David Antonio Ferreras es Especialista en Derecho Penal UBA, Secretario de la C\u00e1mara de Apelaci\u00f3n y Garant\u00edas en lo Penal del Departamento Judicial Mor\u00f3n.<\/p>\n
Cuando hablamos del juzgamiento por jurados, no quedan dudas de que nos referimos al ejercicio de un derecho constitucional que emana de los arts. 24 y 118 de la CN. No obsta dicha consideraci\u00f3n, la circunstancia de que dicho sistema haya sido instaurado efectivamente en la Provincia solo recientemente, con la sanci\u00f3n de la ley 14.543 del a\u00f1o 2013.<\/p>\n
Al respecto, son interesantes las consideraciones plasmadas por la CSJN en su precedente \u201cCanales\u201d[1]<\/a>, donde el voto del Ministro Rosatti remarca la doble titularidad de ese derecho, en tanto potestad individual del sometido a proceso, pero principalmente tambi\u00e9n como derecho colectivo del pueblo a juzgar, garantizando su participaci\u00f3n en la funci\u00f3n judicial.<\/p>\n Ya a partir de esa perspectiva, nace la inquietud acerca del acierto de nuestra legislaci\u00f3n procesal en la materia, que hace prevalecer sobre el derecho del conjunto al del individuo, permiti\u00e9ndole voluntariamente renunciar al juzgamiento por jurados. La elecci\u00f3n del legislador provincial en tal sentido, podr\u00eda tener anclaje primero en razones de pol\u00edtica criminal y capacidad de la estructura judicial para administrar procesos, y luego en una cuesti\u00f3n de tradici\u00f3n jur\u00eddica vern\u00e1cula[2]<\/a>.<\/p>\n Pero m\u00e1s all\u00e1 de ese asunto, verdaderos contratiempos y opiniones en contrario ha conllevado la llamativa preferencia del codificador por atar a la opci\u00f3n de uno de los enjuiciados, escogiendo un juzgamiento por Tribunal colegiado, la de sus coimputados que deseen someterse a la voluntad del Tribunal de jurados. Siendo \u00e9ste \u00faltimo el \u00f3rgano naturalmente llamado a conocer en definitiva en los supuestos enumerados por el primer p\u00e1rrafo del art. 22 bis, lo legislado conlleva que la elecci\u00f3n por el camino accesorio de cualquiera de ellos arrastra hacia all\u00ed al resto, cuando lo esperable ser\u00eda la l\u00f3gica inversa.<\/p>\n Claro es que reglado e instaurado el juzgamiento por jurados, ese mandato constitucional cobr\u00f3 inmediata virtualidad. De all\u00ed el hecho de que la elecci\u00f3n efectuada por un imputado por la v\u00eda del art. 22 del CPPBA cuente con la capacidad, no ya para determinar su propio destino, sino incluso el de otros sometidos a proceso que as\u00ed no lo han manifestado, impresione desacertada.<\/p>\n En esa senda es que el 22 de junio de 2017, la Sala Cuarta del Tribunal de Casaci\u00f3n Penal Provincial[3]<\/a> se pronunci\u00f3 en su precedente \u201cD\u00edaz Villalba\u201d por la inconstitucionalidad de la norma en cuesti\u00f3n, ordenando que la renuncia efectuada opere solo para quien la hab\u00eda realizado de modo expreso.<\/p>\n El an\u00e1lisis de los Magistrados votantes consider\u00f3 que as\u00ed correspond\u00eda declararlo, con base primero sobre la afectaci\u00f3n verificada al principio del juez natural consagrado por los arts. 18 de la CN y 8 inc. 1 de la CADH, cuyo contenido impone que el Tribunal debe ser creado por una ley dictada con anterioridad al hecho que origin\u00f3 la causa, la cual determine la competencia (en raz\u00f3n del territorio, materia, etc.) para entender y juzgar determinada categor\u00eda de delitos o personas.<\/p>\n Sumado a ello, se hizo referencia tambi\u00e9n al car\u00e1cter constitucional del juzgamiento por jurados, remarcando que si bien todo mandato de la Carta Magna Federal se encuentra sujeto a las leyes que regulen en concreto su ejercicio, hay una garant\u00eda que ha sido reglada expresamente en su texto, la del juez natural en el caso de los juicios criminales, un jurado popular<\/strong> con los alcances que decida darle el legislador local.