{"id":9546,"date":"2026-01-30T08:05:36","date_gmt":"2026-01-30T11:05:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/?p=9546"},"modified":"2026-01-30T08:05:39","modified_gmt":"2026-01-30T11:05:39","slug":"el-patrocinio-letrado-en-las-relaciones-familiares-y-la-incumbencia-profesional-dr-nestor-e-solari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/el-patrocinio-letrado-en-las-relaciones-familiares-y-la-incumbencia-profesional-dr-nestor-e-solari\/","title":{"rendered":"El patrocinio letrado en las relaciones familiares y la incumbencia profesional &#8211; Dr. N\u00e9stor E. Solari"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/edicionesdyd.com.ar\/revista-de-derecho-procesal-de-familia-nestor-solari\/\" target=\"_blank\" rel=\" noreferrer noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"650\" height=\"246\" src=\"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/rsol.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9350\" srcset=\"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/rsol.png 650w, https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/rsol-300x114.png 300w, https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/rsol-640x242.png 640w\" sizes=\"(max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n<p><em><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-9197 lazyload\" data-src=\"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/nestor-solari-300x189.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"189\" data-srcset=\"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/nestor-solari-300x189.jpg 300w, https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/nestor-solari.jpg 400w\" data-sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 300px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 300\/189;\" \/>N\u00e9stor E. Solari es Doctor en Derecho (UBA). Profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho (UBA).<br \/>Director del Programa de Actualizaci\u00f3n en Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho (UBA). Docente de Posgrado en diversas universidades.<br \/>Autor de varios libros y m\u00e1s de trescientos art\u00edculos de doctrina en temas de su especialidad. Designado Personalidad Destacada de la Ciencias Jur\u00eddicas, por la Legislatura de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires (CABA), ley N\u00ba 4359, del 15 de noviembre de 2012. Director de la\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/edicionesdyd.com.ar\/revista-de-derecho-procesal-de-familia-nestor-solari\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Revista de Derecho Procesal de Familia de Ediciones DyD<\/a><\/strong><\/em><!--more--><\/p>\n<p><strong>I. INTRODUCCI\u00d3N. <\/strong><\/p>\n<p>Existe una tendencia, que se viene dando en los \u00faltimos a\u00f1os, en las relaciones familiares, en punto a no exigir el patrocinio letrado en determinadas circunstancias, para dirimir o resolver un conflicto familiar.<\/p>\n<p>Esta l\u00ednea ideol\u00f3gica no es nueva, sino que se pregona desde hace bastante tiempo, en la comunidad jur\u00eddica. Las m\u00e1s de las veces, ha pasado desapercibida para los distintos operadores jur\u00eddicos y se han convalidado pr\u00e1cticas legales que impiden que la persona, tenga debida informaci\u00f3n y asesoramiento para acceder al ejercicio leg\u00edtimo de un derecho, o en su caso, que tenga \u201cacceso a la justicia\u201d, para encauzar una pretensi\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n<p>Esta situaci\u00f3n exige reflexionar al respecto, poniendo de resalto que la asistencia letrada constituye un elemento central para garantizar a una persona el ejercicio efectivo de sus derechos. En particular, lograr el cumplimiento de dos principios procesales constitucionales b\u00e1sicos: el derecho al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.