{"id":9167,"date":"2024-09-18T09:23:02","date_gmt":"2024-09-18T12:23:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/?p=9167"},"modified":"2024-09-18T09:23:40","modified_gmt":"2024-09-18T12:23:40","slug":"la-operatividad-de-la-caducidad-de-instancia-en-las-acciones-colectivas-de-consumo-dr-juan-martin-arecha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/la-operatividad-de-la-caducidad-de-instancia-en-las-acciones-colectivas-de-consumo-dr-juan-martin-arecha\/","title":{"rendered":"La operatividad de la caducidad de instancia en las acciones colectivas de consumo \u2013 Dr. Juan Mart\u00edn Arecha"},"content":{"rendered":"\n
\n
EBOOKS SOBRE DERECHO DEL CONSUMIDOR<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n

El Dr. Juan Mart\u00edn Arecha es abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Secretario titular a cargo de la Secretar\u00eda N\u00b0 59 del Juzgado Nacional en lo Comercial N\u00b0 30. Master en Derecho Empresario Econ\u00f3mico en la Universidad Cat\u00f3lica Argentina. Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor en \u201cEscuela de Capacitaci\u00f3n Judicial de la Asociaci\u00f3n de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional\u201d para el Fuero Comercial, Nivel Medio. Disertante en la Asociaci\u00f3n de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en las jornadas sobre \u201cLa protecci\u00f3n del consumidor en el proceso civil y comercial\u201d (Abril de 2023) y sobre \u201cLas acciones de incidencia colectiva en las relaciones de consumo\u201d (Septiembre de 2023). Autor de otros art\u00edculos de doctrina.<\/em><\/p>\n

    \n
  1. La caducidad de instancia en el r\u00e9gimen general<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Con la presentaci\u00f3n de la demanda se inicia el proceso judicial y nace la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal.<\/p>\n

    El proceso judicial est\u00e1 destinado a averiguar la verdad de los hechos invocados por los sujetos involucrados y a concluir mediante el dictado de una sentencia en la que el juez decide sobre el fondo de la cuesti\u00f3n sometida a su consideraci\u00f3n.<\/p>\n

    Sin embargo, puede suceder que el proceso concluya de manera prematura mediante alguno de los modos anormales de terminaci\u00f3n del proceso. El CPCCN en el T\u00edtulo V del Libro Primero de la Parte General regula el desistimiento, la transacci\u00f3n, la conciliaci\u00f3n y la caducidad de la instancia (arts. 304 a 318 del referido cuerpo legal).<\/p>\n

    En el caso del desistimiento, de la transacci\u00f3n y\/o de la conciliaci\u00f3n, el proceso concluye sin sentencia judicial pero el conflicto se resuelve en raz\u00f3n de actos positivos de las propias partes involucradas. En cambio, en el caso de la caducidad de la instancia -que es el modo de terminaci\u00f3n que aqu\u00ed interesa examinar- el proceso se termina frente a la inacci\u00f3n del promotor de la acci\u00f3n y sin que se resuelva el conflicto ya que se mantiene tal y como se encontraba hasta esa oportunidad. Sin embargo una vez decretada la caducidad, las partes se encontrar\u00e1n habilitadas a iniciar una nueva instancia con id\u00e9ntica pretensi\u00f3n.<\/p>\n

    La caducidad de instancia es una instituci\u00f3n procesal por la cual, cuando no impulsa la prosecuci\u00f3n del proceso dentro de los plazos establecidos por la ley, el mismo se extingue. Ello se debe a que el inter\u00e9s p\u00fablico exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

    Para determinar la configuraci\u00f3n de la caducidad de la instancia basta con corroborar que durante el plazo que establezca la ley seg\u00fan el tipo de proceso de que se trate (art. 310 CPCCN), no se haya concretado ning\u00fan acto con virtualidad suficiente para impulsar la acci\u00f3n. Adem\u00e1s no debe verificarse ninguno de los supuestos de excepci\u00f3n previstos en el art\u00edculo 313 del CPCCN que impiden decretar la caducidad de la instancia.<\/p>\n