<\/p>\n Plasman los judicantes para culminar ciertas aclaraciones en torno al tenor de la decisi\u00f3n, entre las que aparece interesante la referencia efectuada en relaci\u00f3n al contenido del art. 340 del CPPBA, admitiendo una separaci\u00f3n de juicios como la determinada en el decisorio. Se acompa\u00f1a ello con dos salvedades tendientes a dar respuesta a los cuestionamientos que la soluci\u00f3n implementada puede suscitar. Una exponiendo que la relaci\u00f3n de cada enjuiciado con el hecho que se le atribuye es \u00fanica, y que trat\u00e1ndose de objetos procesales diferentes, pueden llegar a coexistir situaciones diversas respecto de la posici\u00f3n de los imputados frente al acontecer delictivo. Otra, admitiendo que la resoluci\u00f3n no es la m\u00e1s adecuada a la hora de preservar la econom\u00eda procesal, pero consider\u00e1ndola igualmente la m\u00e1s respetuosa respecto de los intereses en juego.<\/p>\n Alg\u00fan tiempo despu\u00e9s, tuvo lugar el fallo \u201cHurtado\u201d de la Sala Primera de la Casaci\u00f3n Provincial, emitido el 13 de marzo de 2023[4]<\/a>, y en donde tambi\u00e9n se consider\u00f3 inconstitucional la norma en trato.<\/p>\n El Dr. Carral en su voto, estim\u00f3 que el apartado legal contenido por el art. 22 bis in fine<\/em> del CPPBA vulnera la garant\u00eda constitucional del juez natural, e impide cumplir con la manda impuesta por nuestra Ley Fundamental, en cuanto prev\u00e9 el derecho de la ciudadan\u00eda a intervenir en procesos criminales, m\u00e1xime si el imputado as\u00ed lo ha requerido. Consider\u00f3 as\u00ed una excepci\u00f3n lo establecido por la Provincia en orden a la facultad del imputado de declinar ser juzgado por el juez natural y aceptar en su remplazo profesionales t\u00e9cnicos; que en tales condiciones mal podr\u00eda hacerse extensiva a quien no lo ha solicitado expresamente.<\/p>\n Por su parte, adhiri\u00f3 el Dr. Maidana a la soluci\u00f3n propuesta, aunque por argumentos diversos; explicando primero que el procedimiento de juicio por jurados opera en nuestro sistema constitucional de tres modos: como garant\u00eda para el justiciable, como derecho y obligaci\u00f3n del pueblo a participar en la administraci\u00f3n de justicia, y como forma obligatoria de organizaci\u00f3n y gobierno del Poder Judicial federal y de las provincias. Sentado ello, explic\u00f3 entonces que la reglamentaci\u00f3n de la garant\u00eda hecha en la \u00faltima parte del art. 22 bis<\/em> del CPPBA la altera desnaturaliz\u00e1ndola, pues impone al imputado la obligaci\u00f3n de renunciar al juicio por jurados en caso de que uno de los coimputados as\u00ed lo requiera, en circunstancia que significa la p\u00e9rdida de un derecho constitucionalmente reconocido para el individuo, cuando no ha dispuesto espec\u00edficamente del mismo.<\/p>\n El \u00faltimo de los precedentes a los que har\u00e9 referencia es el emitido el 14 de julio de 2023 por la Sala Quinta del Tribunal de Casaci\u00f3n en su fallo \u201cVelazque\u201d[5]<\/a>, donde si bien el Dr. Kohan mantiene su criterio por la inconstitucionalidad sentado en \u201cD\u00edaz Villalba\u201d, la novedad est\u00e1 dada por el voto de la mayor\u00eda, compuesta por los Dres. Mancini y Budi\u00f1o.<\/p>\n A diferencia de las interpretaciones que hasta el momento se hab\u00edan realizado respecto del contenido del \u00faltimo p\u00e1rrafo del art. 22 bis, consideraron los resolventes que all\u00ed no se establece la renuncia de uno de los imputados a su juzgamiento por jurados como determinante de la situaci\u00f3n de sus coencausados, sino que aquella posee efectos solo para s\u00ed mismo y eso es lo que el apartado legal explica. Se emprende as\u00ed una nueva interpretaci\u00f3n literal del texto, que busca conjugarse con lo plasmado previamente por el art. 22 del CPPBA, y el contenido del mensaje de elevaci\u00f3n de la ley 14.543 a la Honorable Legislatura \u2013donde se caracteriza al juicio por jurados como una garant\u00eda individual del imputado-. Con ello, se devuelven los autos a la instancia para la realizaci\u00f3n de sendos debates, conforme la opci\u00f3n de cada quien.<\/p>\n Referido ya con lo dicho el panorama jurisprudencial al que har\u00e9 referencia, considero que sobre la inconstitucionalidad de la renuncia que obliga a todos los coimputados \u2013la hayan o no efectuado- a someterse al juzgamiento de un Tribunal colegiado no hay mayores dudas. Trat\u00e1ndose del ejercicio de una garant\u00eda emanada de nuestra ley fundamental \u2013en tanto una potestad del imputado, sobre la que concurre tambi\u00e9n el derecho de la sociedad a tomar parte en el juzgamiento de los casos criminales (arts. 24 y 118 de la CN)-, es inconcebible que sin que su titular la desista voluntariamente mediante acto de disposici\u00f3n expreso, se lo prive de ella[6]<\/a> \u2013y a la comunidad de participar en la administraci\u00f3n de justicia-.