<\/p>\n<p>\u00a0En relaci\u00f3n a ello, haremos un breve repaso de nuestro derecho positivo, as\u00ed como de algunas tendencias legislativas que, seg\u00fan los casos, no exigen o pretenden suprimir el patrocinio letrado en las relaciones familiares.<\/p>\n<p><strong>II. IMPORTANCIA DE GARANTIZAR EL PATROCINIO LETRADO. <\/strong><\/p>\n<p>Desde el comienzo, es importante se\u00f1alar que la asistencia jur\u00eddica constituye una garant\u00eda de toda persona para que pueda proteger sus intereses. Para ello, resulta imprescindible el conocimiento e informaci\u00f3n acerca de sus derechos.<\/p>\n<p>De conformidad a lo dicho, parecer\u00eda ocioso destacar que el n\u00facleo central de la cuesti\u00f3n radica en proveer y brindar asesoramiento a la persona para que pueda poner en marcha una determinada pretensi\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n<p>En tal contexto, el derecho positivo debe encontrar los mecanismos adecuados para otorgarle dicha garant\u00eda, y que tenga los instrumentos necesarios para que, en definitiva, una persona no pierda la posibilidad de ejercer un derecho por desconocimiento o desinformaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00a0En esta senda, la funci\u00f3n del patrocinio letrado resulta imprescindible en un sistema democr\u00e1tico y justo. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, en tanto valores constitucionales y procesales configuran la base del sistema actual. Ante la ausencia de la asistencia jur\u00eddica, se promover\u00eda una mayor vulnerabilidad social e individual.<\/p>\n<p><strong>III. EL PATROCINIO LETRADO EN EL C\u00d3DIGO CIVIL Y COMERCIAL. <\/strong><\/p>\n<p>El C\u00f3digo Civil y Comercial del 2015 contiene varias previsiones que se encuentran vinculadas con la asistencia jur\u00eddica en los conflictos familiares y que, por razones de pol\u00edtica legislativa, han omitido el patrocinio letrado. Veremos a continuaci\u00f3n varias situaciones que se silencia el debido asesoramiento jur\u00eddico.<\/p>\n<p><em>1. Elecci\u00f3n y cambio de r\u00e9gimen patrimonial en el matrimonio. <\/em>Cuando dos personas pretenden casarse o, estando casadas, quieren elegir el r\u00e9gimen patrimonial alternativo de separaci\u00f3n de bienes, en lugar del r\u00e9gimen de comunidad de bienes, nos encontramos con un sistema legal que <em>no requieren patrocinio letrado.<\/em> En tales circunstancias, si los c\u00f3nyuges pretenden elegir antes de casarse -en convenci\u00f3n matrimonial- o, estando casados, quieren cambiar de r\u00e9gimen patrimonial, formalmente se exige una escritura p\u00fablica para su materializaci\u00f3n. En ninguno de ellos -elecci\u00f3n o cambio-, es necesario el patrocinio letrado.<\/p>\n<p>Mayor desprotecci\u00f3n acerca de la informaci\u00f3n sobre los alcances y efectos de cada uno de los reg\u00edmenes -comunidad o separaci\u00f3n de bienes-no podr\u00eda imaginarse, pues al no requerirse la asistencia jur\u00eddica, no se garantiza las particularidades que presenta cada uno de ellos, de conformidad con la situaci\u00f3n concreta de los miembros de la pareja. Incluso en el cambio de r\u00e9gimen durante el matrimonio, para pasar de uno a otro, al no requerirse la liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen que se extingue, los c\u00f3nyuges no saben los alcances del mismo, esto es, la diferencia entre liquidar o no el r\u00e9gimen anterior. Es decir, las consecuencias de hacerlo o dejarlo para el futuro. La complejidad y consecuencias derivadas de la extinci\u00f3n del r\u00e9gimen patrimonial conlleva la necesidad de que las partes tengan informaci\u00f3n acerca del mismo.<\/p>\n<p>A la circunstancia de la falta de informaci\u00f3n y conocimiento sobre los derechos derivados del mismo, debe sumarse la falta de perspectiva de g\u00e9nero en el c\u00f3digo de fondo, dado que en virtud de los roles familiares -estructurados sobre el modelo patriarcal-, es esperable que, por efecto de la desigualdad real, el marido tenga la informaci\u00f3n y el conocimiento del mismo, cuando ejerce, en la pr\u00e1ctica, la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes.<\/p>\n<p>Siempre hemos sostenido que una elemental garant\u00eda de los c\u00f3nyuges, fundamentalmente para lograr una igualdad real en tal elecci\u00f3n, debiera requerirse a cada uno de sus miembros un patrocinio letrado. No se me ocurre otra posibilidad para garantizar la mentada libertad e igualdad real de las partes. Solamente con el previo conocimiento del mismo, ser\u00eda aplicable la elecci\u00f3n del r\u00e9gimen.<\/p>\n<p><em>2. Pactos de convivencia. <\/em>Sabido es que los convivientes tienen la posibilidad de registrar la Uni\u00f3n Convivencial en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, en cuyo caso las partes podr\u00edan acompa\u00f1ar un <em>pacto de convivencia<\/em>.<\/p>\n<p>\u00a0Dicho pacto de convivencia no requiere patrocinio letrado, pues solamente es exigible que el mismo sea por escrito. Parece evidente que, si los convivientes van a reglar sus relaciones patrimoniales y personales en un pacto, se exija asesoramiento e informaci\u00f3n para su realizaci\u00f3n, en virtud de las consecuencias que el mismo tiene una vez producido el cese de la convivencia. Sin embargo, se ha privilegiado dejar a las partes librada a la suerte de su conocimiento sobre tales cuestiones.<\/p>\n<p>\u00a0No debe olvidarse que los pactos de convivencia tienen un objeto amplio, dado que rige la autonom\u00eda de la voluntad como principio general, pudi\u00e9ndose pactar muchas y variadas cuestiones relacionadas con el v\u00ednculo que los une. Una elemental l\u00f3gica nos lleva a que, en el estado actual de los derechos en juego, dichos acuerdos debieran ser celebrados con el debido asesoramiento jur\u00eddico para garantizar a sus miembros un r\u00e9gimen acorde a sus intereses.<\/p>\n<p>\u00a0Tambi\u00e9n aqu\u00ed venimos sosteniendo, desde la doctrina, la necesidad de reformas legislativas para implementar una verdadera protecci\u00f3n de sus miembros en los referidos acuerdos, exigi\u00e9ndose asistencia jur\u00eddica a cada uno de ellos. La libertad de elecci\u00f3n solamente estar\u00eda efectivizada, si las partes fueron informadas acerca de los alcances y efectos de dichos pactos.<\/p>\n<p>3. <em>Cese de la Uni\u00f3n Convivencial. <\/em>Aqu\u00ed se da una particular situaci\u00f3n, si hacemos una semejanza con el matrimonio. En la actualidad se destaca que no podr\u00eda disolverse el matrimonio mediante un procedimiento administrativo; sin embargo, existe en el derecho vigente la extinci\u00f3n de la uni\u00f3n convivencial mediante un procedimiento administrativo, dado que no se requiere acceder a la v\u00eda judicial para extinguir el v\u00ednculo. La pregunta ser\u00eda: porque un modelo de familia -uni\u00f3n convivencial- no requiere la v\u00eda judicial y porqu\u00e9 el otro modelo familiar -matrimonio- si requiere la v\u00eda judicial, cuando en ambos modelos familiares est\u00e1n involucrados cuestiones referidas a los hijos, a la atribuci\u00f3n de la vivienda, a una eventual compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, entre otros aspectos. Tanto una como otra uni\u00f3n merecen la debida protecci\u00f3n legal. Y \u00bfcu\u00e1l debiera ser esa protecci\u00f3n legal? El patrocinio letrado.<\/p>\n<p>Por lo tanto, no resulta atinado establecer un cese de la uni\u00f3n convivencial, dado los efectos que ello conlleva, sin el patrocinio letrado. Esta circunstancia, el cese de la uni\u00f3n por v\u00eda administrativa y sin patrocinio letrado ha sido incorporado por el c\u00f3digo civil y comercial. Es decir, las integrantes de la pareja asisten al Registro civil y extinguen la referida uni\u00f3n convivencial. Por v\u00eda administrativa y sin patrocinio letrado.