    Cabe se\u00f1alar que el an\u00e1lisis de la configuraci\u00f3n de la caducidad debe responder a las particularidades de cada caso y, por ser un modo anormal de terminaci\u00f3n del proceso y de interpretaci\u00f3n restrictiva, su aplicaci\u00f3n debe adecuarse a ese car\u00e1cter sin llevar de forma ritual el criterio que la preside m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito que le es propio[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

    De todo ello se deriva que -tal como lo sostiene Lino E. Palacio[3]<\/sup><\/a>– que para que se produzca la caducidad de la instancia se debe verificar los siguientes presupuestos; i) existencia de una instancia; ii) inactividad procesal absoluta o actividad judicatura inid\u00f3nea; iii) transcurso de los plazos legales de inactividad; y iv) pronunciamiento judicial que declare operada la extinci\u00f3n del proceso como consecuencia de las circunstancias anteriores.<\/p>\n

      \n
    1. Las particularidades que presenta la cuesti\u00f3n de la caducidad en el marco de las acciones colectivas de consumo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Precisado lo anterior, advierto que la Ley 24.240 -en adelante: LDC- en el Cap\u00edtulo XIII regula las acciones que pueden promoverse cuando los intereses de los consumidores o usuarios resulten afectados o amenazados.<\/p>\n

      Entre esas acciones, la LDC prev\u00e9 a las acciones de incidencia colectiva -que son las que en este breve trabajo interesan- y contiene en el art\u00edculo 52 de la LDC una previsi\u00f3n espec\u00edfica vinculada con la perenci\u00f3n de la instancia en esas acciones colectivas. Concretamente la norma establece que \u201cEn caso de desistimiento o abandono de la acci\u00f3n de las referidas asociaciones legitimadas la titularidad activa ser\u00e1 asumida por el Ministerio P\u00fablico Fisca<\/em>l\u201d.<\/p>\n

      Ante todo corresponde se\u00f1alar que cuando se plantea un supuesto de los previstos en el aludido art. 52 LDC en el marco de una acci\u00f3n colectiva de consumo, necesariamente el alcance de esa norma tiene que ser examinado en el contexto particular que estas acciones presentan.<\/p>\n

      Particularmente debe ponderarse que las acciones colectivas son juicios \u00fanicos que se promueven en defensa de un grupo de sujetos que en la relaci\u00f3n jur\u00eddica en la que se gener\u00f3 la controversia, tiene una posici\u00f3n de inferioridad o subordinaci\u00f3n respecto del proveedor.<\/p>\n

      Adem\u00e1s, no puede soslayarse, por un lado, que de conformidad con lo establecido en el p\u00e1rrafo 2\u00b0 del art\u00edculo 54 de la LDC los efectos de ese juicio colectivo se proyectar\u00e1n en principio sobre todo el grupo afectado y, por otro, que en estos procesos colectivos el representante que promueve la acci\u00f3n en defensa de los consumidores o usuarios afectados no es elegido por los integrantes del grupo sino que se auto nomina como tal para representar al universo de consumidores afectados.<\/p>\n

      En ese marco particular, cobra especial relevancia el hecho de que en las acciones colectivas de consumo se encuentre comprometido un inter\u00e9s p\u00fablico de car\u00e1cter general o colectivo (art. 65 LDC); lo que exige una an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n con mayor prudencia y con un criterio aun m\u00e1s restrictivo al que ya tiene de por s\u00ed la aplicaci\u00f3n del instituto de la caducidad en el r\u00e9gimen general[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

        \n
      1. La figura del abandono en el marco de la acci\u00f3n colectiva de consumo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        De la lectura del transcripto art\u00edculo 52 de la LDC se desprende que la norma refiere expresamente al \u201cabandono<\/em>\u201d como uno de los modos anormales de terminaci\u00f3n de las acciones colectivas de consumo.<\/p>\n

        Ante todo es importante se\u00f1alar que el hecho de la norma haga expresa alusi\u00f3n a un supuesto de modo anormal de terminaci\u00f3n del proceso no previsto por el r\u00e9gimen general, evidencia a las claras que para las acciones colectivas de consumo no se admite la caducidad de la instancia como si se tratara de una cuesti\u00f3n privada.<\/p>\n

        En efecto, en el marco de las acciones colectivas de consumo si bien debe existir una instancia abierta, el referido requisito de la inactividad procesal o actividad judicatura inid\u00f3nea es de alguna manera suplantado por la figura del \u201cabandono<\/em>\u201d.<\/p>\n