<\/p>\n Lo razonable ser\u00eda por supuesto que el litisconsorcio funcione en sentido inverso, obligando la opci\u00f3n al conjunto pero a someterse a la voluntad del jurado popular; siendo solo la renuncia voluntaria de todos los sometidos a proceso determinante de un veredicto emitido por jueces profesionales[7]<\/a>.<\/p>\n Respecto a lo resuelto por la mayor\u00eda en \u201cVelazque\u201d, me impresiona como un esfuerzo por no llegar a una declaraci\u00f3n que la propia Corte Federal califica desde anta\u00f1o como un acto de suma gravedad institucional y \u201cultima ratio\u201d<\/em> del orden jur\u00eddico[8]<\/a>. Lo cierto es que respecto a la posibilidad de la renuncia y sus particularidades, la norma ya las hab\u00eda enunciado previo a esa aclaraci\u00f3n final, explicitando en consecuencia la conformaci\u00f3n del Tribunal en la forma fijada por el art. 22 del CPPBA. La novedad que introduce el p\u00e1rrafo \u00faltimo del 22 bis es la menci\u00f3n al supuesto de una pluralidad de imputados, y all\u00ed todo indica que se alude a la renuncia de uno, como supuesto ante el cual el Tribunal se conformar\u00e1 con una integraci\u00f3n colegiada en los t\u00e9rminos del art. 22 ya mencionado.<\/p>\n La interpretaci\u00f3n efectuada por la Casaci\u00f3n, pierde de vista en mi opini\u00f3n que la separaci\u00f3n de juicios no es la regla dentro de la regulaci\u00f3n procesal, sino una hip\u00f3tesis particular prevista en el art. 340 del CPPBA, y que al no ser espec\u00edficamente mencionada por el legislador para el caso tampoco cabr\u00eda presumirla. Adem\u00e1s, esa interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica que se intenta realizar, tambi\u00e9n puede derivar en la conclusi\u00f3n de que as\u00ed como el art. 22 privilegia la unidad del debate ante casos de coimputados, siguiendo as\u00ed el criterio general l\u00f3gico, el 22 bis no tendr\u00eda por qu\u00e9 adoptar un camino diverso sin mencionarlo expresamente.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de ello, lo cierto es en definitiva que con el panorama actual y ante distintas opciones de los coimputados, se ha consagrado por la jurisprudencia esa separaci\u00f3n de los juicios, lo cual trae aparejado toda una serie de dificultades que deben ser valoradas. Entre ellas, la posibilidad de vulnerar derechos de las v\u00edctimas, en caso de que se las haga comparecer a m\u00faltiples citaciones; o la de que se suscite un esc\u00e1ndalo jur\u00eddico ante sentencias que concluyan en sentidos dif\u00edciles de armonizar, ponderando asimismo que ambos debates se regir\u00e1n por reglas procesales diversas, y contar\u00e1n con instancias recursivas tambi\u00e9n distintas en su alcance[9]<\/a>. Lo dicho, sumado al dispendio de recursos \u2013ciertamente escasos- que ello implica, al duplicar lo que podr\u00eda concentrarse, afectando la celeridad y econom\u00eda de los procesos.<\/p>\n [1]<\/a> Csa. \u201cCanales, Mariano Eduardo y otro s\/Hom. ag.\u201d; Fallos 342:697, del dos de mayo de 2019<\/p>\n [2]<\/a> Herbel, Gustavo y Schiavo, Nicol\u00e1s; C\u00f3digo Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires An\u00e1lisis Doctrinal y Jurisprudencial, Hammurabi, 2024, p\u00e1gs. 210\/1<\/p>\n [3]<\/a> causa N\u00ba 83.026<\/strong> de este Tribunal, caratulada: \u201cD\u00edaz Villalba, Blanca Alicia s\/ Recurso de Casaci\u00f3n\u201d<\/strong><\/p>\n [4]<\/a> causa N\u00b0 118342 caratulada \u201cHurtado, Mat\u00edas Ariel s\/ recurso de casaci\u00f3n (rpj)\u201d y su acumulada N\u00b0118347 caratulada \u00abM. U., M., F. R. Y P. C. G. s\/ recurso de casaci\u00f3n (rpj)\u00bb<\/p>\n [5]<\/a> causa N\u00ba 118790, caratulada: \u201cVelazque o Vel\u00e1zquez, Am\u00e9rico s\/ recurso de casaci\u00f3n\u201d<\/p>\n [6]<\/a> Harfuch, Andr\u00e9s; El Juicio por Jurados en la Provincia de Buenos Aires, Ad Hoc, 2013, p\u00e1g. 137<\/p>\n [7]<\/a> Herbel, Gustavo y Schiavo, Nicol\u00e1s; ob. cit., p\u00e1gs. 212\/3<\/p>\n [8]<\/a> Fallos 226:688, 242:73, 260:153, 285:369, 288:325, 300:241, 301:1062, 314:424 y 324:920, entre otros<\/p>\n