<\/p>\n<p>\u00a0El resultado pr\u00e1ctico de esta falta de asistencia jur\u00eddica para extinguir la uni\u00f3n, despu\u00e9s de diez a\u00f1os de vigencia del c\u00f3digo de fondo, nos hace ver que en muchas ocasiones la conviviente cuando pretende reclamar una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, derivada de la ruptura, ya tiene vencido el plazo de caducidad -seis meses- establecido por la ley. Ello significa que cuando extingui\u00f3 la uni\u00f3n convivencial por v\u00eda administrativa y <em>sin patrocinio letrado<\/em> (que es lo esencial) no ha sido informada acerca del exiguo plazo de seis meses para iniciar el pretendido juicio de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. Es interesante resaltar la numerosa cantidad de convivientes que han perdido el derecho a reclamar una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica porque han planteado tard\u00edamente el referido juicio. Lo cual evidencia la necesidad de un patrocinio letrado, en tales circunstancias.<\/p>\n<p><em>4. Perito partidor en el proceso sucesorio. <\/em>La figura del perito partidor, en el derecho argentino, ha tenido un desarrollo jurisprudencial que no ha logrado, todav\u00eda, que el legislador del derecho de fondo, lo incorpore expresamente. Todo ello, en punto a la exigencia de que el cargo deba ser ejercido por un abogado.<\/p>\n<p>En efecto, el criterio jurisprudencial mayoritario, desde la sanci\u00f3n del c\u00f3digo civil velezano, ha sido que el legislador exija como condici\u00f3n que el cargo de perito partidor en el juicio sucesorio sea ejercido por un <em>abogado<\/em>. No obstante, si bien algunos c\u00f3digos procesales civiles y comerciales en el \u00e1mbito local han incorporado su exigencia, lo cierto es que otras leyes provinciales no lo exigen. Todo lo cual lleva a que, ante la sustanciaci\u00f3n del juicio sucesorio, no est\u00e1 garantizado que el perito partidor sea abogado en un expediente sucesorio. Otra vez el art. 2373 del c\u00f3digo civil y comercial del 2015 deja librado a los c\u00f3digos procesales provinciales la decisi\u00f3n.<\/p>\n<p>La comunidad jur\u00eddica, desde la pr\u00e1ctica judicial, viene exigiendo al legislador del derecho de fondo que incorpore la exigencia del t\u00edtulo de abogado para ser perito partidor en el proceso sucesorio, dada las directivas procesales y de fondo que exige la ley en el desarrollo de su cargo. Este reclamo, todav\u00eda, no ha sido efectivizado por parte del legislador.<\/p>\n<p><em>5. Defensa t\u00e9cnica de la ni\u00f1ez. <\/em>Un caso muy significativo, en la estructura del c\u00f3digo de fondo, se advierte en el tema de la defensa t\u00e9cnica de la ni\u00f1ez. Siguiendo los lineamientos de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o -instrumento internacional con jerarqu\u00eda constitucional-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opini\u00f3n Consultiva 17\/2002, acerca de la \u201cCondici\u00f3n Jur\u00eddica y Derechos Humanos del Ni\u00f1o\u201d, se ha pronunciado al respecto, la establecer que los ni\u00f1os tienen derechos a ser asistidos por un abogado, en cualquier procedimiento seguido contra ellos. El desarrollo de procesos o procedimientos administrativos sin esa garant\u00eda constituye una violaci\u00f3n a los derechos consagrados en los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana.<\/p>\n<p>En tal entendimiento, la ley 26.061 de \u201cProtecci\u00f3n Integral de los Derechos de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes\u201d, del a\u00f1o 2005, en su art. 27 garantiza el patrocinio a todos los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, incorporando al derecho interno como garant\u00eda m\u00ednima en todo procedimiento la asistencia jur\u00eddica para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n<p>Sin embargo, el C\u00f3digo Civil y Comercial, en el a\u00f1o 2015, restringe tal acceso a dicha asistencia t\u00e9cnica, exigiendo que tengan madurez y edad suficiente y que, adem\u00e1s, tengan conflictos con sus representantes legales. Con tal previsi\u00f3n, se mantiene la tendencia de \u201cquitar\u201d el patrocinio letrado, como garant\u00eda m\u00ednima de todo procedimiento, a ciertos ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. De esta manera, no todos los menores de edad tienen como garant\u00eda m\u00ednima del procedimiento la defensa t\u00e9cnica.