        Si bien la LDC y el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n no conceptualizan el abandono, en el marco de la cuesti\u00f3n examinada a mi entender debe ser interpretado como una renuncia -expresa o t\u00e1cita- de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n a la continuaci\u00f3n de la misma que debe reunir la condici\u00f3n de inacci\u00f3n definitiva.<\/p>\n

        Al respecto, advierto que as\u00ed parece haberlo interpretado la jurisprudencia en un caso en el que decidi\u00f3 admitir el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso una asociaci\u00f3n civil contra un decreto de caducidad, por considerar, principalmente, que la actitud asumida por la apelante -en alusi\u00f3n al acto de apelar esa decisi\u00f3n- revelaba que manten\u00eda inter\u00e9s en la continuaci\u00f3n del proceso bajo su representaci\u00f3n colectiva[5]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

        En funci\u00f3n de lo hasta aqu\u00ed examinado, cabe aqu\u00ed preguntarse: \u00bfCu\u00e1l es entonces el rol que tienen los plazos a los que alude el art. 310 del CPCCN al momento de examinar un planteo de caducidad en el marco de una acci\u00f3n colectiva de consumo?.<\/p>\n

        En el contexto se\u00f1alado, a mi entender como necesariamente hay que dar traslado de la pretensi\u00f3n de caducidad a la parte a quien se le atribuya el abandono de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 315 del CPCCN, lo determinante no ser\u00e1 el plazo de inacci\u00f3n sino la actitud que asuma la actora frente al planteo de caducidad o terminaci\u00f3n de la instancia. Ello as\u00ed ya que es con ese traslado efectivamente cumplido para garantizar el derecho de defensa en juicio protegido por la CN (art. 18), que el juez se encontrar\u00e1 en condiciones de conocer a ciencia cierta si quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n colectiva mantiene o no su inter\u00e9s en la prosecuci\u00f3n de la misma.<\/p>\n

        Al respecto, considero que la sola manifestaci\u00f3n de voluntad del promotor de la acci\u00f3n de continuarla, bastar\u00eda para desestimar la pretensi\u00f3n de terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n en la medida que con ello evidenciar\u00e1 su intenci\u00f3n de no abandonarla. En cambio, su silencio importar\u00eda el incumplimiento de una carga procesal que lleva impl\u00edcito el castigo de perder la oportunidad de demostrar su inter\u00e9s por proseguir con la acci\u00f3n bajo su impulso y control. En definitiva, ello habilitar\u00e1 tener por configurado el supuesto de abandono al que alude el art. 52 LDC de manera definitiva.<\/p>\n

          \n
        1. La intervenci\u00f3n de Ministerio P\u00fablico Fiscal<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          De conformidad con lo establecido por el referido art\u00edculo 52 de la LDC; aunque se verifique la configuraci\u00f3n del supuesto del abandono definitivo de la acci\u00f3n, igualmente no puede operar sin m\u00e1s la caducidad o terminaci\u00f3n de la instancia en el marco de una acci\u00f3n colectiva de consumo.<\/p>\n

          Por el contrario, frente a ese desinter\u00e9s en la continuaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n acci\u00f3n por parte de quien la promovi\u00f3, cobra relevancia la intervenci\u00f3n que el juez debe ofrecerle al Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n

          Se trata de una intervenci\u00f3n auxiliar en la que el Ministerio P\u00fablico que ven\u00eda actuando como fiscal de la ley, asume la representaci\u00f3n del colectivo involucrado. Esta especie de legitimaci\u00f3n \u201csuplente\u201d reafirma el car\u00e1cter de orden p\u00fablico de la LDC que -insisto- no admite una forma de terminaci\u00f3n del proceso como si se tratara de una cuesti\u00f3n privada[6]<\/sup><\/a>. Adem\u00e1s, esa legitimaci\u00f3n suplente parece responder a cuestiones pr\u00e1cticas\u00a0 ya que sin dejar de reconocer la idoneidad del Ministerio P\u00fablico, lo cierto es que la promotora de la acci\u00f3n por lo general estar\u00e1 en mejores condiciones de continuar aquello que inici\u00f3 ya que implic\u00f3 un estudio de la controversia y la recolecci\u00f3n de pruebas[7]<\/sup><\/a>-entre otras diligencias-.<\/p>\n

