanto ampli\u00f3 la legitimaci\u00f3n activa en este tipo de procesos y, respecto de los derechos de incidencia colectiva, legitim\u00f3 a las asociaciones que propendan a su defensa. En consecuencia, sostuvieron que \u201cel tema de la legitimaci\u00f3n activa en el amparo es pasible de una nueva lectura, desprovista de vallas r\u00edgidas y lo expresado, unido a la amplitud de contenido que denota el art. 31 inc. a) de la ley 23.551, torna inobjetable la potestad de la entidad sindical para interponer la acci\u00f3n\u2026\u201d (cfr. Guisado,\u00a0H\u00e9ctor C., \u201cAlgunas consideraciones sobre el control de constitucionalidad en\u00a0el amparo\u201d, ED, t. 172 [1997], p. 852 y ss, y jurisprudencia all\u00ed citada).\u201d\u00a0<\/em>(La negrita es nuestra)<\/p>\n

En cuanto al fondo de la cuesti\u00f3n, los integrantes de la sala consideraron que \u201ccabe descartar de plano los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisi\u00f3n de su titular de imponer un derecho excepcional a la Naci\u00f3n en circunstancias que no lo son.<\/em>
\nEl texto de la Constituci\u00f3n Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanci\u00f3n de una ley o la imposici\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto<\/strong>\u00a0(cfr. CSJN, causas \u201cVerrocchi\u201d, \u201cZofracor\u201d y \u201cAsociaci\u00f3n Argentina de Compa\u00f1\u00edas de Seguros\u201d antes mencionadas; \u00edd., 1\/9\/2003, \u201cCooperativa de Trabajo Fast Limitada c\/ Estado Nacional \u2013 Poder Ejecutivo de la Naci\u00f3n \u2013 dto. 1002\/99 s\/amparo ley 16.986\u201d, Fallos: 326:3180; \u00edd., 22\/6\/2023, \u201cMorales, Blanca Azucena c\/ ANSES s\/ impugnaci\u00f3n de acto administrativo\u201d).\u201d<\/em>\u00a0(La negrita es nuestra)<\/p>\n

Por otra parte, \u201cno se registraba impedimento para la reuni\u00f3n de las c\u00e1maras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con<\/em>\u00a0anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70\/2023, el \u00f3rgano lelgislativo se encontraba convocado,<\/strong>\u00a0en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU.\u201d\u00a0<\/em>(La negrita es nuestra)<\/p>\n

Adem\u00e1s, \u201clos propios considerandos<\/strong>\u00a0de dicho DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral-\u00a0<\/i>que no se evidencia objetivamente la \u201cnecesidad\u201d de adoptar tan numerosas medidas<\/strong>, y que, aunque ello pudiera -hipot\u00e9ticamente- justificarse en las referencias gen\u00e9ricas a \u201cun hecho demostrado\u201d, lo cierto y jur\u00eddicamente relevante es que\u00a0<\/i>no se<\/strong>\u00a0avizora que las que se alegan constituyan razones de \u201curgencia\u201d para eludir la <\/em><\/strong>debida intervenci\u00f3n del Poder Legislativo en lo que hace a la legislaci\u00f3n de fondo,<\/strong>\u00a0\u2026\u201d<\/em>\u00a0(La negrita es nuestra)<\/p>\n

As\u00ed las cosas, el Tribunal resolvi\u00f3 hacer lugar \u00aba la acci\u00f3n de amparo iniciada por la CONFEDERACI\u00d3N GENERAL DEL TRABAJO DE LA REP\u00daBLICA ARGENTINA contra el ESTADO NACIONAL …\u00bb<\/em> y, en consecuencia, \u00abdeclarar la invalidez constitucional del T\u00edtulo IV (art\u00edculos 53 a 97) del DNU 70\/2024,<\/em> (rectius 2023) por ser contrario al art. 99, inc. 3\u00ba, de la Constituci\u00f3n Nacional.\u00bb<\/em><\/p>\n

Citar: www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/\u00a0 \u2013 GP31012024DLABAR<\/strong><\/p>\n

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Las opiniones, informaciones y complementos son de exclusiva propiedad y responsabilidad del autor<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El 24 de enero, la Dra. Liliana Rodr\u00edguez Fern\u00e1ndez, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo con competencia en Feria, … <\/p>\n

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