<\/p>\n<p>La redacci\u00f3n del art. 26 del c\u00f3digo de fondo consagra una regresividad de derechos, en atenci\u00f3n a normas convencionales y especiales de la ni\u00f1ez, especialmente con la previsi\u00f3n establecida en el art. 27 de la ley 26.061, acorde con el instrumento internacional, que no hace distinciones de ninguna naturaleza para que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes accedan al patrocinio letrado.<\/p>\n<p><em>6. Patrocinio \u00fanico en el divorcio y convenio regulador. <\/em>Otro aspecto, no menos importante, es cuando el legislador contempla la participaci\u00f3n del patrocinio letrado en el juicio de divorcio, pero no requiere que tengan patrocinios separados.<\/p>\n<p>Este debate viene desde el a\u00f1o 1968, con la sanci\u00f3n de la ley 17.711, cuando se incorpora el divorcio por mutuo consentimiento en el derecho argentino. Desde entonces, la jurisprudencia, los colegios de abogados y la doctrina ha destacado la necesidad de que los c\u00f3nyuges tengan patrocinios separado. El c\u00f3digo civil y comercial no se ha pronunciado al respecto, manteniendo abierta la discusi\u00f3n en el \u00e1mbito jurisprudencial, dado que una corriente jurisprudencial exige patrocinio separado, mientras que otra posici\u00f3n entiende que basta con un solo profesional. La pregunta que surge es: siendo obligatoria la propuesta reguladora o convenio regulador en el proceso de divorcio, c\u00f3mo podr\u00edamos imaginar garantizar la informaci\u00f3n y protecci\u00f3n de sus derechos, cuando los c\u00f3nyuges tienen un solo abogado o abogada en dicho proceso judicial.<\/p>\n<p><em>7. El Proyectado divorcio administrativo. <\/em>En el escenario antes descripto, y siguiendo la tendencia de quitar patrocinio letrado en los conflictos familiares, se replica este criterio en el proyectado \u201cdivorcio administrativo\u201d.<\/p>\n<p>El m\u00e1s exteriorizado en la opini\u00f3n p\u00fablica y en la comunidad jur\u00eddica, ha sido indudablemente el llamado <em>divorcio administrativo<\/em>.<\/p>\n<p>En el \u00faltimo a\u00f1o han existido intentos del poder ejecutivo mediante los DNU y luego un proyecto de ley del ejecutivo, de introducir en el derecho argentino, el denominado <em>divorcio administrativo<\/em>. La cuesti\u00f3n no es novedosa, si tenemos en cuenta que ya en el a\u00f1o 2007 se registran proyectos en la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n para incluir dicho divorcio administrativo, en vigencia del del derogado C\u00f3digo Civil.<\/p>\n<p>La instituci\u00f3n ha provocado debates doctrinarios, tanto a favor como en contra del mismo. Lo cierto y concreto es que en el proyecto del poder ejecutivo se pretende incluir el divorcio administrativo <em>sin patrocinio letrado<\/em>. De esta manera, podr\u00eda recurrirse al Registro Civil y Capacidad de las Personas correspondiente y extinguir el v\u00ednculo matrimonial sin que los c\u00f3nyuges requieran patrocinio letrado.<\/p>\n<p>De esta manera, lo esencial no es el divorcio administrativo, sino que su tramitaci\u00f3n sea <em>sin asistencia jur\u00eddica<\/em>. Aqu\u00ed debe centrarse el eje del debate.<\/p>\n<p>La ausencia de asistencia jur\u00eddica para su tramitaci\u00f3n, resulta claramente desafortunada, porque con la extinci\u00f3n del matrimonio -divorcio- se producen y desencadenan una serie de efectos jur\u00eddicos, tanto respecto de las partes como en relaci\u00f3n a terceros.