          Luego de ello y solo en caso de que el Ministerio P\u00fablico Fiscal decida no asumir la titularidad activa de la causa en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 52 de la LDC, es que las actuaciones se encontrar\u00e1n en condiciones de que el juez pueda dictar el pronunciamiento que declare operada la extinci\u00f3n del proceso por abandono.<\/p>\n

            \n
          1. Conclusi\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            El art\u00edculo 52 de la LDC establece el abandono como modo anormal de terminaci\u00f3n de las acciones colectivas de consumo.\u00a0<\/p>\n

            Si bien la figura del abandono no se encuentra conceptualizada en la legislaci\u00f3n local, cabe considerar que para que se configure en el \u00e1mbito de la acciones colectivas de consumo, es necesario que de manera indubitada medie un efectivo y definitivo desinter\u00e9s de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n en continuar con la misma. Ese an\u00e1lisis debe efectuarse con suma prudencia a fin de no afectar el inter\u00e9s p\u00fablico y general comprometido en las acciones colectivas de consumo.<\/p>\n

            Se destaca que aunque se corrobore ese abandono traducido en un desinter\u00e9s definitivo en la continuaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n, igualmente no se podr\u00e1 dictar el pronunciamiento que declare concluida la acci\u00f3n colectiva de consumo sin antes haberle ofrecido al Ministerio P\u00fablico Fiscal intervenci\u00f3n para asumir la representaci\u00f3n de los consumidores o usuarios involucrados.<\/p>\n

            Por \u00faltimo, se\u00f1alo que lo examinado no importa considerar inaplicable el instituto de la caducidad en el marco de las acciones colectivos sino darle un adecuado encuadre conforme las particularidades que la naturaleza de esta acci\u00f3n presenta y sin soslayar el inter\u00e9s p\u00fablico comprometido.<\/p>\n

            >>><<<<\/p>\n

            [1]<\/sup><\/a> Hugo Alsina, Derecho Procesal<\/em>, T. IV, p\u00e1g. 423 y stes.<\/p>\n

            [2]<\/sup><\/a> Conf. CSJN, 23\/11\/207, \u201cGranja Tres Arroyos S.A. c\/ Mendoza, Provincia de s\/ acci\u00f3n declarativa de inconstitucionalidad\u201d y Fallos: 335:1709 y sus citas, entre muchos otros<\/p>\n

            [3]<\/sup><\/a> Derecho Procesal Civil<\/em>, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1984, T. I, p\u00e1g. 218.<\/p>\n

            [4]<\/sup><\/a> Gabriel Stiglitz y Carlos Hern\u00e1ndez, Tratado de Derecho del consumidor<\/em>, Ed. La ley, T. IV, p\u00e1g. 409).<\/p>\n

            [5]<\/sup><\/a> CNCom, sala F, 15\/07\/2022, \u201cConsumidores Financieros Asociaci\u00f3n Civil p\/s Defensa c\/ Opci\u00f3n SA a\/ ordinario\u201d.<\/p>\n

            [6]<\/sup><\/a> CCiv y Com Salta, sala IV, 19\/07\/2017, \u201cAsociaci\u00f3n libre e Iguales c\/ Banco Santander Rio SA s\/ sumar\u00edsimo\u201d.<\/p>\n

            [7]<\/sup><\/a> Luis A Romiti, La caducidad de instancia en las acciones colectivas de consumo<\/em>, Derecho comercial y de las obligaciones: Revista de doctrina, jurisprudencia, legislaci\u00f3n y pr\u00e1ctica<\/a>, N\u00ba. 288, 2018<\/a>, p\u00e1gs. 113-118.<\/p>\n

            Citar: www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/\u00a0 \u2013 GP18092024DCOMAR<\/strong><\/p>\n

            Copyright 2024 \u2013 Grupo Professional \u2013 Capacitaciones Jur\u00eddicas \u2013 Av. C\u00f3rdoba 1522 \u2013 3er Piso- Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires \u2013 Argentina.\u00a0<\/p>\n

            Las opiniones, informaciones y complementos son de exclusiva propiedad y responsabilidad del autor<\/em><\/p>\n\n\n

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