<\/p>\n<p>En efecto, el divorcio modifica el estado de familia de los c\u00f3nyuges y conlleva consecuencias en el v\u00ednculo derivado del mismo, tanto en relaci\u00f3n a los bienes, a los hijos, a la vivienda, a los alimentos y a una eventual compensaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>\u00a0Desde esta perspectiva, surge la pregunta de si los c\u00f3nyuges al poner fin al v\u00ednculo matrimonial tienen conocimiento o no acerca de las consecuencias del mismo. Entiendo que lo l\u00f3gico y normal es que las partes desconozcan los efectos jur\u00eddicos en general y en particular.<\/p>\n<p>En este entendimiento, recurrir a disolver el v\u00ednculo matrimonial sin la asistencia jur\u00eddica, significar\u00eda dejar a las partes \u201cdesinformadas\u201d acerca de sus derechos. Luego, si no tiene el conocimiento e informaci\u00f3n, mediante el debido asesoramiento del acto jur\u00eddico del divorcio que pretende acceder, mal podr\u00eda ejercer sus derechos, derivados del mismo.<\/p>\n<p>A todo ello, se suma la circunstancia de que, si estamos en presencia de situaciones de vulnerabilidad de uno de sus miembros, podr\u00eda materializarse la p\u00e9rdida del ejercicio de un derecho derivado del matrimonio, como consecuencia de no haber tenido el correspondiente asesoramiento jur\u00eddico de los alcances del divorcio.<\/p>\n<p>De ah\u00ed que la m\u00e1xima jur\u00eddica \u201cel derecho se presume conocido por todos\u201d, aplicado a estas situaciones f\u00e1cticas de las relaciones familiares, ciertamente encubre la vigencia de un sistema ideol\u00f3gico que justifica aplicar ciertas normas a una persona que ignora la existencia de las mismas. En ese contexto, lo que debe hacer el Estado, es garantizarle la informaci\u00f3n y asesoramiento jur\u00eddico, dada su situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n<p>En la especie, al modificarse el estado de familia y pasar de c\u00f3nyuges a la condici\u00f3n de divorciados, conlleva la imprescindible asistencia jur\u00eddica, a los fines de saber cu\u00e1les son los efectos del mismo, en el caso particular.<\/p>\n<p><strong>IV. NUESTRA POSTURA. <\/strong><\/p>\n<p>Para el ejercicio de un derecho resulta necesario garantizar la asistencia jur\u00eddica, a los fines de que el sujeto tenga debida informaci\u00f3n y conocimiento acerca de sus derechos.<\/p>\n<p>\u00a0En particular, trat\u00e1ndose de personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad es imprescindible la asistencia jur\u00eddica, lo cual significa garantizarle el patrocinio letrado. Si no tiene asistencia jur\u00eddica, lejos est\u00e1 de realizar un acuerdo, efectuar un reclamo o llevar al proceso una pretensi\u00f3n jur\u00eddica. De nada servir\u00eda el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, si la persona no tiene asesoramiento e informaci\u00f3n acerca de sus derechos.<\/p>\n<p>La ideolog\u00eda imperante es, por cierto, la contraria, aleg\u00e1ndose que dada su condici\u00f3n de vulnerabilidad debe tener \u201cr\u00e1pido\u201d acceso a la justicia, sin costos, evit\u00e1ndose formalidades innecesarias. En esta l\u00f3gica, el patrocinio letrado no ser\u00eda imprescindible o necesario.<\/p>\n<p>Bien por el contrario, el <em>acceso a la justicia<\/em> significa poder encauzar la pretensi\u00f3n jur\u00eddica del hecho, dise\u00f1ando las acciones y recursos pertinentes.<\/p>\n<p>Por todo lo dicho, el eje estructural del debate radica en garantizar el patrocinio letrado a cada uno de las partes, de modo que puedan informarse acerca de las acciones y planteos derivados del mismo -alimentos; atribuci\u00f3n de la vivienda familiar; compensaci\u00f3n econ\u00f3mica; r\u00e9gimen de cuidado personal; r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n con los hijos, etc.-<\/p>\n<p>Informado cada uno de ellos acerca de sus derechos, con patrocinio separado, ya no existir\u00e1n problemas acerca del procedimiento instaurado, dado que las partes estar\u00e1n asesoradas y ejercer\u00e1n sus acciones, de conformidad con la ley.<\/p>\n<p>En este breve recorrido, puede advertirse que el debate sigue transitando por la permanente y sistem\u00e1tica quita de asesoramiento jur\u00eddico en las relaciones jur\u00eddicos familiares.<\/p>\n<p>Llama la atenci\u00f3n, que en el campo del derecho a la salud se haya avanzado mucho sobre el <em>consentimiento informado<\/em>, exigi\u00e9ndose cada vez mayor precisi\u00f3n sobre la informaci\u00f3n al paciente sobre el tratamiento a realizarse, mientras que, en el \u00e1mbito familiar se tiende a consagrar una sostenida tendencia -imperceptible, claro- sobre un <em>consentimiento desinformado<\/em>.\u00a0<\/p>\n<p>Desde la perspectiva del ciudadano, lo central y fundamental es que toda persona pueda informarse y asesorarse acerca de las consecuencias del mismo, para ejercer sus derechos derivados de tales actos y hechos jur\u00eddicos.<\/p>\n<p>\u00a0Desde otro costado, las incumbencias profesionales quedar\u00edan inalteradas, porque se garantizar\u00eda la intervenci\u00f3n del patrocinio letrado a cada una de las partes intervinientes en dichos actos.<\/p>\n<p>Sugiero poner el acento del debate en la necesidad de otorgar el patrocinio letrado a todas las personas, para la correspondiente informaci\u00f3n de sus derechos, lo que exige garantizar el debido asesoramiento jur\u00eddico. De esta manera, evitaremos seguir por el camino de la p\u00e9rdida sistem\u00e1tica de las incumbencias y la desprotecci\u00f3n de la persona para dirimir un conflicto familiar.<\/p>\n<p>No se puede reclamar un derecho, sin la debida informaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento de una asistencia jur\u00eddica. Ninguna otra instituci\u00f3n, profesional o familiar puede sustituir o reemplazar la figura del patrocinio letrado. Todo ejercicio de un derecho, naturalmente, requiere tener conocimiento de los alcances y consecuencias legales, que involucra un caso determinado.<\/p>\n<p>La mayor rapidez y menor costo de cualquier sistema que pretenda sustituir el patrocinio letrado, no tiene equivalencia con la p\u00e9rdida de un derecho, cuando no se ejerce ya fuere por desconocimiento, por ignorancia, o porque ya ha caducado.<\/p>\n<p>Desde el \u00e1mbito acad\u00e9mico, hace tiempo, venimos advirtiendo sobre esta tendencia, que lenta pero firmemente se asoma y se consolida en el sistema legislativo y que requiere que la comunidad jur\u00eddica, mediante la colegiaci\u00f3n, canalicen propuestas para revertir esta ideolog\u00eda, para finalmente \u201crecuperar\u201d las debidas incumbencias profesionales y garantizar al ciudadano la correspondiente informaci\u00f3n para el ejercicio de sus derechos.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\">&gt;&gt;&lt;&lt;&lt;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Citar: www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/\u00a0 \u2013 GP30012026DCIVCOMAR<\/strong><\/p>\n<p><strong>Copyright 2026 \u2013 Grupo Professional \u2013 Capacitaciones Jur\u00eddicas \u2013 Av. Corrientes 1386 \u2013 Piso 14- Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires \u2013 Argentina.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>Las opiniones, informaciones y complementos son de exclusiva propiedad y responsabilidad del autor<\/em><\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/edicionesdyd.com.ar\/revista-de-derecho-procesal-de-familia-nestor-solari\/\" target=\"_blank\" rel=\" noreferrer noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"650\" height=\"246\" src=\"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/rsol.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9350\" srcset=\"https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/rsol.png 650w, https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/rsol-300x114.png 300w, https:\/\/www.grupoprofessional.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/rsol-640x242.png 640w\" sizes=\"(max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00e9stor E. 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